El agua garantizada: ¿otra carta a los Reyes Magos?
El agujero en la inversión en infraestructuras hidráulicas constituye una seria amenaza que compromete los objetivos de desarrollo sostenible y de lucha contra el cambio climático, por lo que no deja de resultar paradójico que en pleno tránsito hacia un mundo más verde se esté ofreciendo tan discriminatorio trato a unas obras de las que depende nuestra vida, en el sentido más amplio de la palabra. Porque a decir verdad, estas infraestructuras -embalses, trasvases y mejoras del regadío- son fundamentales para garantizar la producción de alimentos y para fijar la población en las zonas rurales.
Sin embargo, el Gobierno ha invertido sólo dos de cada diez euros de la inversión prevista en los anteriores planes hidrológicos, causa principal de que un porcentaje elevado de las obras de regulación y de infraestructuras hidráulicas de interés general no se hayan realizado, pese a recogerse en los sucesivos planes.
La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, SEOPAN, alertaba recientemente de que con la inversión media anual realizada en 2016/2019, de 1.103 millones de euros, terminaremos las inversiones propuestas en el tercer ciclo hidrológico en 2045. Es decir, 18 años más tarde de lo previsto y sobrepasando en 15 años el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que marca la Agenda 2030. En este sentido, Seopan añadía que la ejecución ha sido tan baja estos últimos años que se ha multiplicado el déficit inversor, de manera que estas actuaciones del tercer ciclo de planificación hidrológica 2022/2027 requieren un 80% más que el ciclo anterior, llegando a los 26.418 millones de euros.
Pues bien, desde la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ya trasladamos nuestra reprimenda y malestar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) en una de las alegaciones que formulamos a la nueva planificación hidrológica, que previsiblemente se aprobará en primavera y que, a todas luces, se encuentra tremendamente desenfocada. Sobre todo, porque antepone el extremismo ecologista a la satisfacción de necesidades básicas como el agua, lo que plantea la amenaza de no tener suficiente agua para regar durante los próximos años. En concreto, señalábamos que en los 25 Planes Hidrológicos revisados en el segundo ciclo (2015-2021) se incluían 11.224 medidas y una inversión prevista de más de 22.000 millones de euros. Sin embargo, según los últimos datos disponibles, hasta diciembre de 2018 únicamente se habían finalizado el 7% de las medidas, con una inversión ejecutada de 3.650 millones de euros, aproximadamente el 16%, cuando el periodo transcurrido superaba el ecuador temporal del plan.
Esta queja también se la manifestamos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una carta donde expresamos el enfado del campo por la discriminación que sufre el regadío en la agenda política. Como respuesta, la Dirección General del Agua del MITERD emprendió una serie de reuniones con los regantes de las Confederaciones Hidrográficas que, por desgracia, no han pasado de las palabras a la acción, sin lograr enmendar una planificación que margina las infraestructuras hidráulicas y pone en un brete buena parte de los objetivos contraídos por el MITERD.
Sin demasiadas dudas, en el futuro la disponibilidad de agua para regar será sensiblemente inferior a la actual lo que, además de obligarnos a hacer uso de la tecnología para conseguir una agricultura de precisión, debería abocar a nuestra Administración relativa con la transición ecológica y el reto demográfico a hablar más y mejor del sector del regadío, de las obras de regulación y de las infraestructuras hidráulicas. En resumidas cuentas, mejores palabras -en favor de la agricultura- y más acciones -inversiones-.
No obstante, a los regantes, que utilizamos alrededor del 65% del agua, no se nos ha tenido en cuenta, se nos ha ninguneado, en la elaboración de los nuevos planes hidrológicos que marcarán la gestión del agua en las próximas décadas. De las 8 alegaciones que hemos formulado a los Esquemas provisionales de Temas Importantes (EpTI), que son los documentos intermedios en el proceso de planificación, sólo se ha tenido en cuenta una, que aunque mejoraba la normativa, casi no nos afectaba. De ahí que desde el regadío veamos con estupor el despropósito en la planificación hidrológica, que más bien podría llamarse ideológica, y que viene a ser la gota que colma el vaso de la defenestración a la que está sometiendo este Gobierno -en especial el MITERD- al campo español.
Un vaso que prácticamente rebosaba, también, por la imposibilidad para los regantes de contratar dos potencias eléctricas al año por culpa de la inacción del MITERD, pues Agricultura ha incluido esta disposición en la Ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria después de dos intentos fallidos ocurridos con anterioridad -en torno a la Ley de la sequía de 2018 y a los Presupuestos Generales del Estado de 2021-.
Pero dicen que la esperanza es lo último que se pierde... En este sentido, ojalá los fondos europeos sirvan para impulsar de manera decidida la transformación del casi millón de hectáreas aún pendientes en España y atender nuestro patrimonio hidráulico tal y como lo merece, objetivo de momento poco probable, pues la inversión destinada al Ministerio de Agricultura -del que depende la modernización del regadío- es muy reducida (poco más de 1.000 millones de euros de los 140.000 millones del fondo Next Generation EU destinado a España) en comparación con otros ministerios.
Concretando, si bien es cierto que en las últimas legislaturas las competencias del agua han ido dando tumbos incomprensiblemente por Agricultura, Medio Ambiente, Transición Ecológica... la triste realidad es que no se han producido avances reales a la hora de ejecutar las actuaciones necesarias para garantizar el riego y, con ello, la vida sobre la tierra. Un reto lo suficientemente importante para todos como para que nuestras reivindicaciones no conformen, un año más, la típica carta para los Reyes Magos.