Verano de elecciones para revitalizar la economía catalana

Catalunya somete a escrutinio a la mayor parte de su representación empresarial en un mes. Patronales e instituciones económicas se someten a elecciones a comienzos de verano con un mantra que persigue a la comunidad desde la fuga de sedes sociales de 2017: el de la decadencia. De momento es más un lamento comparativo con el auge de Madrid y la pérdida de influencia que un dato real a la que los grandes dirigentes del territorio parecen haberse resignado.

La región creció un 5,8% en 2021 con el rebote tras el coronavirus, y aunque desde 2017 Madrid la adelantó en el PIB, no abandonó la senda del crecimiento. Sin embargo, empresarios y oposición no dudaron en lamentar el estancamiento de la economía y la pérdida de peso en los principales despachos en los últimos años. La salida de la pandemia, con los bares de la capital llenos y una Catalunya plagada de restricciones ahondó en la herida.

Los empresarios pusieron a los políticos en el foco y las críticas al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, por su política fiscal o la negativa a ampliar el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, y a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por las limitaciones a actividades como el turismo, se suceden en los últimos años. Son muchos los que esperan un cambio que, como pronto, se produciría en las elecciones municipales de 2023. Para las autonómicas hay que esperar a 2025.

Antes llega el turno de los empresarios. Las patronales Foment del Treball y Cecot, el Círculo de Economía y Barcelona Global tenían fijados sus comicios entre el 27 de junio y el 18 de julio. Y salvo en el Círculo, donde un candidato continuista es el favorito, no se vislumbran muchos cambios al frente de las organizaciones.

De hecho, no hubo elecciones ni en Cecot –patronal adscrita a Foment- ni en Barcelona Global. Cecot escogió al empresario metalúrgico Xavier Panés como nuevo presidente tras 17 años de mandato de Antoni Abad. Mientras, la institución barcelonesa eligió a Maite Barrera, presidenta de la consultora Bluecap, para los próximos dos años. Ni hizo falta acudir a las urnas.

Tampoco se atisba una alternativa para Josep Sánchez Llibre, actual presidente de Foment del Treball. La gran patronal catalana avanzó sus comicios, previstos para el otoño, al 18 de julio. El exdiputado de CiU no tiene a día de hoy una oposición organizada en la entidad y el temor a que el independentismo trate de formar una candidatura paralela perdió fuerza después de la derrota de Eines de País (avalada por la ANC) en Pimec, la patronal de las pequeñas y medianas empresas, el año pasado.

Más miga tiene el enfrentamiento entre Jaume Guardiola, delfín de Javier Faus, y Rosa Cañadas en el Círculo de Economía. Con la cita a las urnas fijada para el 12 de julio, serán las primeras elecciones en la historia de la organización. Y la falta de costumbre ensucio un procedimiento que la candidata alternativa denunció por estar, a su juicio, plagado de dificultades y posibles irregularidades. En las quinielas el exconsejero delegado de Banco Sabadell parte como favorito después de triplicar los avales de su rival en la primera fase.

Y hasta 2023 no deberían producirse los comicios de la Cámara de Barcelona que preside Mónica Roca. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) anuló a finales de junio el decreto que permitió las votaciones en las que la candidatura independentista de la ANC, entonces con Joan Canadell al frente, se hizo con la victoria. Los actuales mandatarios confían en que las nuevas tramitaciones necesarias permitan alargar su mandato hasta la fecha prevista.

En las últimas semanas también hubo otros movimientos de menor calado. En el Colegio de Economistas, Carles Puig de Travy, consejero delegado de Crowe, sustituyó a Oriol Amat como decano. En Femcat, David Marín, consejero delegado de Inaccés Geotècnica Verticual, relevó a Elena Massot, consejera delegada de Vertix.

Qué hacer con la decadencia

Visto el panorama, los encargados de reactivar el estancamiento económico serán prácticamente los mismos empresarios o sus herederos. Y desde hace aproximadamente un año algo se mueve en el seno de las organizaciones. El catalizador: la ampliación del Aeropuerto de El Prat, que de momento no salió adelante tanto por la negativa de la Generalitat como por las diferencias entre socios del Gobierno español.

Sin embargo, las instituciones no dan por perdida la inversión de 1.700 millones de Aena. El año pasado, con la expansión todavía sobre la mesa, dirigentes de todas las afinidades políticas se reunieron en la escuela de negocios Esade para tratar de impulsar una obra que no salió. Pero el proyecto no está enterrado. Desde entonces las reuniones entre directivos se suceden para ver cómo seducir al Ejecutivo catalán para que otorgue su visto bueno.

Y aunque el abandono de la candidatura a los Juegos Olímpicos Pirineos-Barcelona de 2030 fue un varapalo, victorias como la Copa América de Vela para 2024, la reactivación turística y la renovación del Mobile World Congress llenaron de confianza al lobby empresarial -cuya cabeza más visible es Josep Sánchez Llibre- para revertir la atonía.

La asignatura pendiente todavía es el retorno de sedes de las compañías que se marcharon en otoño de 2017 tras el referéndum independentista. Ninguna grande volvió, con la excepción de Agbar por necesidades del negocio. Y no parece que ninguna esté por la labor de volver a pesar de los esfuerzos de Foment del Treball por conseguirlo. “Siendo sincero, si hubiese conseguido que las sedes volvieran no me hubiera vuelto a presentar”, admitió Sánchez Llibre el día que hizo oficial la convocatoria de elecciones. El dirigente aseguró que la operación retorno será uno de los puntales del nuevo mandato, aunque también lo era del anterior y no tuvo éxito. “No lo hemos logrado hasta el momento, es cierto, pero tengo ganas e ilusión, sé que no será fácil, pero no creo que sea una misión imposible”, zanjó.

Pero más allá de las compañías catalanas que se fueron existe otro fenómeno de difícil solución: la desaparición de la empresa familiar. A lo largo del último lustro, empresas como Cirsa (Manuel Lao), Pronovias (Alberto Palatchi), Codorníu (familia Raventós), Miquel Alimentació (familia Miquel) y Pastas Gallo (familia Espona) pasaron de estar controladas por dirigentes vinculados al territorio a ser propiedad de fondos de inversión. Y Catalunya tiene poco que decir en el sector del private equity. Apenas Miura Partners está basado en Barcelona en un sector dominado entre Madrid y Londres, donde fondos y bancos de inversión controlaron prácticamente todas las operaciones de compraventa al calor del dinero gratis. Hoy muchas firmas catalanas se juegan su futuro en despachos de la capital.

En la comparativa entre territorios, la clase empresarial mira con envidia la política fiscal de Madrid; un camino que las patronales no lograron convencer a la Generalitat para seguir. Catalunya tiene 15 impuestos propios como el canon del agua, la deposición de residuos industriales y de la construcción, la incineración de residuos municipales, el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, tasas sobre las estancias en establecimientos turísticos, a las emisiones o a la aviación. Serían 19 de no ser por los declarados ilegales por el Tribunal Constitucional. Madrid en cambio tiene cero.

Y la política del Govern no tiene visos de cambiar. Entre sus compromisos futuros tiene la aprobación de nuevos tributos a las emisiones de la industria, los cruceros y los barcos de mercancía. Si el trabajo de lobby de patronales e instituciones no lo evita, los nuevos gravámenes verán la luz a lo largo del próximo 2023.