El acceso a la vivienda y su mantenimiento, cada vez más difícil
El precio medio del alquiler y de acceso a la vivienda se disparó en Catalunya debido a la crisis económica de 2008, la baja inversión de las administraciones en un parque público y un mercado especulativo. La pandemia ha traído moratorias y caídas de precios, pero el problema persiste.
En el año 1948, concretamente en diciembre, se firmó en París uno de los documentos más importantes de la historia de la humanidad, la Declaración de los Derechos Humanos, una colección de derechos que debía servir de base para la convivencia del futuro, una convivencia basada en el bienestar y la paz. Veníamos de dos guerras mundiales y, aunque pronto iba a arrancar la Guerra Fría, la voluntad era buena. En este documento queda escrito que todas las personas tienen derecho a la vivienda, a un techo que les dé cobijo, calor y protección. Puede parecer una perogrullada, pero ni siquiera el Tribunal Constitucional español va tan lejos en este sentido, reconociendo solo que el derecho a la vivienda se puede relacionar con algunos derechos fundamentales, renunciando a referirse al mismo como un derecho fundamental. Es por eso que quizá no es extraño vislumbrar el panorama actual en materia de vivienda, un contexto en el que cada vez es más complicado no ya adquirir una en propiedad, sino también alquilar.
Según el informe El derecho a la vivienda, presentado en mayo por el Consejo de Trabajo, Económico y Social de Catalunya (CTESC), el precio del alquiler en Catalunya ha subido un 36,1% entre 2014 y 2020. Según el documento, durante ese período subieron tanto el número de contratos de alquiler, como el precio medio a pagar por ellos, multiplicando el número de contratos desde los 60.126 del año en el que explotó la crisis económica mundial, hasta los 135.509 de 2020. Esta subida tiene varias causas, como la imposibilidad de la compra derivada del aumento de precios consecuencia de la burbuja inmobiliaria. El alquiler es una modalidad que ha ganado mucho peso durante los últimos años, sobre todo en las grandes ciudades. Sin embargo, este incremento de la demanda no ha ido acompañada de una subida de la oferta, con lo que el precio medio a pagar ha pasado de los 678 euros a los 734 euros entre ambos años.
Estas cifras no serían un problema si el salario medio también hubiera crecido, pero es que, según el informe, en el área metropolitana de Barcelona el 35,2% de las personas destina un 40% o más de sus ingresos a los gastos de vivienda, es decir, casi la mitad de todo lo ganado en un mes a mantener un techo, imposibilitando el ahorro y el desarrollo personal, eliminando proyectos de futuro como posibles inversiones e incluso formar una familia.
Dificultades para acceder a la vivienda
Acceder a la vivienda, pues, se ha convertido en una misión complicada para aquellos jóvenes que buscan independizarse, así como para aquellos adultos, asalariados y, sobre todo, parados que busquen un nuevo hogar. Según el informe de CTESC, este hecho se produce por el crecimiento sostenido del precio de la vivienda por encima de la renta familiar disponible desde 2004, así como la falta de vivienda de protección oficial, problemas económicos y la falta de coordinación entre políticas de vivienda y sociales.
Según datos del año 2018, Catalunya cuenta con el 77,2% de viviendas principales sobre el total. De estas, el 68,6% son en propiedad, un 10% menos que en 2001, y el 26,7% en alquiler, el 10% más. La crisis económica está detrás de esta diferencia. El 1,3% restante son viviendas vacías, un 9,6% menos que desde el CTESC achacan a la creación de pisos turísticos. Con todo, el precio medio a pagar por una vivienda nueva subió entre el 2008 y el 2020 desde los 245.938 euros hasta los 288.299 euros, mientras que el precio a pagar por viviendas usadas descendió desde los 230.101 euros hasta los 187.521 euros. Según el informe, para invertir en vivienda se destinaban en 2015 6,9 años de ahorro, mientras que ahora se destinan 8,5 años. La tendencia, según estima el CTESC, es que siga aumentando. Para 2035, la entidad espera que el número de viviendas en la región pase desde los 3,01 millones hasta los 3,34 millones.
No se limitó el CTESC a retratar un panorama a todas luces desolador para todo aquel que busca acceder a la vivienda, sino que también lanzó una batería de propuestas para mejorar la situación, la mayoría encaradas a la inversión en vivienda destinada a políticas sociales y dejar de pensar en el mercado inmobiliario como un mercado en el que especular en torno a su precio en beneficio de los más capaces. Según el organismo, se debería apostar por un parque de viviendas diversificado destinadas a políticas sociales a un ritmo de 25.000 anuales para alcanzar un 15% de viviendas principales destinadas a estas políticas en 20 años. Además, insiste en considerar la vivienda un “pilar esencial del Estado del bienestar”. Asimismo, instó al Govern a aumentar la inversión en vivienda hasta el 1% del PIB y aprovechar los fondos europeos para solucionar el problema de la vivienda en Catalunya.
Más ambiciosas fueron las propuestas del sindicato UGT al recibir el informe. El sindicato compartió la sensación de que las políticas actuales “están orientadas a desgravaciones e incentivos antes que a la compraventa y en vivienda de protección oficial con caducidad de protección”. Para revertir la situación, la UGT instó a que la inversión alcanzara el 2% del PIB, con la Generalitat aportando un 1% y el Estado otro 1%, así como alcanzar las 450.000 viviendas protegidas en Catalunya, 100.000 de las cuales dedicadas al alquiler social. Cabe recordar que la inversión pública actual en materia de vivienda en Catalunya y España equivale al 0,1% del PIB. Desde el sindicato también se exigió una regulación del precio del alquiler para evitar la especulación inmobiliaria, y el retorno de los pisos turísticos al mercado de alquiler. Estas iniciativas forman parte de una lista de hasta diez propuestas para abordar la escalada sin pausa de precios de la vivienda en Catalunya, entre las que también destaca un plan de choque contra el sinhogarismo.
Colau pide al ‘Govern’ que “se ponga las pilas”
Según datos del Ayuntamiento de Barcelona, solo durante este año el consistorio ha impulsado más de 2.000 viviendas públicas en la ciudad, mientras que la Generalitat solo poco más de 30. Ada Colau, alcaldesa de la ciudad, calificó estas cifras como “ridículas” en un acto en el que se celebraba la colocación de la primera piedra de una nueva promoción de 72 viviendas públicas en el barrio de la Marina. La alcaldesa estimó que, hasta final de año, serán cerca de 10.000 los pisos impulsados por el consistorio, con lo que se convertirá en la administración que más vivienda pública promoverá del Estado.
Lo cierto es que las políticas en materia de vivienda pública han sido un eje central del programa de Ada Colau desde su llegada al ayuntamiento barcelonés en 2015, año en el que había 7.500 viviendas de gestión municipal. Para 2023, año electoral, espera que haya 12.000 pisos, casi doblando la cifra inicial. Una de sus medidas estrella fue la que dicta que los promotores privados deben destinar un 30% de las nuevas viviendas a vivienda pública. Colau dijo que la aplicación total de esta norma no llegó hasta diciembre de 2020 y que pronto se verán los resultados. Pese a los esfuerzos, lo cierto es que los precios en Barcelona, como en toda Catalunya, van al alza, con lo que urgen medidas.