La propuesta catalana para la transición energética es inviable

Catalunya quiere pasar a la acción. Con la mira puesta en 2050, el Govern espera alcanzar la descarbonización plena de la generación energética. Esto supone la necesidad de multiplicar por 18 la potencia de energías renovables instalada actualmente para cumplir los objetivos establecidos, pasando por 12.000 MW en 2030, divididos entre 5.000 de eólica y 7.000 de fotovoltaica, según la Prospectiva Energética de Catalunya 2050 elaborada por el Instituto Catalán de Energía (ICAEN).

En el momento de la presentación del plan, la Generalitat admitió que “el reto es gigantesco”, pero garantizó que “tenemos un plan para definir un modelo energético renovable y distribuido, y sabemos cómo llevarlo a cabo”. Ese plan que dicen conocer habla de cerrar las nucleares en 2027, en la reversión de las concesiones de algunas centrales hidroeléctricas para controlar publicamente su generación y, como no podía ser de otro modo, la implicación ciudadana, alegando a que dejen de oponerse a la instalación de parques solares y eólicos. Desde el Govern adujeron que la eólica marina deberá tener un papel protagonista con la previsión de 1.000 MW en 2030 y 3.500 en 2050, así como también el autoconsumo fotovoltaico, con más de 500.000 instalaciones en tejados para 2050, aunque, admiten, “el autoconsumo no será suficiente”. Con todo, la consejera de Acción Climática, Teresa Jordà, reconoció que será el Plan Territorial Sectorial de las Energías Renovables el que decidirá dónde se instalan los parques de generación renovable en el territorio. “Esta revolución, o la hacemos o nos la harán”, dijo antes de advertir que las renovables cambiarán los paisajes.

Esta normativa cierra definitivamente el capítulo en el que ha sido la propia Generalitat la que ha obstaculizado el desarrollo de renovables, algo que prevé solventar con el recientemente actualizado decreto autonómico del sector. En cifras, para 2050, Catalunya debe cubrir el 97,5% de su consumo energético con renovables, destinando el 2,5% de su territorio a los usos energéticos aprovechando la instalación fotovoltaica actual y otros espacios como carreteras, puertos y aeropuertos. También se deberán instalar sistemas de almacenamiento que permitan desplazar los excedentes de energía en el tiempo, tanto al corto plazo como de forma estacional. Todo, para impulsar la energía renovable en una comunidad que se encuentra a la cola de España. Por ejemplo, en Aragón se producen 4.155 MW de energía eólica por los 1.269 MW de Catalunya, pese que la primera cuenta con un tercio de la superficie de la segunda.

Un plan inviable

Desde el ICAEN ven viable técnicamente y económicamente este plan tan ambicioso, pero desde los sectores implicados no lo tienen tan claro. Por ejemplo, el Colegio de Ingenieros Industriales de Catalunya advierte que es “irrealizable” tanto el objetivo para 2050 como para 2030. En un informe, los ingenieros advierten que las previsiones de evolución del consumo del Govern son demasiado optimistas y que las vías para cubrir esta demanda son limitadas y “confunden descarbonizar con electrificar” cuando hay una parte relevante del consumo que deberá cubrirse con otras energías como el hidrógeno, el biogás y los combustibles sintéticos.

Desde el organismo se denuncia que la Generalitat quiere instalar más potencia eólica de lo que es técnicamente posible y que la lentitud burocrática hará imposible alcanzar los objetivos marcados. En cifras, los ingenieros dicen que la transición energética en Catalunya costará 225.000 millones de euros y 160.000 empleos adicionales cualificados.

Primero disparo, luego pregunto

La sensación que queda en los sectores implicados es que la Generalitat ha lanzado sus objetivos sin prever medidas concretas que lo hagan posible y que hay barreras que imposibilitarán que se cumplan. Por ejemplo, desde Eoliccat piden “agilizar los proyectos de renovables”, ampliando el alcance de las medidas tomadas a los parques de hasta 50 MW. Recuerdan que la reforma del Decreto 24/2021 “ha sido una oportunidad perdida para incorporar buena parte de las propuestas del plan europeo REPowerEU en Catalunya y agilizar los proyectos de renovables”. Esta normativa limita su efecto a los proyectos de 5 MW. Según Eoliccat, solo el 3% de los proyectos presentados eran de menos de 5 MW, sumando apenas 450 MW, mientras que casi 14.000 MW correspondían a proyectos de hasta 50 MW. “Hay que simplificar la tramitación de todos los proyectos para que la medida sea efectiva”.

Según los datos de la Generalitat, en total hay solicitudes en Catalunya por 611 MW y la instalación de 108 aerogeneradores, 252 MW de los cuales tramitados a través de la Generalitat y 359 MW a través del Ministerio para la Transición Energética. Ninguna de las solicitudes ha sido aprobada todavía. En cuanto a las instalaciones fotovoltaicas, a través de la Generalitat hay 1.110 MW para 1.789 hectáreas y a través del ministerio 173 MW para 368 hectáreas. De las 2.151 hectáreas solicitadas, solo se han autorizado, de momento, 6,9.

Faltan profesionales cualificados

Desde la Federación de Gremios de Instaladores de Catalunya, Fegicat, denuncian que para cumplir con los objetivos marcados por la Generalitat se necesitarán más de 175.000 instaladores, es decir, 175.000 trabajadores cualificados y formados para llevar a cabo la instalación de todas las placas solares que deben posibilitar la transición energética. Esto es, según sus cálculos, la necesidad de incorporar 5.933 trabajadores al año hasta 2050. Raúl Rodríguez, director general de Fegicat, reconoce a elEconomista que el año pasado se incorporaron 683 personas, 666 hombres y 17 mujeres. “El déficit actual ya es de 18.000 personas, a los que habrá que sumar otros 19.000 de cara a 2025 o 2026, otros 36.641 para 2030 y otros 177.992 para 2050”, argumenta Rodríguez. “Estos cálculos se basan en la potencia instalada y no por instalar, es decir, que la cifra puede incrementar muy fácilmente”.

La solución no es contratar sin parar hasta 2050, puesto que son empleos que necesitan de personal cualificado por su complejidad y naturaleza. La solución, entonces, pasa por la educación y en eso Catalunya vuelve a suspender. “El sistema no funciona y tiene muchos déficits”, dice Rodríguez. “Necesitamos que el Departamento de Educación entienda que las FP son fundamentales y que la FP Dual actual no funciona porque está orientada a las grandes empresas”, añade. En ese sentido, detalla que la gran mayoría de compañías instaladoras son pymes o micropymes que no pueden colaborar con los centros educativos y que tampoco se pueden permitir el lujo de contratar a personal sin experiencia. “Un instalador empieza cobrando 1.500 euros al mes en 14 pagas y los contratos son indefinidos. Una empresa de cinco trabajadores no puede invertir esta cifra en una persona que, además, necesitará de otro trabajador para su formación, con lo que la productividad caerá”, explica.

Además, la oferta formativa en el sector es irrisoria. “Después de la crisis de 2008 muchos institutos decidieron cerrar ciclos de FP con nuestra especialidad. Reabrirlos es complejo porque se requiere de inversiones importantes. Además, los institutos pueden decidir en qué cursos invierten y están dejándose llevar por las modas de la sociedad y no por las necesidades laborales de Catalunya”, lamenta Rodríguez, que recuerda que en Catalunya el 30% de los jóvenes está en paro y que 175.000 trabajos “serían suficientes para solventar gran parte del problema, para dar empleo a los trabajadores despedidos de Nissan y al excedente de empleo de Seat”. Para ello, defiende, la Generalitat debería invertir 39 millones al año. “Con esta cifra daríamos salida a todos estos empleados pero la Generalitat prefiere dar 24 millones anuales para compensar el cierre de Vandellós y Ascó, 3.000 trabajadores”, lamenta el director general de Fegicat.

Con todo, Raúl Rodríguez concluye que “tenemos unas necesidades muy claras e inmediatas pero, ahora mismo, la transición energética es imposible”. “La política debe tocar con los pies en el suelo, tienen que proponer medidas claras e inmediatas, que tengan impacto, medidas que permitan a los jóvenes a acceder a formación específica de una forma sencilla y rápida, solo así podremos dar respuesta al problema”. Desde Fegicat, su director general confirma que están trabajando con la Generalitat para crear estas medidas que se adapten a la realidad del sector.