La industria ha cumplido, ahora deben hacerlo las administraciones
Podemos debatir si la electrificación es la opción correcta o no. Si el hidrógeno hubiera sido mejor opción por la facilidad de su repostaje y sus cero emisiones, si se produce de forma correcta. Si los combustibles sintéticos son una alternativa más barata e incluso efectiva. Da igual. La industria del automóvil lo ha apostado todo a la electrificación, y así debe ser, pues muchas dependen del éxito de esta transformación para sobrevivir. A nivel global, las firmas más importantes han invertido e invertirán decenas de miles de millones de euros cada una para desarrollar coches eléctricos, producir y comprar baterías y, en definitiva, poner a disposición coches eléctricos a toda la población.
Seat, por ejemplo, será una marca clave en su democratización, como ya lo fue hace décadas con el coche de combustión, cuando en 2025 empiece a producir coches eléctricos urbanos de marcas del Grupo Volkswagen, seguramente Skoda, por precios inferiores a los 25.000 euros. El de Cupra, que también se ensamblará, será presumiblemente más caro. Está claro que los coches eléctricos son el futuro, y a muy corto plazo, pero hay un problema. ¿Cómo vamos a cargar tantos coches?
¿Es idílico pensar que un parque de decenas de millones de coches, a nivel español, y de millones de vehículos eléctricos en Catalunya pueden cargarse con la infraestructura eléctrica actual? No nos referimos a los cargadores todavía, sino a una red eléctrica que, además de ser noticia por sus precios disparados, conviene recordar que no genera suficiente energía para alimentar a todo el país y que, por tanto, conviene comprar a países como Francia.
Es posible, pero solo si el Gobierno actúa. Supongamos que los aproximadamente 3,8 millones de coches que circulan en Catalunya, según datos de Carwow, disponen de la energía suficiente para alimentarse. Vale. Ahora pensemos en los cargadores. Es hora de que las administraciones inviertan lo suficiente para crear una red de carga pública a la altura de sus ambiciones. Obviamente se debe apuntar a empresas energéticas para que, como las petroleras hicieron con las gasolineras, instalen puntos de carga, pero estas no tienen prisa, pues su negocio no depende de ello. Sin una inversión pública importante no se conseguirá una red que pueda soportar el cambio. Planes como el anunciado por la ciudad de Barcelona (ver sección A Fondo) son bienvenidos, pero insuficientes y tampoco podemos pedirle a marcas como Seat, que lucha por fabricar baterías y eléctricos en España, o Kia, una de las más activas en Catalunya, que se encarguen de instalar los cargadores. Asimismo, en muchos pueblos del interior, donde los todoterrenos son los vehículos más vistos, hay uno o ningún cargador y muchas veces está fuera de servicio. ¿Cómo puede el Govern exigir nuevos impuestos para incentivar el cambio a la movilidad eléctrica si no da soluciones a toda su población?