Novedades para facilitar la oferta y acceso a la vivienda

La vivienda y el acceso a la misma se ha convertido en uno de los temas más candentes del discurso político y promete ser una de las claves dentro de la inminente campaña electoral anticipada para las recientemente anunciadas elecciones generales del 23 de julio y para las próximas elecciones autonómicas de Catalunya. De hecho, la vivienda ya fue una de las batallas de las elecciones locales del pasado mes de mayo, sobre todo en las grandes ciudades, donde los precios del alquiler y de compra ponen muy difícil el acceso a las mismas, sobre todo para los jóvenes, sepultados bajo sueldos bajos con los que es imposible sostener una casa o piso. Los datos no son para nada halagüeños. En Catalunya, la demanda de hipotecas cayó un 30% en marzo, los últimos datos disponibles, hasta los 4.520 préstamos tramitados, y la compraventa de viviendas disminuyó un 12,5% en relación al mismo mes de 2022, hasta las 9.551 operaciones.

Si miramos los datos de los alquileres, tampoco encontramos motivos para el optimismo. Durante la vigencia de la ley 11/2020, que limitaba el precio del alquiler, la oferta de vivienda en alquiler cayó un 15%. Durante el año y medio que duró su vigencia, no obstante, su precio solo descendió un 5% hasta una media de 738,04 euros, una caída que se queda bastante corta viendo la evolución de los salarios. Según la cátedra de empresa “Habitatge i Futur” de la Universidad Pompeu Fabra, cabe destacar, además, que el precio ha subido entre aquellas viviendas por debajo del precio de referencia, con lo que tampoco se han cumplido los objetivos establecidos por la ley. Una gran demanda y una disponibilidad cada vez menor son los lastres que se traducen en la subida de precios.

En ese sentido, según el sector inmobiliario catalán, la escasez de oferta también se produce a consecuencia de la falta de confianza por parte de los propietarios, que no se sienten seguros en el momento de ofrecer sus inmuebles. A raíz de esta problemática, algunos propietarios optan por tener sus viviendas vacías largos períodos de tiempo hasta que aparece un inquilino en el cual confíen. Es la pescadilla que se muerde la cola, y ante la que las administraciones luchan con diferentes medidas con las que ayudar al acceso a la vivienda, que buscan limitar sus precios o también luchar contra los grandes propietarios que dejan sus pisos vacíos. Con todo,, algunos puntos de la nueva ley estatal de vivienda incomodan al sector, que augura efectos contraproducentes.

Nuevas iniciativas de la Generalitat

La Generalitat ha abierto una convocatoria para la adquisición de bloques de viviendas de grandes propietarios para destinarlos a alquiler social con el objetivo de movilizar el parque de vivienda vacía, y en paralelo prevé expropiar 189 viviendas vacías también de grandes propietarios en 14 municipios con elevada demanda residencial para ofrecerlas a familias vulnerables.

En esta línea se mueve también la promesa del gobierno catalán de crear 10.000 nuevos pisos de alquiler social en los próximos tres años, lo que supondría incrementar el parque de alquiler social en un 18%, llegando hasta los 65.000, o la nueva línea de financiación dotada con 115 millones de euros que el Govern ha puesto a disposición de promotores públicos y privados para la construcción de vivienda de alquiler social. Además, la Generalitat destinará este año otros 124 millones a ayudas para el pago del alquiler.

¿Qué fectos tiene la nueva ley estatal?

A todos estos esfuerzos por parte de la administración catalana debe sumarse la nueva ley de la vivienda aprobada en el Congreso de los Diputados y ratificada por el Senado el pasado 17 de mayo que, entre otros aspectos, apunta directamente a los precios del alquiler, a la declaración de zonas tensionadas, a los desalojos y a las viviendas vacías.

Según su texto, entre muchas otras medidas, están la prórroga del límite máximo de 2% en las subidas de los arrendamientos para todas las viviendas, que ascenderá hasta el 3% en su camino hasta estabilizarse en un porcentaje por definir en el futuro; las mayores facilidades para declarar una zona tensionada en lugares en los que el precio medio de una vivienda supere el 30% de los ingresos medios de la misma zona; la obligatoriedad a que sean los grandes propietarios los responsables de presentar la solicitud de desalojo -que serán más limitados, justificados y comunicados- o la opción para que los ayuntamientos apliquen un recargo en el IBI de entre el 50% y el 150% a aquellas viviendas que estén vacías durante más de dos años.

Aunque aún es muy pronto para ver si la ley da resultados, y las novedades electorales ponen en jaque su aplicación, según el Grupo Mutua Propietarios, el 64% de los catalanes cree necesaria una normativa que regule el derecho a la vivienda, y dos de cada tres consideran que la nueva ley de vivienda propuesta por el gobierno español será poco o nada útil y no solucionará los problemas actuales, siendo las personas que viven de alquiler las que se muestran más optimistas ante la nueva normativa. De hecho, el 68% de los inquilinos ve necesaria la ley, pero solo el 51% de los arrendadores considera lo mismo.

De momento, las medidas que más aprobación han obtenido son los beneficios fiscales a los propietarios, en un 72%, la limitación de las subidas del precio del alquiler, en un 72%, y la protección frente a los desalojos, en un 65%. La menos valorada, según la encuesta, es el aumento de los impuestos a las viviendas vacías, con un 30% de aceptación. De hecho, el 52% considera que la ley provocará una retirada de viviendas del mercado, generando el efecto contrario al pretendido.

En el caso de Catalunya, se añaden las sanciones para grandes propietarios -empresas o personas con más de 15 viviendas en propiedad- que no actúen ante la okupación, con multas que pueden llegar hasta los 90.000 euros e incluso pueden habilitar a un ayuntamiento a hacerse con el uso de la vivienda durante siete años.

Los datos de los Mossos d’Esquadra indican que el 97,7% de las okupaciones de vivienda en Catalunya denunciadas en 2022 -alrededor de 7.000- se produjeron en pisos vacíos, y el 40% de las habitadas (que fueron 159 casos) eran segundas residencias.