El 71% de los catalanes tendrá limitaciones para circular en 2025

Poco importa que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya anulara la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona en marzo. La realidad es que el futuro de las urbes catalanas pasa por la restricción de la movilidad como forma para mejorar la calidad del aire. Es la medida elegida por la administración y distintos organismos, que como es habitual cargan sobre el ciudadano la responsabilidad de tener que comprarse un coche menos contaminante, aunque al basarse sobre el etiquetado de la DGT, que mira tecnologías y no emisiones, es posible comprar coches ‘ECO’ que emiten más que un diésel de 20 años de antigüedad. Así son las cosas y, pese a que el TSJC decidió anular la ZBE de Barcelona -la única de Catalunya de momento- por “falta de informes que avalen algunas restricciones, exceso del ámbito geográfico de implantación y excesiva restricción del tipo de vehículos afectados”, lo cierto es que, más pronto que tarde, el consorcio barcelonés, AMB y el resto de ayuntamientos afectados, reharán la ordenanza para volver a ponerla en marcha.

No obstante, lo cierto es que es imperativo mejorar la calidad del aire y parece que, según el acuerdo suscrito por la Generalitat, entidades locales, organizaciones y agentes sociales y económicos en la tercera Cumbre de la Calidad del Aire, el mejor método para conseguirlo es “descarbonizar la movilidad con el impulso de un transporte más colectivo, compartido y conectado, es decir, intermodal”. Para ello, pese a que el Gobierno español dictó que todos los municipios de más de 50.000 habitantes deberán tener una ZBE, cuyas restricciones serán decididas por los ayuntamientos, a partir de 2025, en Catalunya serán todos los municipios de más de 20.000 habitantes los que deberán implantar una.

5,5 millones de habitantes

En cifras, según datos proporcionados por el Idescat a elEconomista, en enero de 2021 había 67 municipios con más de 20.000 habitantes, que acumulan un total de 5.528.384 habitantes, lo que supone que el 71% de los 7.763.362 millones de catalanes verán restringida su movilidad a partir de 2025 según los criterios de cada ayuntamiento, aunque según el Govern se “establecerán directrices comunes de las ZBE en toda la región para que la ciudadanía pueda entender qué quieren decir estas zonas”. Según el plan, las ciudades de más de 50.000 habitantes deberán definir cómo serán sus ZBE para 2023, mientras que el resto tendrán hasta 2024. La Generalitat activará una línea de ayudas de seis millones de euros, procedentes del fondo climático, que se nutre de la mitad de los ingresos obtenidos sobre el reciente impuesto sobre el CO2 de los vehículos, para dar soporte a los municipios, con una primera convocatoria de 4,5 millones de euros este mismo año.

En la cumbre se definieron además estrategias para trabajar por una movilidad más sostenible y para la optimización del uso de biocombustibles y se establecieron las líneas de actuación para episodios de contaminación. Asimismo, la Generalitat se comprometió a posibilitar la aprobación de la Ley de Calidad Atmosférica durante esta legislatura. Sin embargo, y pese a los objetivos para las ZBE de las ciudades, entidades como la AMB no salieron muy satisfechas. Según AMB fue la cumbre “menos ambiciosa de las tres” porque “se basa en la gestión que hagan los ayuntamientos” y no en el consenso. La entidad pidió “mejorar el transporte público”, sobre todo Rodalies, y aplicar la ley del Cambio Climático. “Lo que hemos aprobado hoy no tiene ninguna novedad”, acabó.

Entidades como el Puerto de Barcelona o el Puerto de Tarragona, en cambio, sí recibieron con optimismo el acuerdo de la cumbre de la Calidad del Aire de Catalunya y anunciaron su adhesión al mismo con varios compromisos importantes para reducir su impacto ambiental, también importante por la naturaleza de su actividad. Entre sus objetivos estaban la reducción de las emisiones de óxidos de nitrógeno, garantizar que la energía eléctrica provenga de fuentes renovables, la electrificación, en el caso de Barcelona, de todos los puntos de amarre de cruceros, portacontenedores y ferris para 2030 a partir de acuerdos como el suscrito con Grimaldi para conectar sus buques a la red eléctrica, o dar continuidad a las estrategias de sensibilización y educación ambiental.

Con todo, Catalunya recibirá además 218 millones de euros desde los fondos europeos para dedicar a la descarbonización y a la digitalización de la movilidad urbana, además de para la aceleración de la implantación de las ZBE, siendo la comunidad española que más recibirá en este aspecto.

La importancia de las renovables

Virar hacia un transporte menos contaminante y más electrificado es clave para mejorar la calidad del aire y la reducción de emisiones, pero de nada sirve si la energía eléctrica utilizada se genera mediante procesos contaminantes. En ese sentido, queda un largo camino por recorrer, aunque Catalunya está en un buen punto de partida, generando el 76% de toda la energía a partir de procesos sin emisiones de CO2 equivalentes y el 17% a partir de fuentes renovables, siendo la región líder en España en generación eléctrica libre de emisiones. En cuanto a la potencia instalada, las energías renovables representaban a cierre de 2021 el 30,3% del total, una cifra, sin embargo, alejada de lo ideal. Catalunya está sufriendo para encontrar el encaje del despliegue de renovables por varios problemas, entre ellos la negativa de muchas localidades a instalar parques eólicos, las trabas normativas de la Generalitat, que están poniendo en peligro proyectos eólicos por una potencia de, al menos, 1.000 MW y el rechazo al decreto 12/2019, que desregularizó el suelo sobre el que instalar placas y aerogeneradores y que provocó más de 1.000 solicitudes para aerogeneradores y 9.518 hectáreas para placas solares.