El ‘Parlament’ y la falta de ética en el poder legislativo
Este pasado mes de enero, la perseverancia de una periodista ha dado valor a la denominación de la prensa como cuarto poder, destapando las vergüenzas de una política de privilegios en el Parlament de Cataluña que estaba en vigor desde 2008 y que solo tras salir a la luz pública se ha acordado eliminar -aunque sin efectos retroactivos y con ejecución de la decisión pendiente de concretar-. Hablo de las licencias por edad que concedía la Cámara catalana, permitiendo a determinados trabajadores cobrar el sueldo íntegro y seguir acumulando derechos laborales durante hasta los cinco años previos a la jubilación del empleado sin acudir ni un solo día al puesto de trabajo, con un coste anual en 2021 que rondaba los 1,7 millones para 21 funcionarios mantenidos, según las pesquisas del diario Ara.
Ciertamente, era un procedimiento legal, pues fue aprobado por la Mesa del Parlament hace más de una década, pero no lícito, por injusto e inmoral. Y es todavía más sangrante que a lo largo de los años se hayan ido concediendo hasta un total de 62 licencias por edad sin que ningún grupo político se haya leído en qué consistían. Para más inri, la Sindicatura de Cuentas, que es el organismo fiscalizador del sector público catalán y que está adscrito a la normativa laboral del Parlament, se vio obligada por los tribunales a aplicar el mismo privilegio a varios empleados que lo reclamaron por la vía judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dio la razón a los funcionarios porque cumplían los requisitos para beneficiarse de la licencia por edad, pero advirtió -sin que nadie tomase nota- de que era una norma injusta y que provocaba un elevado coste público.
Y lo peor es que no es el único comportamiento escandaloso en la Cámara catalana, ya que sus diputados siguen cobrando las dietas de desplazamiento pese a primar el teletrabajo por la pandemia.