Fraude energético, una lacra que sufren empresas y usuarios

El fraude energético se ha convertido en una lacra que afecta no solo a las compañías del sector como Endesa, que distribuye el 90% de la electricidad en Catalunya, sino también a miles de personas que sufren cortes de luz, con, en algunos casos, consecuencias fatales. Durante los últimos años, según datos de la misma Endesa, se han defraudado millones de kWh en la red catalana. El perfil de defraudador es muy variado, pasando desde los que usan la energía para cultivar grandes cantidades de marihuana, algo que dispara el consumo de luz, hasta el particular que empalma algunos cables para ahorrarse algunos euros. En cualquier caso, sobre todo por culpa de los primeros, las redes pueden sufrir sobrecargas porque no están adaptadas al incremento del consumo que supone una plantación de marihuana. En ese caso pueden suceder dos cosas, que Endesa corte el suministro energético para evitar que se produzcan accidentes derivados de la sobrecarga o, por contra, que la compañía no se anticipe y termine ocurriendo una desgracia.

Según Endesa, el perfil habitual de defraudador energético son grandes consumidores, desde empresas hasta los cultivos. De hecho, durante el último lustro han aflorado incontables cultivos de marihuana directamente asociados a fraudes energéticos. Solo durante el primer semestre de 2020, la Guardia Civil intervino en 225 cultivos un total de más de 5.000 kilos de marihuana, a los que hay que sumar 1.385 kilos más requisados por la Policía Nacional hasta agosto de 2020. Asimismo, a finales de año los Mossos d’Esquadra localizaron 55 plantaciones en ciudades como Salou, Reus, el Vendrell y Fonteta. En estas últimas, todas cometían fraude eléctrico. Por último, la Agencia Tributaria desmanteló en diciembre una plantación en Badalona con 2.133 plantas a punto para ser distribuidas. De nuevo, la nave estaba conectada ilegalmente a la red eléctrica. Según el comunicado oficial, las conexiones estaban parcialmente fundidas y el riesgo de incendio era inminente. La policía catalana cerró el año con 358 intervenciones en cultivos ilegales. Catalunya, por su situación geográfica y legislación, es casi un paraíso para cultivar esta planta. Prueba de ello es que, con datos de 2018, la región concentró la mitad del fraude energético registrado en toda España. Ese año, Endesa detectó 34.000 casos de fraude eléctrico, abrió 26.439 expedientes y cifró en 289.98 millones de kWh la energía defraudada. El consumo medio de un hogar en todo un año apenas supera los 3.000 kWh. Cuando se cultiva marihuana, el consumo energético se dispara y se multiplica por 20.

La Generalitat trabaja para actuar con rapidez y evitar que se produzcan cortes de luz que afecten a personas que pagan religiosamente su consumo eléctrico. Solo en Catalunya, se calcula que casi 400.000 hogares pueden sufrir cortes de luz derivados del cultivo de marihuana, aunque es una cifra orientativa. Este mes de febrero, Endesa entregará a la Generalitat una lista de los cortes de luz para decidir las próximas acciones que se llevarán a cabo. De momento, el pasado mes de enero se reunieron representantes de los departamentos de Interior y Empresa y Conocimiento de la Generalitat para coordinar la lucha contra el fraude en el suministro eléctrico, que tras mantener una tendencia a la baja durante el último lustro, volvió a dispararse el año pasado. “El fraude en el ámbito eléctrico también pone en riesgo la seguridad y el bienestar de personas y bienes”, dijo Manel Torrent, director general de Energía, al terminar dicha reunión.

Posibles medidas

Los cortes de luz derivados de esta conexión fraudulenta a la red eléctrica provocan el malestar de cientos de miles de ciudadanos, que pueden sufrir parones de entre minutos a horas que, por ejemplo, pueden echar a perder toda la reserva de comida de la nevera o dejar a un hogar sin calefacción. Sin embargo, estos usuarios seguirán pagando la cifra que Endesa les pida por su consumo cuando toca porque si no pueden enfrentarse a acciones legales. De momento, para luchar contra esta problemática social, la Generalitat ha interpuesto hasta 90 sanciones a las distribuidoras por valor de 7,2 millones de euros desde 2015 por la deficiente calidad del servicio que ofrecen. Aunque muchas veces se deriva del fraude, no deben pagar justos por pecadores. Al mismo tiempo, se están explorando medidas a nivel legislativo para minimizar los fraudes no derivados del cultivo ilegal de marihuana, como el derivado de la ocupación o la pobreza energética. En los pisos ocupados no hay contadores y se opta por el fraude para obtener energía en dichos hogares, al tiempo que las personas sin medios económicos para pagar el recibo, pueden pensar en el fraude como última opción antes que vivir apagados.

Desde las compañías energéticas y de otros sectores, como es el caso de la Fundación Empresa, Seguridad y Sociedad (Esys), cuyos patronos son Endesa, Telefónica y Prosegur, entienden que no deben cargar ellos mismos con el peso y la culpa del fraude energético y por eso han pedido al Gobierno que se establezcan penas de cárcel de tres a cinco años, similares a las existentes en Alemania, Italia y Francia, para atajar el robo de electricidad. En coste económico a nivel español, el fraude alcanza los 150 millones de euros anuales. Según un informe publicado por Esys, la situación es muy complicada y el robo de energía es muy difícil de detectar porque sin una revisión en el lugar donde se produce dicho fraude solo se pueden detectar subidas puntuales de la demanda energética y un aumento de las pérdidas en las redes. Esys apunta que para cometer fraude hacen falta técnicos capaces de manipular redes, realizar dobles acometidas y manipular los modernos contadores digitales, algo que exige conocimientos muy especializados. La legislación española y catalana prevé medidas muy suaves comparadas con el extranjero, como la suspensión del suministro, algo que entienden es insuficiente e instan a optar por penas de cárcel y multas.