Los empresarios también deben responder por el estancamiento económico de Catalunya

Cuando se denuncia el estancamiento o la decadencia -según a quien le pregunten- de Catalunya, las miradas y las críticas se dirigen siempre a la clase política del territorio. Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, Jaume Giró, conseller de Economía, y especialmente Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, sirven como saco de golpes ante cualquier contratiempo económico o anuncio negativo para la actividad empresarial del territorio.

Es evidente que decisiones como la negativa a ampliar el Aeropuerto El Prat, la creación de nuevos impuestos autonómicos y el mantenimiento de tasas como Patrimonio o Sucesiones no ayudan. “Las grandes tecnológicas tienen a los ingenieros en Barcelona, pero los centros de decisión en España están en Madrid”, explicaba hace días un dirigente del sector. Tampoco ayudan las políticas de la capital catalana y las restricciones que a la actividad turística o la movilidad.

Sin embargo, ¿quién fiscaliza a la clase empresarial catalana? Entre junio y julio, Foment del Treball, el Círculo de Economía, Barcelona Global y Cecot celebrarán elecciones y, salvo sorpresa mayúscula, sus dirigentes actuales repetirán mandato o lo harán sucesores avalados por ellos. Los mismos que ocuparon sus asientos y, aunque levantaron la voz, no pudieron evitar la pérdida de influencia, serán los designados para enmendar la situación.

El ejemplo más claro es el del retorno de sedes sociales. La decisión de marcharse la tomaron empresarios catalanes y, a pesar del esfuerzo de patronales y políticos, ninguna volvió. Ni los grandes el Ibex, ni firmas industriales tomaron el camino de vuelta, aunque la tensión independentista se haya relajado en los últimos años. Y cada vez son más voces las que auguran que el camino solamente fue de ida. Las instituciones tampoco consiguieron persuadir en su papel de lobby a la Generalitat para que diese su visto bueno a la ampliación de El Prat, a pesar de montar un acto multitudinario el año pasado en Esade. No pudieron tampoco que sus demandas para eliminar el Impuesto de Patrimonio tuvieran efecto, ni que Catalunya tomase el camino de rebajas fiscales tomado por la Comunidad de Madrid.

Y la presión parece que irá a más. Hoy el territorio tiene en estudio nuevos tributos. No parece que las vías de comunicación con Aragonés, Giró, Torrent y Colau tengan recorrido. Sin embargo, los empresarios catalanes optarán por dar un nuevo voto de confianza a sus representantes actuales, que una vez vieron la imposibilidad de competir con Madrid parece que quieren abrazarse a ella con proyectos conjuntos y reforzar su presencia en la capital. Lo cierto es que nadie hizo oposición ni se movió como alternativa, aunque los resultados cosechados hasta ahora sean cuanto menos discutibles.