La responsabilidad es un deber de todos,
incluso cuando no nos viene bien
Termina el verano, pero no habrá pasado mucho tiempo hasta que la actualidad vuelva a atropellarnos con su ritmo frenético de sucesos. El coronavirus seguirá dictando cómo se deben y cómo se pueden hacer las cosas, al menos hasta que llegue un método efectivo, como una vacuna, para acabar con él. Sin embargo, septiembre es un mes que plantea varios retos, como el arranque del curso escolar o la reanudación de la actividad política, tan combativa como es en este país.
Es, quizá, frustrante pensar que los políticos españoles y catalanes ni siquiera han sido capaces de ponerse de acuerdo en cómo arrancar el curso escolar. En principio, la vuelta al cole en Catalunya arranca el próximo día 14 de septiembre con medidas como los grupos burbuja de pocos niños, ventilación constante o mascarilla desde los seis años. Aunque el protocolo parece más o menos bien definido, los problemas llegan de otros frentes. En primer lugar, los centros escolares demandan más efectivos y recursos para afrontar el incremento de grupos que se deberán manejar por culpa de la pandemia. Además, en muchos centros, a una semana del arranque de las clases, todavía no tienen claras las directrices para proceder a partir del primer día de cole. Por su parte, los padres, alimentados también por una sobredosis informativa marcada por las cifras de contagiados y fallecidos, no saben si deben o no llevar a sus hijos al colegio. Mucho ruido que eclipsa el objetivo final de todo este debate: que los niños puedan ir al colegio de una forma segura. Primero, los niños deben ir al centro escolar porque juega un papel importantísimo en el desarrollo social de los pequeños, y segundo, porque es un elemento indispensable para la conciliación familiar de los padres. Los políticos deben definir un protocolo concreto y efectivo de acuerdo con las directrices del Ministerio de Sanidad, pero luego deben otorgar a los centros públicos todos los recursos para ponerlo en práctica.
Paralelamente, en septiembre llega una de las fechas clave de la agenda política catalana: el 11 de septiembre, la Diada. Lo que tradicionalmente era un día festivo para celebrar la catalanidad, es ahora una jornada usada por los independentistas para pregonar su mensaje y manifestarse a favor de su objetivo: la independencia. Este año, el del Covid-19, aunque el president Quim Torra apeló al sentido común para admitir que una manifestación seguramente “no sería posible”, hay otros actores, como Elisenda Paluzie, presidenta de la ANC, que espera poder organizar algún tipo de movilización en tan señalada fecha. A pesar de que en Catalunya las reuniones de más de diez personas están prohibidas. Para defender su propuesta, Paluzie comparó ir de manifestación al hecho de volver al trabajo, ir en metro o ir al colegio. Parece que la responsabilidad solo sirve cuando choca con los objetivos propios incluso cuando desde la secretaría de salud pública se advierte del peligro de manifestarse.