Inteligencia Artificial en las Administraciones Públicas
La inteligencia artificial, como término, lleva entre nosotros desde su nacimiento en 1956, pero hasta el año 2017 no se introdujo en la Administración Pública española. Desde entonces se están realizando grandes esfuerzos para su adaptación a las nuevas corrientes tecnológicas que escuchamos como habituales hoy en día.
Este primer proyecto oficial en materia de Inteligencia Artificial tuvo como origen la lucha yihadista por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado con el proyecto I3, dotando a los investigadores del Ministerio del Interior de una herramienta que permitiera la identificación de nuevos adeptos a través de medios digitales.
Posteriormente, el Ministerio de Hacienda se unió a la corriente de proyectos de Inteligencia Artificial con su proyecto Nidel, permitiendo la detección de incrementos patrimoniales no justificados de personas con vínculos delictivos. Desde entonces ha aumentado el número de proyectos con base tecnológica, basadas en Inteligencia Artificial gracias, en gran medida, al éxito en los resultados que se están cosechando. Se ha creado una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial desde la que se vertebra una estrategia global del estado, desde frentes como la ciencia, la ética, el uso, el desarrollo tecnológico, incluso, las infraestructuras.
Este tipo de soluciones no llega únicamente a las grandes Administraciones Públicas; los Ayuntamientos, también, se han involucrado en la corriente de la Inteligencia Artificial gracias a proyectos como la red de destinos turísticos inteligentes, desde la cual se proporciona un modelo de gestión inteligente coordinada; lo que empieza a revertir los esfuerzos dedicados a Inteligencia Artificial sobre el ciudadano de forma directa.
Traspasando las fronteras de lo estrictamente público, nos encontramos con organismos los cuales incluyen infraestructuras críticas como puertos, aeropuertos e infraestructuras ferroviarias que se han sumergido en proyectos que repercuten en la vida diaria de los ciudadanos.
En FGV (Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana) se lleva explotando un servicio de IA desde el año 2020, a través del cual se detectan armas en el interior de las estaciones y trenes, así como conteo de personas en tiempo real, detección de ataques NBQ, medidores de CO2, detección de actos vandálicos y de grafiteros en el exterior. Esto representa un ahorro de costes significativo para las arcas municipales, así como una mejora en la toma de decisiones.
Este tipo de soluciones se está buscando implantar en el resto de Europa con proyectos como el Prevent PCP, desde el cual se pretende hacer seguimiento de objetos abandonados y detección de la persona involucrada por motivos de seguridad.
Los beneficios obtenidos por los ciudadanos ante esta avalancha de soluciones basadas en IA pasan por la seguridad en las calles, seguridad ante ataques terroristas de forma preventiva y proactiva, reconocimiento de personas errantes y seguimiento de objetos, control de aforos, etc., y esto solo es el principio ya que no se trata de controlar a la población ni de vender servicios de una forma personalizada con todos los sesgos negativos que ello conlleva. Por el contrario, se trata de ofrecer a la población de forma directa o indirecta unos beneficios globales.
Desde mi punto de vista, la famosa brecha digital de la que hablábamos en el año 2000 es ahora más grande que nunca, ya que se ha volcado toda la gestión administrativa en medios digitales sin realizar la tarea de simplificar ni plantearse si es necesaria y, sin embargo, ahora disponemos de infraestructura, conocimientos y servicios suficientes para abordarla.
Lejos de obtener una mejora con esta digitalización, la Administración Pública ha seguido la corriente de alejarse de la ciudadanía estableciendo un nuevo muro como es el digital. Una frase que suelo decir es que “No debería de optimizarse lo que no debería de existir”.
Un ejemplo que muestra cómo la Administración Pública debe de hacer un esfuerzo para transmitir transparencia a los ciudadanos fue durante el tratamiento que se dio a la información procesada a la hora de conceder ayudas a personas en riesgo de exclusión.
El tratamiento dado a la información recabada fue usada por una Inteligencia Artificial con criterios desconocidos, incluso, para un humano, al tratarse de una caja negra, lo que provocó quejas al no estar claros los criterios de adjudicación.
El nuevo reto de las administraciones públicas es el utilizar la Inteligencia Artificial para simplificar los procesos, las gestiones y demás molestias ocasionadas a los ciudadanos. Para realizar esta tarea se requiere no únicamente de ingenieros con grandes dotes matemáticas, también se requiere expertos en sociología, psicología, en usabilidad (UX/UI), en gestión de procesos y sobre todo voluntad por parte de los actuales dirigentes políticos.
Lo cierto es que existe un triángulo sin cerrar entre la Administración Pública, las empresas y los científicos de datos. Es necesario un esfuerzo de todas las partes para buscar un objetivo común que permita aunar esfuerzos.
Un ejemplo es el proyecto Prevent PCP mencionado anteriormente en el que realiza un estudio previo junto con las principales empresas del sector e investigadores, todas ellas invitadas por organismos públicos para la consecución de un objetivo común como es la seguridad en el transporte a través de las cámaras ya instaladas en andenes.