Barcelona impone la medida del 30% de VPO por primera vez desde 2018

Eesde que Ada Colau y En Comú Podem llegaron a la alcaldía de Barcelona pocas han sido las temporadas de paz. Una de sus cruzadas particulares se ha centrado en la vivienda, con continuas medidas para limitar el precio del alquiler o, una de las más controvertidas, la obligación de reservar el 30% de las nuevas promociones a vivienda de protección pública. Como es habitual en estos casos, esta última medida, que entró en vigor en 2018, contentó a varios sectores de la opinión pública, que veían en ella un intento de ofrecer vivienda asequible para las familias más necesitadas, y enfadó a inmobiliarias e inversores, que advirtieron que la norma sería sinónimo de una espantada de la inversión. Pero, ¿ha sido finalmente todo lo efectiva que esperaban los más interesados? ¿Ha espantado realmente a los inversores? Pues, desgraciadamente, o afortunadamente, cada cual que elija, ni una cosa ni la otra.

Repasemos primero el texto. El Ayuntamiento obligó, por medio de esta normativa, a destinar el 30% de los pisos nuevos de las promociones residenciales de más de 600 metros cuadrados de techo construido o para construir un solar a viviendas de protección oficial. Esto afecta a las promociones de nueva construcción como a las de reforma integral. Las viviendas protegidas serán de régimen general y estarán sometidos al derecho de tanteo y retracto por parte del Ayuntamiento. Según un comunicado emitido por el Consistorio en el año 2018, se calculaba que, con esta medida, el parque de vivienda asequible crecería en 334 pisos nuevos cada año, el 30% de las 1.114 viviendas que se construyeron anualmente entre 2008 y 2016.

Primera promoción

Sin embargo, a fecha de noviembre de 2022, no son 1.002 las viviendas de protección oficial nuevas en Barcelona -334 al año desde 218- sino ocho. Según las primeras informaciones, el Ayuntamiento de Barcelona ha cerrado un acuerdo con la promotora inmobiliaria Aelca para la compraventa de ocho unidades de la promoción en construcción en el barrio de Sant Andreu. Ocho pisos de entre 71 y 89 metros cuadrados que el Consistorio ha comprado por 250.000 euros en un paquete que ha contabilizado, en total, una inversión de dos millones de euros.

Según Aelca, la promoción estará a la venta desde unos 300.000 euros los pisos más asequibles hasta un precio que bordeará los 600.000 para los más caros. En principio, los pisos estarán disponibles, en el número 29-35 de la calle Puerto Príncipe, a partir de 2024. Esto, traducido, indica que una norma que iba a crear aproximadamente 334 viviendas al año recibirá las primeras ocho después de seis años de la entrada en vigor de la norma. El Ayuntamiento celebra la compra y dice que “estos pisos se ubican en un barrio en el que no hay ni vivienda pública, ni solares disponibles, lo que pone de manifiesto la importancia de esta norma”. Según han informado desde el Ayuntamiento de Barcelona, a esta se le unirán otras que los promotores privados están construyendo del Eixample, Sants-Montjuïc, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí.

Además, Ada Colau y el Ayuntamiento han puesto en marcha la construcción de uno de los proyectos de vivienda protegida más importantes de la ciudad, los dos bloques en Trinitat Vella. Una promoción que en una primera fase ofrecerá 41 viviendas, pero que ya debería estar construida desde hace meses. La segunda fase, cuando se derrumbe la prisión, aportará 35 viviendas más. Las obras empiezan cinco años tarde, ya que la prisión está cerrada desde 2017.

Las inmobiliarias evitan la norma

Siendo falso que la medida haya impulsado la construcción de vivienda protegida, al menos hasta ahora, años más tarde, también es falsa la rotunda afirmación de patronales y empresas que decían que iba a ahuyentar la inversión. De hecho, según datos de la consultora CBRE, la inversión inmobiliaria en Barcelona fue de 2.005 millones de euros el primer semestre de este año, una cifra histórica que significa superar por primera vez los registros de la burbuja inmobiliaria. La inversión estuvo liderada por, paradójicamente, la inversión residencial, las viviendas para alquilar. Parece que el atractivo de la ciudad se superpone a cualquier ley o norma que ponga trabas a los beneficios, al menos hasta ahora que el Ayuntamiento estaba dormido en cuanto a una de sus normas estrella.

Prueba de esta inacción del Consistorio está en que, también ahora, parece haberse puesto las pilas en descubrir si ha habido proyectos en los que se habría incumplido la normativa. Porque sí, desde el Gobierno municipal no ha tirado de ella hasta 2022, pero los promotores que se la han saltado, al menos 17 según el mismo ayuntamiento, deberán pagar por ello.

Según las primeras informaciones, el Ayuntamiento de Barcelona habría detectado 17 fincas en la que, mediante engaño, se habría incumplido el planteamiento urbanístico de la ciudad. Estas tretas habrían consistido en pedir varios permisos por pequeñas obras en reformas integrales de fincas para evitar pedir un único permiso que delatara la operación y obligara a ceder el 30% de las viviendas. El Consistorio ha cuantificado en hasta 17 fincas, con 222 pisos, las que se han saltado la norma, que habrían aportado 70 pisos para protección oficial. Desde el Ayuntamiento se las ha instado a rectificar y se les sancionará con entre 90.000 y 900.000 euros.