Un Estatuto insuficiente para los más electrointensivos
El Estatuto de los Consumidores Electrointensivos -aprobado en Consejo de Ministros el 15 de diciembre- ha supuesto una gran decepción para las industrias con gran consumo eléctrico que comprueban que su terrible desventaja competitiva continuará sin solución a corto plazo. Para ser ecuánimes, hay un punto positivo: se reconoce la figura de los electrointensivos, y uno negativo, que no se da solución a los que más lo necesitan.
Tras dos años de demora y muchas idas y venidas, entra en vigor un Estatuto que reconoce la existencia de un grave problema para la industria electrointensiva en España, pero cuyas medidas resultan del todo insuficientes precisamente para los consumidores más intensivos.
El Gobierno, tras eliminar el servicio de interrumpibilidad, se deja en el tintero medidas como la exención parcial de peajes de transporte eléctrico y la compensación completa de los cargos de financiación de las renovables, incluida la que pagamos por impacto de la Ley 15/2012 (IVPEE, etc), que son fundamentales para la resolución del problema.
Como el propio Gobierno reconoce, en la MAIN (Memoria de análisis de impacto normativo) que acompañaba al proyecto de Real Decreto, se identifican medidas concretas, propuestas por las Comunidades Autónomas y por AEGE en la consulta pública, que este proyecto no llega a recoger. La MAIN indica que todas ellas o bien tienen carácter impositivo, por lo que requerirían modificación de la legislación tributaria, o bien se trata de otros sistemas como, por ejemplo, la modificación de peajes y cargos que, por ser sectoriales, quedan ahora descartadas, pero con posible desarrollo futuro al requerir un rango legal o un cambio de modelo.
Así, el Estatuto aprobado no llega a contemplar medidas claves que sí supondrían para la industria más electrointensiva una verdadera vía de solución a los problemas de desventaja competitiva que le supone el coste eléctrico en España, que en 2020 es más del doble que el de sus competidores directos, cuando éste alcanza hasta el 50% de los costes de producción totales.
Valoramos el reconocimiento del problema, pero dudamos de la efectividad y del impacto de sus limitadas medidas, y recordamos que la situación es límite en muchas industrias básicas que vieron desaparecer el servicio de interrumpibilidad el 30 de junio pasado, que en 2020 solo cuentan con una compensación del CO2 indirecto limitada a 61 millones de euros (75% menos de la ayuda máxima permitida por Bruselas) y, todo ello, soportando las consecuencias de la crisis Covid. En suma, una situación extraordinariamente complicada.
Por el contrario, nuestros principales competidores siguen disfrutando de las compensaciones por el CO2 indirecto en sus cuantías máximas, las exenciones parciales hasta el 80% de los costes del sistema eléctrico -peajes, pérdidas y servicios de ajuste-, exenciones totales del impuesto eléctrico y máximas compensaciones de los cargos para financiar las renovables. Además, en muchos países de nuestro entorno, el servicio de interrumpibilidad seguirá vigente en 2021. Incluso en Italia se van a celebrar subastas por tres años para el periodo 2021-2023.
Hubiera sido deseable que el Estatuto garantizara la compensación máxima que permite la Comisión Europea en relación con el CO2 indirecto y sería de agradecer que la compensación de los cargos de financiación de las renovables fuera completa, sin olvidar el pago indirecto que realizamos vía Ley 15/2012. Finalmente, a nuestro entender, hubiera tenido más lógica mantener el servicio de interrumpibilidad, como hacen nuestros competidores, hasta no tener aprobado el mecanismo de reserva estratégica. Todo esto se resume en que la industria electrointensiva española necesita un precio eléctrico competitivo, estable y predecible, similar al de países como Alemania y Francia, además de disponer de la lógica certidumbre y de la necesaria seguridad jurídica para seguir desarrollando su actividad en España y continuar invirtiendo en innovación y mejora de procesos, algo que supone una colaboración clave en el reto de la descarbonización industrial.
La comparativa de precios con la Unión Europea sigue mostrando en 2020 un diferencial de casi 25€/MWh con respecto a Francia y Alemania. Pagamos más del doble que estos países, lo que supone una importante pérdida de competitividad para nuestras industrias, más cuando tenemos muy cerca el reto que supone el desarrollo de renovables del PNIEC 2021-2030, donde más del 90% de los materiales para el desarrollo de los nuevos parques eólicos se pueden suministrar con materiales suministrados por nuestra industria.
Operamos en mercados globalizados en los que la energía eléctrica es el único factor diferenciador. Es cierto que los precios de los mercados eléctricos tienden a converger, pero en España los costes eléctricos y la escasez de ayudas, que sí disfrutan nuestros principales competidores, penalizan a nuestra industria básica electrointensiva.
Resulta urgente y necesario corregir y potenciar la adopción de medidas que diseñen un esquema de suministro eléctrico competitivo, al igual que en otros países y en línea con lo dispuesto por la Comisión Europea. A cambio, mantenemos una buena parte del PIB industrial suponiendo un pilar clave de nuestra economía. Nos consta el interés del Gobierno por mejorar la situación y esperamos que el Estatuto se complete en 2021 con las medidas propuesta por AEGE y que no han visto la luz en este primer paso.
Es preciso dar certidumbre y seguridad a empresas e inversores. Los electrointensivos apoyamos e impulsamos una descarbonización de la gran industria, estamos trabajando e invirtiendo desde hace años en eficiencia energética y queremos tener protagonismo en la transición ecológica desde el lado de la transición industrial. Por fin se nos ha reconocido oficialmente el problema del coste del suministro eléctrico, pero la solución no responde a ese reconocimiento.