La energía renovable en una economía de guerra: una oportunidad histórica para España

Hace unos días, muy pocos días, la situación de confinamiento que vivimos hoy era impensable. De la misma manera, dentro de no demasiado tiempo, habremos salido de la cuarentena y tendremos ante nosotros un vasto futuro para el que habrá que definir nuevas reglas. Y una nueva economía. Ya se está definiendo como economía de guerra y se señala la energía como uno de sus pilares fundamentales.

Veamos primero cómo está afectando el coronavirus al mercado de la energía y, especialmente, de las energías renovables.

El primer efecto del confinamiento ha sido una bajada drástica de la demanda de electricidad, que ha supuesto una bajada de precios inmediata, ayudada por un también bajo precio del petróleo fruto de tensiones geopolíticas que trascienden las actuales circunstancias. Ambas cosas están estresando el mercado inversor sobre todo en los proyectos que se encontraban en negociación. El tema del precio del petróleo o la demanda afectará a previsión de precios futuros, que es lo que estudian los bancos o inversores antes de prestar o invertir.

En consecuencia, grandes operaciones de compra se están replanteando y los inversores dudan en muchos casos si seguir adelante. Algunos se han retirado de los proyectos. Las compañías petroleras, que estaban apostando decididamente por la diversificación hacia las renovables, están viendo caer sus cotizaciones y, con ellas, su capacidad inversora.

Por otra parte, y aunque la construcción no parece verse de momento demasiado afectada, la cadena de suministros empieza a fallar, y ha comenzado el goteo de cierres temporales en fábricas de palas para los aerogeneradores. A esto se suma la amenaza de un parón total en toda actividad considerada no esencial, y cuya duración nadie puede determinar en este momento.

Todo esto va a afectar a la construcción de parques. Pero hay una tercera variable que debemos contemplar y es la de los permisos. No sabemos con qué capacidad están tramitando permisos las administraciones que han logrado seguir adelante mediante el teletrabajo. Además, desde la publicación del Real Decreto (RD) 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, han dejado de computar los plazos administrativos. Esto puede no tener un efecto inmediato, pero en unos meses se notará el retraso.

Tenemos pues la tormenta perfecta contra las energías renovables: precios a la baja por la caída del petróleo y por una demanda reducida y de incierta recuperación, la incertidumbre añadida por el coronavirus a los plazos administrativos, y la falta de garantías a la hora de mantener la producción de equipos como placas solares o aerogeneradores.

¿Quiere esto decir que el coronavirus obligará a postergar los objetivos de transición energética en España? En mi opinión, y contra todo lo anterior, no es así. En absoluto.

En primer lugar, una de las contrapartidas de la situación descrita anteriormente es que se van a calmar un poco los precios de las transacciones, que estaban muy altos. Este correctivo por vía epidémica nos va a ayudar a moderar las expectativas y sobre todo a ver en el futuro operaciones a precios razonables y realistas.

El teletrabajo en las administraciones públicas podría ayudar también a revisar nuestros procesos administrativos, haciéndolos más versátiles y flexibles. Hasta hace poco se ponía el foco en cuestiones más políticas como las subastas, pero nadie se preocupaba por la tramitación, un cuello de botella que necesita un revulsivo. La ocasión que nos brinda la crisis del coronavirus es magnífica e invito a los responsables políticos a aprovecharla. Entre otras cosas porque, o cambian los procesos, o los plazos de tramitación nos llevarán a incumplir la agenda política comprometida.

Seguimos esperando alguna pieza clave de la regulación como es el RD de acceso y conexión -y la circular de la CNMC sobre el mismo asunto-, y esta situación ha multiplicado los conflictos de acceso que tiene la CNMC sobre la mesa. No se ha abierto todavía el debate sobre el límite de 50 MW por debajo del cual un proyecto se tramita por la Comunidad Autónoma, y por encima del cual lo tramita el Ministerio a través de la correspondiente subdelegación de gobierno. Y ya hay casos controvertidos: Castilla y León ha establecido sus reglas propias para determinar lo que es un solo proyecto, y en otras ocasiones se improvisa o se usan criterios no regulados. Es necesario tener unas reglas claras y coherentes con la nueva realidad de madurez tecnológica, que permite proyectos más grandes.

Por último, una de las lecciones que hemos recibido del coronavirus es que los países tienen que ganar en autosuficiencia. Al menos en un grado tal que les permita generar rápidamente una economía de guerra capaz de ponerse al servicio de necesidades emergentes. Si en algo es España capaz de ser autosuficiente es en la generación de energía de fuentes renovables. Pero nos falta una estrategia industrial nacional y un marco legislativo y administrativo ágil y claro.

Entre las pocas certezas que tenemos ahora, una de ellas es que la economía del futuro necesitará fuentes renovables y ubicadas en el territorio. Que necesitaremos una industria potente para depender menos de terceros países. Y que tenemos una ocasión de oro para ponernos a ello.