Cataluña despierta contra la subida de la conflictividad okupa

Las okupaciones han crecido un 10% en Catalunya en los últimos tres años. Para algunos es una problemática hinchada desde sectores conservadores, para otros uno de los principales retos a los que se enfrenta la economía del territorio. Lo cierto es que la entrada sin permiso a una vivienda no deja de crecer y los propietarios ponen el foco en la permisividad de las autoridades con los okupantes para justificar que en la Comunidad se produzcan más del 40% de los allanamientos de toda España.

Según los datos hechos públicos por el Ministerio de Interior, el pasado 2021 se presentaron 7.345 denuncias por okupación en la Comunidad. Se trata del 42,5% de los 17.274 procedimientos judiciales que se abrieron en todo el país por el mismo tema. El porcentaje se mantiene eso sí prácticamente estable desde 2019: hace dos años se iniciaron 6.638 procesos, el 45,4% de los 14.621 de toda España, y en 2020 fueron 6.547, el 44,2% de los 14.792 de todo el Estado. Con las cifras en la mano, las autoridades admiten que se trata de un conflicto abierto en Catalunya, pero sostienen que las okupaciones crecen al mismo ritmo que en el resto de España.

Sin embargo, la Generalitat ha exhibido una política de dos caras en los últimos meses: amable para los inquilinos con necesidades y dura para los que cometan delitos. El Parlament aprobó en febrero la nueva ley catalana antidesahucios, que tomó el relevo de la anulada en 2021 por el Tribunal Constitucional por un defecto de forma. Con el texto, incrementó las obligaciones de los grandes tenedores ante inquilinos morosos que acrediten su vulnerabilidad económica.

En ese caso, las empresas con más de 10 pisos o los particulares con más de 15 estarán obligados a ofrecer un alquiler social, aunque los okupantes de la vivienda no tengan contrato porque hayan okupado el inmueble. Y la obligación se alarga en el tiempo: cinco años si el gran tenedor es persona física; siete años, si es persona jurídica, y doce años si se trata de un banco o un fondo de inversión.

En cambio, la Administración catalana prepara una segunda norma para hacer frente a las okupaciones conflictivas. La pasada semana presentó su propuesta para que no solo los propietarios puedan instar los desahucios en caso de que se cometan delitos en una vivienda okupada y permitirá a los consistorios y comunidades de vecinos que actúen si los dueños de los inmuebles no lo hacen antes, una problemática que se encuentran con grandes tenedores, aseguró.

De este modo, ya no solo los propietarios de los inmuebles podrán emprender el camino judicial en caso de okupación. Según explicó la consejera de Justicia, Lourdes Ciuró, grandes inmobiliarias y bancos no emprenden en muchas ocasiones ninguna acción en los tribunales, lo que hasta dificultaba la acción de los cuerpos policiales. Con la modificación normativa, las Administraciones -ayuntamientos- podrán pedir la tramitación. Siempre tras advertir a los dueños de los edificios, que tendrán un mes de plazo para responder a la petición. Para ellos habrá multas de entre 9.000 euros y 90.000 euros en caso de hacer caso omiso a los requerimientos, deberán sufragar los costes del desahucio y podrían llegar a perder la vivienda, que sería cedida a la autoridad competente de la zona para destinarse a uso social.

Con ello, la Administración catalana busca dotar de más herramientas a las fuerzas de seguridad, uno de los grandes debates alrededor de la okupación. En la autonomía, la policía no puede entrar a echar a los inquilinos ilegales sin requerimiento judicial en el caso de que estos tengan voluntad de permanencia, lo hagan de forma pacífica y no estén cometiendo ningún delito. Si no se les coge en el momento del acto, es necesario el visto bueno de los magistrados para actuar.

La modificación recoge las demandas de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, que piden agilizar los trámites para los desahucios. Para la institución, es necesaria una ley que equipare el marco con Europa, donde la policía tiene el poder para desokupar viviendas. Además, desmiente el mantra de que la mayoría de conflictos se producen en viviendas de grandes propietarios: la mayor parte de sus actuaciones se producen en segundas viviendas o pisos que están puestos en alquiler y en el momento de la entrada están vacíos por reformas o cambio de arrendatario.

El presidente de la Asociación de Promotores de Catalunya (APCE), Xavier Vilajoana, lamenta la falta de mecanismos legales para frenar los allanamientos y denuncia cómo las entradas se han disparado incluso en viviendas que todavía no se han terminado. “El conflicto se concentra en Barcelona y su área Metropolitana”, señala. Además, insiste en la permisividad de las autoridades, como hace la mayor parte de agentes del sector.

Aunque la provincia de Barcelona concentra la mayor parte de las okupaciones, los allanamientos han caído en la capital catalana. Siempre se acusó a la alcaldesa Ada Colau de connivencia, pero los datos aportados por el consistorio -facilitados por los Mossos d’Esquadra- revelan que las entradas ilegales cayeron un 7% entre 2019 y 2021. En términos absolutos, pasaron de 1.610 a 1.502 en tres años.

La Administración, sostiene, sigue una política similar a la de la Generalitat. “El Ayuntamiento tiene diferentes líneas de actuación en función del perfil. Con el primer tipo de perfil, se ofrecen soluciones que van desde alternativas habitacionales, hasta ayudas públicas a la propiedad para pagar la deuda. Con las okupaciones delincuenciales, por el Contrario, actuamos con la máxima contundencia para agilizar el desahucio”, aseguran.

Cabe recordar que el Gobierno prohibió los desahucios a personas vulnerables en 2020 con el estallido de la pandemia, y a comienzos de este año extendió la moratoria hasta final del ejercicio. Por ello, muchas viviendas hace tres años que están afectadas, cuando el plazo normal de tramitación judicial es de ocho meses.

¿Qué sucede con el valor de una vivienda?

La okupación no solo genera un problema en la vivienda allanada, también en todo el bloque. Más allá de posibles problemas de convivencia, las estimaciones del Institut Cerdà señalan que un piso en un edificio con okupas pierde entre el 25% y el 40% de su valor. De este modo, un hogar valorado en 250.000 euros pasará inmediatamente a costar entre 150.000 euros -en el peor de los casos- y 187.500 euros en el mejor de los casos.

El impacto es más grave evidentemente en el alojamiento afectado. Según el mismo centro de estudios, el precio decae hasta un 60%. Por ello, un activo valorado en 250.000 euros pasa a costar inmediatamente solo 100.000 euros. Las zonas rurales son las más afectadas por la depreciación.