FNSSE, ¿sablazo o justicia?
El pasado miércoles 16 de diciembre, se presentó el Anteproyecto de Ley por el que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que establece un mecanismo para compartir los costes de la transición energética entre todos los vectores energéticos. Este mecanismo, es consecuencia del cumplimiento de los objetivos ya asumidos por España (Ley 2/2011 de Economía Sostenible) como país miembro de la Unión Europea, por los que se determinó que , para 2020, el 20% de la demanda final de energía sería suministrada con fuentes de energía renovables, según se establecía en la Directiva 28/2009, y cuyos costes han sido soportados íntegramente por los consumidores eléctricos, a pesar de suponer menos de una cuarta parte de la demanda energética.
El compromiso adquirido mediante la transposición de la exigencia europea contenida en la Directiva 28/2009, a pesar de estar referido a toda la demanda final de energía, puso principalmente el acento en la generación de electricidad porque el desarrollo tecnológico y la disponibilidad de fuentes renovables como el viento, el sol y el agua, eran más idóneos para la producción de electricidad que para procesos térmicos directos.
Este hecho no debió ser la causa para que fuera asumido íntegramente por el consumidor eléctrico, más bien al contrario, ya que supuso una gran exigencia de transformación para la operación del sistema eléctrico, un esfuerzo económico provocado por la todavía no competitividad de estas tecnologías y por la no internalización de los costes medioambientales de las fuentes de energía fósiles utilizadas.
Así, la primera consecuencia que tuvieron los diferentes desarrollos legislativos, cuyo principal exponente fue la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, es que el coste de la transición energética, generado por el compromiso adquirido en la incorporación de las energías renovables, ha supuesto, desde 2010, que la tarifa eléctrica haya asumido más de 56.000 M€ hasta 2019.
Además, no hay que olvidar que las inversiones llevadas a cabo de 2007 a 2008 en fotovoltaica o de 2010 a 2012 en eólica y termosolar, no solo estuvieron amparadas por la legalidad, sino que fueron promovidas explícitamente por el Gobierno de España, bajo la publicidad de ser una necesidad por y para el país.
¿Qué ha supuesto que los costes de la transición estén asumidos exclusivamente por la electricidad?
En primer lugar, ha supuesto la alteración de la relación de intercambio entre unos vectores energéticos y otros, ya que la señal precio de la electricidad ha estado políticamente castigada en comparación a otras fuentes con las que compite o, dicho de forma más clara, se ha estado subvencionando la perpetuación de los combustibles fósiles a través de la electricidad.
Si se hubiera hecho un reparto en función del peso real de la electricidad y de la estructura de aportación de las renovables según la cobertura de la demanda, el 54% de los costes incluidos en la tarifa de estos 10 años debería haberse repercutido al consumo de combustibles fósiles, lo que supone que la tarifa eléctrica ha soportado 30.000 M€ de más en este período. (Propuesta de correspondencia que se realizó por la undación Renovables en julio de 2010).
En segundo lugar, nuestra política energética, basada en los combustibles fósiles, no solo no ha conseguido una reducción de emisiones en línea con la UE, sino que seguimos siendo una de las economías más dependientes del exterior en materia energética.
Está claro que el consumidor eléctrico, sobre todo en el sector residencial, ha asumido a lo largo de todos estos años costes que no le correspondían: los de la transición energética, los de la utilización de la tarifa eléctrica como instrumento para apoyar la política industrial, los de la resolución de los desequilibrios territoriales o los derivados de garantizar rentabilidades a inversores en infraestructuras, independientemente de la demanda que ha provocado que, hoy día, la tarifa de electricidad del segmento residencial sea una de las más caras de Europa y que los consumidores no paguen por lo que consumen, sino por mantener una política energética más centrada en considerar la energía como un negocio y no un bien de primera necesidad.
El FNSSE, a pesar de lo que digan las campañas en los medios promovidas por empresas con intereses en el petróleo, es un acto de justicia y un instrumento adecuado dentro de una política energética sostenible, aunque llegue diez años tarde, con un período de implantación de cinco años, asignándose un peso a la electricidad del 31,5%, cuando su peso en la demanda final es del 22% y el objetivo para el 2030 es del 27%, y se lleve a cabo sin contar con los 30.000 M€ de costes asumidos bajo la misma operativa que intenta corregir el Anteproyecto de Ley.
Es verdad que el FNSSE, como dice en su memoria económica, se origina por la aparición, de nuevo, del déficit de tarifa, motivado por tener en vigor una Ley del Sector Eléctrico inadecuada, que ha visto agravada su incapacidad por los efectos en el consumo eléctrico de la Covid 19, pero, al menos, es una medida de política energética encaminada a poner un punto de justicia en la fijación de la señal de precio de los distintos vectores energéticos.
Hemos perdido la oportunidad de incluir en los Presupuestos Generales del Estado de 2020 una política fiscal activa y más verde al desaparecer, en el primer envite de negociación, la propuesta de reducción de las bonificaciones al diésel, así como de recoger una referencia a la necesaria internalización de costes en la futura Ley de Cambio Climático, pero, al menos, con este FNSSE se empieza a hacer justicia frente al sablazo que se ha producido en los últimos diez años al traspasar costes del uso de combustibles fósiles a la electricidad.