La subasta no se justifica por el coste de la generación renovable
La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) ha decidido manifestar su oposición a las subastas renovables, dada la fórmula de organización y liquidación de las mismas. Por un lado, cree que el impacto del proyecto de RD es de gran magnitud para comercializadores y consumidores, lo que producirá incrementos muy significativos de precio cuando los precios de la subasta sean superiores a los precios del pool con respecto a los contratos habituales de suministro, generando conflictos, reclamaciones y litigiosidad. Además, afirma que incluir una liquidación por diferencias del precio horario frente a un precio fijo a diez años, dará lugar a grandes importes económicos que deben cargarse a los consumidores sobre el precio de su contrato, causando gran distorsión.
Partiendo de estas premisas, desde ACIE alertan de algunos puntos de la propuesta del Miteco. Por un lado, dice que la subasta no se justifica por razones de coste de la generación renovable -ahora mismo es la más barata- y que, además, el reparto del coste incentiva el arbitraje frente al desvío. ACIE también aboga por eliminar la posibilidad de que la generación adjudicataria pueda renunciar al régimen retributivo, ya que esto ocurrirá solo cuando los generadores obtengan una retribución superior en el mercado libre, contraviniendo el objetivo de presionar los precios de energía a la baja a largo plazo, e introduciendo incertidumbres en los comercializadores respecto de sus previsiones de evolución de la curva de precio en función de una potencia adjudicada en subasta, que puede oscilar año a año respecto de la adjudicada de inicio. Esta fórmula de liquidación empeoraría la posición de los consumidores intensivos en energía.
Asimismo, considerando el impacto negativo que la liquidación considerada en este proyecto causaría en el precio base del mercado libre para el consumidor final, ACIE propone varias alternativas, entre ellas que el coste de este esquema de subastas sea asumido por los Presupuestos Generales del Estado y que la liquidación de estos productores renovables adjudicatarios de las subastas sea considerada en el importe de los cargos del sistema eléctrico.