El parque Tramuntana: 500 MW de eólica marina en Girona

La hoja de ruta energética de la Generalitat de Catalunya hasta 2050, presentada este pasado mes de febrero, requiere de la incorporación de generación eólica marina flotante para cumplir los objetivos de conseguir la neutralidad de emisiones contaminantes fijados por la Unión Europea para ese año, y las perspectivas del Gobierno catalán son ambiciosas, ya que calcula que se requerirán 1.000 MW de esta fuente energética renovable en la región para 2030, un tercio respecto a los 3 GW que plantea el Gobierno para toda España en las mismas fechas. A su vez, la potencia prevista a nivel nacional es también relevante, ya que supone el 40% de la meta europea, que es de 7 GW.

Actualmente, todavía se debe desplegar la normativa española para hacerlo posible, que es de competencia estatal, pero ya se ha hecho público un proyecto interesado en la Costa Brava catalana, frente al golfo de Roses (Girona). Se trata del parque denominado Tramuntana -en honor al potente viento que sopla en la zona-, que propone una instalación de 500 MW de potencia, si bien sus impulsores indican que la zona permitiría ubicar 1.000 MW. En ese caso, se lograría la potencia que ambiciona el Govern para dentro de ocho años, mientras que para 2050 pretende más que triplicar la potencia instalada (ver gráfico en la página siguiente). Y las posibles ubicaciones no son tantas, dado que la disponibilidad de viento para ubicar instalaciones eólicas rentables se concentra al norte y al sur de la comunidad autónoma, con el añadido de que la desembocadura del Delta del Ebro es una zona protegida, lo que complica los trámites para minimizar el impacto ambiental.

El parque Tramuntana, impulsado por las ingenierías españolas Bluefloat Energy y Sener, es el único que ha mostrado hasta el momento interés por la eólica marina en Catalunya, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que en junio de 2021 ordenó una moratoria de solicitudes hasta que no se desarrolle la normativa del sector. Hasta entonces, la Administración central había recibido peticiones de reserva de zona por más de 13 GW en toda España a través del canal habitual para la eólica terrestre, y tiene sobre la mesa 17 proyectos que han pedido el alcance de estudio de impacto ambiental, entre los que se incluye el parque Tramuntana.

Desarrollo normativo

El despliegue normativo para desplegar la eólica marina en España requerirá entre dos y tres años, según los cálculos del Gobierno, ya que es el Ejecutivo central el que tiene las competencias para regular y autorizar los aerogeneradores marinos, dado que se deberán situar en aguas externas y los parques ubicados en el mar superan la potencia de 50 MW, mientras que las competencias autonómicas están limitadas al litoral y a las instalaciones de menos de 50 MW.

Un primer paso relevante llegará esta primavera con la aprobación de los planes de ordenación de espacio marítimo (POEM), que definirán las zonas en las que se podrán ubicar los parques, pero después debe salir adelante más legislación: la concreción normativa de la eólica marina -la actual es de 2007 y ha quedado desfasada-, la subasta de las zonas entre los interesados que presenten oferta formal, y la subasta de la retribución de la energía que generen estos parques marítimos.

Mientras tanto, solo se permiten instalaciones experimentales, con cuatro casos ya activos o en trámite: tres en Canarias y uno en Vizcaya (País Vasco). El parque Tramuntana, que ha ido modificando su propuesta inicial -todavía abierta a cambios- tras conversaciones con el territorio, también prevé un espacio experimental, formado por una prueba piloto de 50 MW con tres aerogeneradores de 15 MW y tres posiciones más para casos de demostración con molinos más pequeños y que cambiarían con el tiempo, ligados a los proyectos que los utilicen. Pero la ambición del parque Tramuntana es instalar después otros 30 aerogeneradores en explotación comercial para alcanzar los citados 500 MW.

Carlos Martín, fundador y consejero delegado de Bluefloat Energy, ha explicado a elEconomista que están abiertos al “máximo diálogo y transparencia con el territorio y las administraciones y a ajustar el proyecto en la medida en que sea posible”. “Nuestra filosofía no es maximizar la inversión sino que el proyecto se pueda hacer”, expone, siempre que sea rentable. En este sentido, señala que técnicamente sería más eficiente más cerca de la costa, pero lo han alejado para reducir el impacto visual y situarlo en una zona donde no afecta a la pesca local. También prevén soterrar todas las líneas eléctricas de evacuación de la energía generada, aunque es más caro.

Martín reivindica que para sustituir la energía de las nucleares por renovables hace falta combinar varias opciones, y la energía solar y la eólica marina se complementan muy bien por sus horarios de generación. Asimismo, incide en la vertiente experimental y en que la eólica offshore es una tendencia global: “No existe ningún espacio de demostración en el Mediterráneo como el que estamos planteando, y es un mar donde explotará la eólica marina en los próximos años”. En cualquier caso, no espera que Tramuntana empiece a operar hasta dentro de tres o cuatro años, lo que lleva a 2026, si no hay retrasos legislativos o burocráticos por parte de la Administración Pública.

Oposición territorial y apoyo institucional

Pese a haber contactado con más de 1.000 personas entre asociaciones, administraciones públicas, universidades, entidades empresariales y sindicales, pescadores y científicos, el parque Tramuntana cuenta con un movimiento opositor en su contra, con la asociación Stop al macro parque eólico marino al frente -agrupando a una cuarentena de entidades-, mientras que la Generalitat se ha mostrado a su favor siempre que cumpla sus promesas de respeto ambiental.

Los detractores aducen el efecto contraproducente a nivel visual y sonoro tanto para el turismo como para la biodiversidad marina, mientras que la Generalitat argumenta que los paisajes van a cambiar para combatir el cambio climático, y que si la generación no se ubica en Catalunya, en vez de molinos habrá líneas de muy alta tensión cruzando el territorio, ya que el autoconsumo no es suficiente para cubrir la totalidad de la demanda.

Los impulsores del parque Tramuntana saben que la unanimidad será imposible, pero han dado pasos para sumar apoyos, como el acuerdo con los pescadores para ubicarse en una zona de veda. Está a 24 kilómetros de la bahía de Roses, y a 14 de la costa más cercana, el Cap de Creus, aunque la UE permite instalaciones a 8 kilómetros del litoral y la opción técnica óptima pasaba por instalarse a 10 kilómetros del punto costero más cercano, señalan.

Además, argumentan que la eólica marina flotante es poco invasiva con el fondo marino, tiene en cuenta los comportamientos de las aves en su diseño para evitar colisiones, y que otros proyectos internacionales ya operativos han constatado que no ha habido impacto en el turismo local. El parque Tramuntana también ha tenido en cuenta el corredor de cetáceos que pasa por la zona, más mar adentro, para proponer su ubicación a una distancia prudencial, y defiende que la percepción sonora desde la costa será nula o mínima.

Más proyectos

El parque Tramuntana fue el primero hecho público por la alianza entre Bluefloat y Sener, pero la primera ha ido anunciando más proyectos de eólica marina en España, y ya ha conseguido espacios de la mano de otros socios a nivel internacional. A nivel nacional, tras el catalán, ha planteado junto a Sener un parque en la costa almeriense de 300 MW, y otro en Galicia de hasta 1.200 MW en dos fases.

En Escocia se ha adjudicado tres zonas marítimas de 500, 1.000 y 1.200 MW, alejadas de la costa, y con el mismo socio opta a dos parques de 300 MW cada uno en el mar Céltico (Inglaterra/Gales) y prevé desembarcar en Italia con tres parques de 675 MW, 1.200 MW y 1.300 MW. En Francia se ha postulado para un concurso de hasta 750 MW en dos fases, y en Australia ha anunciado tres proyectos de 1.300, 1.400 y 1.600 MW. Además, tiene planes todavía por detallar para Nueva Zelanda y Grecia.