Cómo funciona la gobernanza de los datos ‘a la europea’
El potencial económico y social del uso de datos es enorme, permite la creación de nuevos productos y servicios basados en tecnologías innovadoras, aumenta la eficiencia de la producción, hasta dotarnos de instrumentos para combatir los problemas de la sociedad. De hecho, según nuestros estudios el mercado europeo de los datos abiertos tendrá un valor entre los 200.000 y 330.000 millones de euros en 2025.
Conscientes de esta realidad, tres años y medio después de la entrada en vigor del RGPD, la Comisión Europea ha publicado el borrador de un nuevo y ambicioso marco legal sobre datos: Data Governance Act. Su objetivo es fomentar el intercambio y la reutilización de datos entre sectores, protegiendo al mismo tiempo los intereses económicos de Europa y la privacidad de sus ciudadanos.
Un enfoque de gobernanza de datos “a la europea” tiene como meta garantizar que las legislaciones de los estados miembros estén alineadas para crear un verdadero mercado único europeo de datos, y apoyar el desarrollo de espacios comunes en este sentido. Como pilar fundamental, este enfoque pretende reforzar los mecanismos para aumentar la disponibilidad de los datos y superar las dificultades técnicas para su reutilización.
La nueva legislación proporcionará un marco de buenas prácticas en el gobierno de datos dando soporte a los espacios comunes europeos para utilizarlos y compartirlos, a la vez que complementa otras normas que regulan la privacidad en el marco de la Directiva sobre datos abiertos, que garantizará el acceso a determinados conjuntos de datos en toda la UE de forma gratuita, en formato legible por máquinas y mediante API estandarizadas. Este año se esperan más propuestas enfocadas a estos espacios, por ejemplo, relativos a la salud y al pacto verde europeo. Todo esto dará a ciudadanos y gobiernos un mejor acceso y control sobre la información proveniente de dispositivos IoT, así como de las grandes fuentes de datos en poder de las empresas.
La ley es un buen paso hacia la soberanía de los datos europeos, ya que proporciona un marco para un intercambio y una reutilización regulada. Al igual que el RGPD, probablemente atraerá críticas mientras es copiada y adaptada en otros lugares. El objetivo es generar las condiciones adecuadas para que personas y empresas confíen en que cuando compartan sus datos, éstos serán manejados por organizaciones de confianza basadas en los valores y principios de la UE.
El borrador de reglamento prevé la creación de una Junta Europea de Innovación de Datos para facilitar el intercambio de mejores prácticas por parte de las autoridades de los estados miembros, en particular en lo que respecta al altruismo de los datos, los intermediarios y el uso de los datos públicos que no pueden ser denominados datos abiertos. Además, asesorará a la Comisión sobre el establecimiento de prioridades en materia de normas de interoperabilidad intersectorial.
Además, se elaborará un formulario europeo común de consentimiento para el altruismo de datos, a fin de permitir estructurarlos en un formato uniforme común en todos los estados miembros. Este será un formulario modular, que podrá adaptarse a las necesidades de sectores y propósitos específicos. El borrador tiene algunas ideas interesantes y el concepto que subyace es muy poderoso. Si bien los objetivos de la regulación son encomiables, muchas de las políticas específicas esbozadas crean un nuevo requisito de localización de datos, lo que socava los compromisos de la Unión Europea con el libre comercio digital y contraviene sus principios de Open Data.
En primer lugar, los planes de la Comisión exigen que todo el procesamiento de datos permitido por esta ley se limite a los países de la Unión. Este requisito aumentaría los costes de las empresas que tendrían que crear capacidad en la región y limitaría su capacidad de combinar y procesar datos locales con datos de fuera de la UE. El hecho de exigir que los datos se almacenen y procesen en Europa no hará que esta sea más competitiva, sino que alentará a otros países a aplicar políticas proteccionistas similares y dificultará el acceso de las empresas comunitarias a los servicios ofrecidos por compañías de otras regiones. El hecho de mantener los datos en la UE tampoco los protegerá mejor, ya que las organizaciones europeas deben atenerse a el RGPD, aunque los procesen en el extranjero. Y pese al deseo declarado de las instituciones comunitarias de producir una Inteligencia Artificial ética, hace más difícil que ciertos residentes de la UE, como por ejemplo los inmigrantes, se beneficien de sus aplicaciones que requieran de datos de fuentes fuera de la Unión.
Por otra parte, la propuesta crea el concepto de intermediarios para facilitar el intercambio de datos entre las empresas y los consumidores. Al igual que ocurre con el open data, se les exigiría estar legalmente establecidos en la UE o en el EEE. Esa obligación sería discriminatoria para las empresas extranjeras, lo que es anticompetitivo. De hecho, en virtud de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, las restricciones al uso del procesamiento de datos extranjeros se consideran un obstáculo al comercio, y los países no pueden exigir que los proveedores de servicios de intercambio de datos del extranjero estén legalmente establecidos en su propio territorio.
Finalmente, la propuesta permite a los organismos del sector público cobrar por la reutilización de sus datos. Esta idea es contraria a los principios del open data según los cuales todos los datos públicos deben ponerse a disposición del público sin coste alguno y sin restricciones. Si bien el sector privado debería poder cobrar por los datos, no tiene sentido que el sector público lo haga, especialmente si las tasas van más allá de la recuperación de lo que cuesta producirlos. En definitiva, se trata de una propuesta muy interesante que tiene muchos puntos a favor y que, probablemente, sea matizada en los próximos meses para fomentar una nueva política que facilite el uso de los datos sin que ello vaya en detrimento de su libre circulación, el libre comercio y la idea de Open Data.