Las administraciones despiertan tarde contra el fenómeno de la okupación
Posiblemente llega tarde, pero la Generalitat reacciona contra la okupación. Los allanamientos en Catalunya son el 40% de toda España desde hace años y hasta ahora no ha habido política que haya conseguido rebajar este porcentaje. Es más, las cifras absolutas no dejan de subir, tanto en la región como en el resto del Estado, a los que se ha acusado en más de una ocasión de tener cierta connivencia con los asaltantes por la laxitud de sus políticas y por no dotar de suficientes herramientas a los cuerpos policiales.
Ahora, la Administración catalana, a petición de unos Ayuntamientos que afrontan elecciones municipales en 2023 parece querer tomar cartas en el asunto. Facilitará a los consistorios y a las asociaciones vecinales iniciar procedimientos judiciales contra las okupaciones conflictivas. Solo las conflictivas, dejó bien claro la consejera de Justicia, Lourdes Ciuró. Para el resto, sigue vigente tanto la iniciativa para promoverles un precio de alquiler solidario como la prohibición de desahuciar establecida con el inicio de la pandemia por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Como no podía ser de otra forma, el sector ha visto con buenos ojos la medida autonómica, pero se les sigue quedando corta. Tanto partes de la sociedad civil como algunos ayuntamientos piden que se pueda actuar en 48 horas y dar todavía más facilidades a los cuerpos policiales antes de llegar a los juzgados.
La clave estará en ver la clasificación que los jueces hacen de okupación conflictiva o no, algo que no quedó claro en el momento de la presentación de la ley. La administración puso también el foco en los grandes tenedores de vivienda, una de las causas del problema, según ella. Ciuró señaló a grandes propietarios y bancos, que no emprenden en muchas ocasiones ninguna acción en los tribunales, lo que hasta dificultaba la acción de los cuerpos policiales.
Si es una medida exitosa o no dependerá en buena parte de la velocidad de unos juzgados ya al límite de capacidad. Será el trabajo de ayuntamientos y vecinos documentar los actos ilícitos que se puedan estar cometiendo en el edificio, pero solo los jueces podrán ejecutar el desahucio. Ahora mismo, se tarda aproximadamente ocho meses en resolver una okupación. Si incrementan las denuncias, en 2021 se presentaron hasta 7.345, es más que probable que aumenten también los tiempos de espera.
En este caso, al menos no se podrá decir que la Generalitat no da ejemplo al resto de la sociedad del territorio. La administración catalana dispone de datos de su parque de viviendas: 953 de los 21.000 pisos que tiene están okupados y el 25% presenta conflictividad.