Trabas públicas y privadas a infraestructuras catalanas clave

Catalunya acabó 2019 con esperanzas en dos infraestructuras clave para el futuro: las energías renovables y la ampliación del Aeropuerto de Barcelona. En el primer caso, la Generalitat aprobó un decreto que ponía fin a una década de restricciones que habían paralizado la instalación de nuevos parques eólicos en la comunidad, y en el segundo, Aena inició trámites para ampliar la capacidad de El Prat hasta los 70 millones de pasajeros, mientras la infraestructura superó sus récords aquel año con más de 50 millones de usuarios, acercándose a su techo con las instalaciones actuales.

Pero casi un año y medio después, el crecimiento en ambos ámbitos está en duda, y no solo por los efectos de la pandemia, sino por trabas públicas y privadas de visión miope. Choca escuchar al consejero catalán de Empresa, Ramón Tremosa, afirmar este abril que la ampliación de El Prat no es urgente, cuando hace un año la Generalitat la reclamaba efusivamente, porque el tráfico ha caído en picado por el Covid-19. Olvida que las previsiones apuntan a recuperar los niveles de 2019 hacia 2026, y que cualquier obra de magnitud en un aeropuerto requiere de años de licitaciones y ejecución, por lo que las decisiones hay que tomarlas ahora.

En línea similar, ERC ha acordado con la CUP una moratoria a instalaciones renovables -si logra presidir el Gobierno catalán esta legislatura- cuando todavía no se ha empezado a construir ningún parque desde el decreto de finales de 2019 porque la tramitación para conseguir todos los premios conlleva también años. Y a la vez, ayuntamientos y entidades del sur de Tarragona rechazan los aerogeneradores en tramitación porque no los quieren concentrados en su territorio, obviando que es donde más viento sopla y por ello donde son más eficientes. Luego llegarán los lamentos de oportunidades perdidas.