A la espera de un Estatuto que funcione
En AEGE seguimos preocupados por la falta de respuesta del Gobierno a nuestra solicitud de medidas urgentes para reactivar la actividad y por la ausencia de información sobre temas concretos y muy acuciantes. La interrumpibilidad está desaparecida y no acaban de materializarse las ya previstas compensaciones máximas de CO2.
Confiamos en que la ausencia y el silencio sean señal de que se está revisando el texto del Estatuto Electrointensivo de acuerdo a las alegaciones presentadas por el sector. El Ejecutivo es consciente -y estamos seguros de que también sensible- a esas demandas, necesarias y urgentes para que la industria básica pueda sobrevivir en un momento crítico para la economía nacional, de la que estas grandes empresas son un tractor indispensable.
Agradecemos a la mayoría parlamentaria el apoyo mostrado en el Congreso de los Diputados hace un mes a la Proposición No de Ley (PNL) del Partido Regionalista de Cantabria, en la que se insta al Gobierno a revisar el proyecto de Estatuto de Consumidores Electrointensivos incluyendo las alegaciones del sector, con objeto de mejorar realmente la competitividad del suministro eléctrico de nuestras industrias.
En un hemiciclo muy raramente unido, 341 votos de 350 dieron su apoyo a la PNL, reconociendo la necesidad de dotar a la industria básica de un Estatuto que, de verdad, logre costes energéticos competitivos, es decir, un Estatuto que funcione. Solo desde esa base, la industria electrointensiva puede seguir realizando su papel de motor económico de actividad y empleo estable para nuestro país.
Con la pérdida del servicio de interrumpibilidad en este segundo semestre, la situación nos lleva a pensar que el Gobierno ha escuchado el mensaje de esta PNL y está mejorando el proyecto de Estatuto para que su impacto logre reducir en 2020 ese pertinaz diferencial de más de 20 euros/MWh. Pagamos por la electricidad más del doble de lo que pagan nuestros competidores alemanes. Confiamos en que el Gobierno de España muestre su sensibilidad a esta situación y adopte por fin las medidas urgentes que reclama la industria electrointensiva.
La situación -presente y futura- requiere un Estatuto eficaz que solucione el problema, no un maquillaje sin efectos reales para contentar a unos pocos y dejar que el diferencial continúe creciendo, con la consiguiente pérdida de competitividad frente a nuestros competidores europeos, que no solo siguen gozando de medidas que aquí se nos niegan y ellos han mantenido -perfectamente acopladas a la legislación comunitaria europea-, sino que las han ampliado en el marco de apoyo a la gran industria en esta etapa post-pandemia.
Seguimos esperando que el Ministerio responda a nuestra solicitud de convocar la subasta para el segundo semestre y nos dé una rápida respuesta a las demandas de información sobre la evolución futura de la gestión de la demanda, por ejemplo, como reserva estratégica en un nuevo marco normativo.
La incertidumbre reina en todos los temas que nos preocupan. Sin servicio de interrumpibilidad, la industria electrointensiva se verá obligada a revisar la planificación de la producción de las plantas y los acuerdos con los sindicatos para la organización de los trabajos en horas valle.
Además, el sistema eléctrico perderá la herramienta de último recurso del Operador del Sistema para garantizar el suministro. Sin este servicio, garante de la seguridad de suministro, se perderán a corto plazo 3.000MW de deslastre de consumo, que se desconectan de forma instantánea ante cualquier incidente grave del sistema para mantener el equilibrio demanda-producción, el equivalente a tres grupos nucleares.
La gestión de la demanda es clave para garantizar la integración de las renovables y lo será más a futuro. El sistema requiere un mecanismo donde la respuesta de la demanda aporte la flexibilidad necesaria, más cuando están cerrándose plantas térmicas algo que continuará ocurriendo según las previsiones del PNIEC.
Con el impacto del Covid-19 y sin interrumpibilidad, solo queda para reactivar a la industria básica a corto plazo la compensación del CO2 indirecto hasta el máximo autorizado por la CE.
La falta de armonización europea en esta materia lastra nuestra competitividad. Necesitamos que se apruebe un Estatuto con más medidas y mejor dotado económicamente, para que su impacto logre reducir un diferencial de más de 20 euros/MWh, tal y como el Congreso de los Diputados instó en su PNL, una regulación estable y competitiva para reindustrializar España.
La interrumpibilidad ha servido para garantizar el suministro eléctrico y reducir una parte de ese diferencial de precio. Hoy, España se enfrenta a una dura reactivación económica en la que es esencial impulsar la competitividad de la industria electrointensiva. El Gobierno debería seguir el ejemplo de otros países europeos e impulsar su industria básica porque de ella dependen miles de empleos estables y de calidad.
Más que nunca, necesitamos con urgencia un precio eléctrico competitivo, estable y predecible de forma que podamos mantener y abordar inversiones, actividad y empleo. Un Estatuto que funcione con seguridad jurídica y con una regulación competitiva es clave para una industria que es un motor de nuestra economía nacional.