50.000 empresas catalanas en riesgo por la morosidad
El incremento de la morosidad pone en riesgo la continuidad de casi 50.000 empresas en Cataluña. El freno de la actividad ha llevado a muchas compañías a alterar sus planes de pagos provocando un efecto dominó en la tesorería de las empresas.
Por ejemplo, la Federación de Gremios de Instaladores de Cataluña (FEGICAT) ha realizado una encuesta entre 700 asociados y un 83% de los mismos creen que su trabajo está en riesgo, el motivo principal que alegan es el aumento de la morosidad, que afecta a un 52% de los encuestados.
Este dato no es solo aplicable a los instaladores, afecta a casi todos los sectores económicos catalanes. Los ámbitos que han sufrido una paralización de la actividad de forma brusca como la construcción, la hostelería y el textil son los que están protagonizando una mayor demora en los pagos y el mundo del transporte, que como sector esencial ha mantenido su actividad, es el que más está recibiendo el impacto negativo de los impagos junto a la industria.
Los expertos creen que la morosidad en nuestro país alcanzará este año un 10% del volumen de la facturación de las empresas. Datos de La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad afirmaban que la morosidad en 2019 había alcanzado el 3,1% de la facturación global de las empresas españolas, dicha morosidad venía creciendo desde 2016 cuando tocó suelo con un 2,3% de la facturación total.
Muchas veces olvidamos que el círculo de venta no se cierra hasta que no se ha cobrado el producto o servicio prestado. Desde el inicio del estado de alarma, además de la paralización de la economía que ha provocado caídas en las ventas en casi todos los sectores, hay un factor financiero vinculado a la morosidad que dificulta aún más la venta y no es otro que la exigencia de pago al contado. Las empresas se han quedado sin liquidez y aplican el principio de que no hay peor venta, que la que no se cobra, así que, antes de suministrar un producto o proporcionar un servicio, si no hay garantía de pago, no lo hacen.
El análisis de los datos nos permite afirmar que, con el estado de alarma, más de 70% de las empresas han establecido plazos de pago que van más allá de los 60 días establecidos por ley, lo que está provocando ahogamiento financiero y el consiguiente incremento de la morosidad. La razón de esta ampliación de pagos es la suspensión de los pagos habituales recurrentes y la reprogramación de estos sin concretar plazos por parte de muchas empresas.
Si bien las empresas han tomado medidas preventivas para evitar el incremento de la morosidad y garantizarse el pago al contado de las ventas que están realizando desde marzo, el problema fundamenta reside en la morosidad súbita de las operaciones previas. En este sentido, el mejor consejo que se puede dar a la empresa que sufre una inesperada alta tasa de morosidad es que no olvide que el moroso abusa del que menos reclama y, por lo tanto, la presión será muy necesaria para reducir la morosidad. A pesar del mazazo que supone el impagado, la alteración de los planes de pago y las tensiones de tesorería que conlleva, actualmente hay sistemas para que una empresa pueda financiarse con los impagos de los últimos ejercicios. Las empresas muestran un creciente interés por la venta de carteras de impagos o fórmulas concretas para optimizar y profesionalizar el cobro con la finalidad de generar liquidez y estar prevenidas ante un pico de impagos que puedan poner en riesgo su actividad.
Las empresas no deben evaluar este tipo de operaciones como una renuncia al cobro sino como una inversión de tiempo en cobrar equivalente a la dedicación que se ha realizado para conseguir la venta. Este desfase de dedicación entre la venta y el cobro es especialmente patente en las operaciones internacionales que realizan las empresas catalanas de las que no hay que olvidar que en 2019 alcanzaron su cénit con un crecimiento del 3,1% en relación al año anterior y unas ventas totales por valor de casi 74.000 millones de €. La morosidad en las ventas exteriores es especialmente grave para las empresas dado que los recursos dedicados a esas ventas son mucho más importantes que para las ventas en el mercado doméstico. Llama poderosamente la atención como las empresas son mucho más exigentes con la calidad de los productos que se les suministra que con la política de pagos. Las empresas tienen facilidad para cambiar de proveedor, pero, en cambio, casi nunca dejan de suministrar a un cliente moroso. El ser permisivo con los pagos de los clientes puede llevar a una empresa a la ruina. El que incumple una vez, puede incumplir dos y más.
Hay tres máximas para evitar la morosidad: una gestión eficiente del impago para proteger a la empresa de nuevos incumplimientos, una cartera de clientes diversificada -este segundo punto no siempre se puede cumplir- y mantener una política documental estricta mediante la firma de todos los presupuestos, comandas y entregas realizadas. En definitiva, es imprescindible guardar el original de facturas y albaranes para futuras reclamaciones a incumplidores.
Las empresas catalanas están en el podio junto a las de la Comunidad de Madrid y Andalucía entre las solicitantes de créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial ICO, muchas de ellas ni se han planteado que cuentan con una cartera de impagos que bien gestionada, puede convertirse en pagos y reducir, así, la carga financiera de su empresa. La realidad es que las empresas pueden plantearse recuperar impagos de hasta cinco años de antigüedad.
La paralización de la administración de justicia, desde que se dictaminó el estado de alarma, y las advertencias de las diversas organizaciones judiciales, como la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) del colapso de los juzgados una vez los mismos puedan retomar su actividad, ha llevado a muchas empresas a plantearse la venta de su cartera de impagados con el fin de garantizarse unos ingresos que les aporten la liquidez necesaria para mantener su actividad.