El sector quiere recuperar los objetivos específicos de biocarburantes

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha lanzado una consulta pública para recabar la opinión del sector al objeto de elaborar una nueva normativa que aumente el peso de los biocarburantes en el transporte. El plazo de presentación de alegaciones, que finalizó el pasado 6 de abril, ha quedado suspendido hasta que finalice el Estado de Alarma.

Mientras que la anterior Directiva de Renovables fijaba la obligación para los Estados miembros de alcanzar en 2020 una cuota de energías renovables equivalente al 10% sobre el consumo de energía final en el transporte, la nueva Directiva de Renovables -vigente desde el 24 de diciembre de 2018 y cuya transposición por parte de los países miembros deberá realizarse antes del 30 de junio de 2021-, establece que la cuota mínima deberá ser del 14% en 2030. Dentro de dicha cuota, la contribución de biocarburantes avanzados y del biogás producido de determinadas materias primas deberá ser, al menos, del 0,2% en 2022, del 1% en 2025 y del 3,5% en 2030.

El texto definitivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que España envió a Bruselas a finales de marzo es mucho más ambicioso, ya que plantea una penetración de las renovables en el transporte del 28% en 2030, el doble de lo que establece la Directiva.

Aunque el PNIEC prevé que la principal aportación la seguirán haciendo los biocarburantes, los objetivos marcados en materia de penetración del vehículo eléctrico son muy ambiciosos, de manera que su aportación será elevada.

La consulta pretende dar respuesta a varias cuestiones. Entre ellas, cuál debería ser la senda de obligación de consumo o venta de biocarburantes en el transporte durante el período 2021-2030, si la obligación se debería extender a otros modos de transporte distintos al de carretera como el aéreo, si debería haber una cuota anual para cada tipo de combustible o una sola que englobe a todos, ó quiénes deberían ser los proveedores de combustible obligados. La consulta también pide opinión a los participantes sobre criterios de sostenibilidad y sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte.

La principal vía para conseguir los objetivos marcados para el sector del transporte han sido los biocarburantes, de ahí que todos los Estados miembros lleven varios años estableciendo obligaciones de venta y consumo de biocarburantes en sus respectivos países.

En el caso de España, el encargado de regular estos objetivos es el Real Decreto 1085/2015, de 4 de diciembre de Fomento de los Biocarburantes para el periodo 2016-2020. La normativa establece un único objetivo global de consumos mínimos obligatorios de biocarburantes, que fijó en un 4,3% para 2016, un 5% para 2017, un 6% para 2018, un 7% para 2019 y un 8,5% para 2020. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el grado de cumplimiento provisional del objetivo de biocarburantes en 2019 ha sido del 6%.

Manuel Bustos, director de la sección de Biocarburantes de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), recuerda que, antes de la aprobación de este Real Decreto, en España existía una obligación global de biocarburantes y dos obligaciones específicas, una para biocarburantes en gasolina (bioetanol) y otra para biocarburantes en gasóleo (biodiésel), que se venían aplicando desde 2008; sin embargo, esto se eliminó. A este respecto, Bustos señala que, desde la asociación, “siempre hemos defendido que esto debería recuperarse”.

Bustos también opina que los valores de la obligación de biocarburantes deberían seguir subiendo hasta 2030, tal y como plantearon en las alegaciones del PNIEC. “Esto nos serviría para consolidar las importantes capacidades de fabricación de biocarburantes que tenemos en España”.

Aunque desde APPA aún no tienen definidas las alegaciones a la consulta pública planteada por el Ministerio, éstas podrían ir en línea con la escalada hasta 2025 que propone, a modo de ejemplo, el documento de consulta pública en relación a los objetivos mínimos de venta o consumo de biocarburantes, y que supondría pasar del 8,5% de 2020 al 10% en 2021, al 10,5% en 2022, al 11% en 2023, al 11,5% en 2024 y al 12,5% en 2025, es decir, una subida de medio punto cada año, excepto en 2021 que subiría un punto y medio.

La nueva normativa que salga tras la consulta pública, permitirá transponer parcialmente la Directiva de Renovables antes del 30 de junio de 2021. Sin embargo, desde Appa Biocarburantes han pedido al Ministerio que la transposición se haga antes de que finalice el año, al menos la parte relativa al valor de la obligación de venta y consumo de biocarburantes para 2021, ya que todavía no se ha fijado.

De hecho, tal y como apunta Bustos, “este valor lo tendríamos que saber ya. Entendemos que la situación del estado de alarma no favorece la rapidez de esta tramitación, pero para nosotros es un tema fundamental y si es necesario desgajar de la transposición esta parte, habría que hacerlo”.

“Estamos hablando de aprovisionamiento y de planificaciones que las empresas tienen que realizar con varios meses de antelación”, continúa Bustos. El carburante que está ahora en las estaciones de servicio -añade-, “es consecuencia de decisiones y planificaciones de suministro que realizan los operadores petrolíferos y de hidrocarburos meses antes”.