Buffet, la curva de Laffer y los impuestos en Catalunya
En un mundo sin impuestos, la Sanidad, la Educación, la Defensa o la Justicia estarían tan solo al alcance de aquellos que pudieran pagarlas. Vivir en una sociedad así sería, no solo más penoso, sino también más injusto. A nadie se le escapa que es precisamente gracias a los impuestos, que podemos financiar los servicios públicos. Y visto así, parece que exista una relación directa entre la tributación y los servicios que recibimos. Pero lo cierto es que, si bien esa relación existe, y con el dinero de los impuestos pagamos los servicios públicos, no es en realidad tan directa como pueda parecer a simple vista, sino que admite matices. De ahí que no esté tan claro que el valor que recibamos equivalga al valor de los impuestos que hemos pagado. O que por el hecho de pagar menos impuestos tengamos que recibir, necesariamente, peores servicios.
Para ilustrarlo, utilizaré una cita atribuida a Warren Buffet, el conocido inversionista norteamericano, que reza así: “Precio es lo que pagas, Valor es lo que obtienes”. Siguiendo esa analogía, el precio sería lo que pagamos por los servicios públicos, es decir los impuestos. El valor por su lado, sería lo que obtenemos. Los servicios en sí. Y la pregunta que viene a continuación es ¿Sería posible mantener e incluso mejorar los servicios públicos reduciendo el coste de los mismos? Dicho de otra manera, ¿Existe la posibilidad de hacer más con el mismo dinero o hacer lo mismo con menos? Porque yo, siempre que escucho a políticos hablar de dinero, lo que dicen es que aumentarán el presupuesto para mejorar el servicio a los ciudadanos. Cuando lo que me gustaría escucharles decir es que van a mantener reducir el presupuesto, al tiempo que consiguen mejorar el servicio. Focalizándose en las verdaderas necesidades de los ciudadanos por un lado y en la mejora de la eficiencia por el otro.
Catalunya sufre una mayor presión fiscal que muchas otras comunidades autónomas. Para empezar, tenemos uno de los tramos autonómicos del IRPF más elevados, con tipos entre el 12% y el 25,5% mientras que otras comunidades, como Andalucía o Madrid, tienen los tipos entre el 9,5% y el 23,7% en el caso de Andalucía y entre el 9% y el 21% en el de Madrid. Además, en Catalunya tenemos más impuestos propios (15) que ninguna otra comunidad autónoma. Andalucía, por ejemplo, tiene 8 y la comunidad de Madrid no tiene ninguno tras eliminar en en 2022 los tres que mantenía en vigor.
La pregunta que yo me hago, enlazando con el apartado anterior, es si de verdad los ciudadanos de Catalunya demandan unos servicios de tal magnitud que obliguen a esta elevada presión fiscal. O si por el contrario lo que ocurre es que necesitamos aplicar un mayor grado de racionalidad y eficiencia al gasto público para poder bajar los impuestos y hacer lo mismo, o incluso hacer más, con menos dinero. Estas diferencias en la presión fiscal en unas comunidades frente a la existente en otras, ha llevado a que unas, las que tienen una fiscalidad más agresiva, acusen a las otras de dumping fiscal debido a las rebajas que han aplicado y que podrían atraer a estas últimas a contribuyentes que huyen de la fiscalidad más agresiva de las primeras. Pero parece que el Estado ha tomado cartas en el asunto y se ha decidido a limitar el “dumping fiscal” en el impuesto sobre el Patrimonio. Al menos durante un par de años.
Por lo que sabemos, el nuevo Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF) comparte hecho imponible, sujeto pasivo, límites y exenciones con el Impuesto de Patrimonio. Además, la cuota pagada por el Impuesto sobre el Patrimonio se restará de la cuota resultante del ITSGF, lo que en la práctica hace que su efecto se note especialmente en aquellas comunidades que tienen bonificado el Impuesto sobre Patrimonio. La consecuencia lógica será que las comunidades adecúen en la medida de lo posible la tributación por patrimonio a lo que marca la ITSGF. Si los ciudadanos van a tributar de todas maneras, pues mejor que el dinero se quede en la comunidad. Así, se podrían acabar eliminando, o como mínimo reduciendo, las diferencias entre comunidades. Lo que quiere decir que difícilmente bajará el Patrimonio en Catalunya, sino que más bien subirá en Andalucía o Madrid. Vamos a hablar, para concluir, de cómo afecta la presión fiscal a la recaudación, pues por ahora hemos estado dando por supuesto que ésta aumenta conforme lo hace aquella. Y eso no tiene por qué ser así necesariamente dado que, al menos en teoría, es posible incrementar la recaudación con una menor presión fiscal.
La curva de Laffer nos dice que la máxima recaudación se da cuando el tipo impositivo se encuentra en algún lugar entre el 0% y el 100%.
Con tipos del 0% está claro que no se recauda nada en impuestos porque todo tributa al 0%. Pero con los tipos al 100% tampoco se recaudará nada porque nadie querrá trabajar si sabe que todo su esfuerzo se irá en impuestos. Y algo parecido pasará con tipos del 99%, que tan poca gente querrá trabajar, que la recaudación será exigua a pesar de exprimir a los pocos contribuyentes. Conforme vayamos bajando el tipo impositivo, más gente estará de acuerdo en trabajar y subirá la recaudación total pues aunque cada contribuyente aporta menos, hay más contribuyentes. Eso sigue así hasta que llega un momento en que la tendencia se invierte y bajar más los impuestos no ayuda a recaudar más, pues el incremento en el número de contribuyentes no compensa la pérdida de tributación de los que ya estaban tributando.
En definitiva, podríamos decir que si el tipo impositivo está por encima del máximo de la curva de Laffer, podríamos bajar los impuestos a la población y acabar recaudando más.
Lo que nos lleva a concluir que, siendo cierto que bajar los impuestos puede llegar a reducir la financiación de los servicios públicos, derivando en un peor servicio al ciudadano, también lo es que dependiendo de si la tributación actual está por encima o por debajo del máximo de la curva de Laffer, podríamos incluso mejorar la financiación disminuyendo la presión fiscal. Y además, todo esto podría ser una magnífica oportunidad para intentar mejorar la eficiencia de los servicios públicos, eliminando lo superfluo y conteniendo el gasto innecesario.