El difícil equilibrio entre preservar salud y otros derechos

Mucho se ha hablado en enero en la política catalana sobre si la situación epidémica en la comunidad era motivo suficiente para posponer las elecciones autonómicas. De hecho, la cuestión ha acabado en los tribunales y ni los magistrados tienen unanimidad de criterio dada la convergencia de dos derechos fundamentales: el de la salud o la vida, y el de la participación política. Pero la pandemia lleva meses creando dilemas con muchos otros derechos básicos, como el derecho a la educación -para quienes no cuentan con recursos suficientes para seguir el curso telemáticamente- o a la libre circulación -por los repetidos confinamientos y perimetrajes territoriales-.

Además, el inicio de la campaña electoral para los comicios del 14 de febrero ha generado una nueva situación de conflicto: la ley permite saltarse el confinamiento municipal vigente en Catalunya para asistir a mítines, mientras está prohibido cualquier desplazamiento para compras no esenciales o actividades de ocio, limitando todavía más el negocio a sectores ya de por sí muy castigados por limitaciones de apertura y aforo. Los partidos catalanes han acordado limitar al máximo los actos de campaña con público, e intentar que sea poco y del mismo municipio donde se celebre, pero con la ley en la mano, si alguien quiere abandonar su localidad con el pretexto de acudir a un acto político, puede hacerlo.

Asimismo, las medidas de prevención sanitaria también limitan las opciones informativas durante una campaña electoral que será eminentemente telemática. Mientras que en otros comicios los periodistas seguían a los candidatos en todos sus actos e incluso compartían alguna comida o desplazamiento, esta vez mediarán las frías pantallas del ordenador entre unos y otros, a través de imágenes realizadas por los propios partidos. Nada se sabrá de lo que pasa más allá de los focos.