El precio de reserva y el de riesgo no deben ser confidenciales
AEE considera poco transparente que un promotor de renovables que quiera participar en la subasta pueda ser expulsado por haber ofertado un precio mayor al precio de reserva o menor al precio de riesgo sin conocer antes estos precios
Con el objetivo de evitar la inseguridad jurídica, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) cree conveniente que el proyecto de RD defina de una forma más concreta los criterios a tener en cuenta a la hora de convocar las subastas. En este sentido, por ejemplo, cree que se debería establecer que en las subastas específicas de eólica marina, además del precio de adjudicación, deba otorgarse el permiso de acceso y la reserva de zona. La Propuesta debería también mencionar explícitamente la renovación de instalaciones existentes. AEE también aboga por que se concreten fechas concretas de convocatorias, la capacidad total a subastar y la capacidad a subastar por cada cupo.
AEE propone también que los requisitos de participación en las subastas, así como las garantías de las mismas, sean tales que eviten la especulación y maximicen la construcción de los proyectos otorgados, a la vez que solicita que se elimine la posibilidad de que el precio de reserva y el precio de riesgo sean confidenciales.
Para evitar distorsiones interesadas, AEE propone que la liquidación del Régimen Económico de Energías Renovables (REER) se establezca con referencia a la energía medida. Consecuentemente, también se solicita que se elimine la prohibición de ofertas agregadas de las instalaciones acogidas al REER. En el caso de los contratos bilaterales a largo plazo, la asociación propone que la energía renovable asociada a la realización de instrumentos a plazo, como los PPAs, existentes o futuros, esté exenta de las liquidaciones del REER.
Para participar en las subastas, la asociación cree conveniente que se cumplan los siguientes requisitos: capacidad técnica y económica, LSE, LCSP, que el proyecto tenga concedido al menos el permiso de acceso a la red, y que se establezcan unas garantías que desincentiven la participación de proyectos que puedan no tener visos de ser ejecutados en el plazo establecido. También deberían concretarse los tiempos de ejecución previstos para cada tecnología, la longitud de los plazos de extensión para cada tecnología, y la calidad crediticia para las entidades que otorguen avales.