Litigio y riesgo reputacional en la empresa española
Nos hemos acostumbrado a un mundo en el que cualquier movimiento, decisión o noticia importante está condicionada por el virus: la posibilidad de nuevos confinamientos, el ritmo de la vacunación o la capacidad de las economías para recuperarse y generar crecimiento son cuestiones de máxima actualidad. También tenemos, no obstante, dos certezas. La primera es el fuerte pesimismo con el que las empresas españolas están afrontando la situación, a pesar de los mensajes optimistas de las autoridades respecto a la cercanía de la inmunidad de grupo en España.
De hecho, según el estudio Resilience Barometer elaborado por FTI Consulting, y que tiene como objetivo medir la capacidad de adaptación y flexibilidad de las empresas en contextos económicos cambiantes, la mayoría de las empresas españolas no cree que el crecimiento económico recupere la normalidad hasta 2022 o incluso 2023, mientras que la media del G20 confía en que la recuperación empiece este mismo año. Sólo una de cada diez confía en una recuperación total en 2021. Esta percepción se opone frontalmente a la previsión del Gobierno, que estima que el PIB español crecerá un 6,5% en 2021, experimentando un fuerte rebote en el segundo semestre del año, y que el ritmo de crecimiento de España recupere los niveles prepandemia a finales de 2022. Otros organismos, como Funcas, son menos optimistas, al situar el crecimiento del PIB en el 5,7% para 2021.
La segunda certeza con la que estamos trabajando es que, como consecuencia de la pandemia – aunque no exclusivamente debido a la disrupción provocada por la misma- a lo largo de este 2021 presenciaremos un aumento de los litigios, particularmente en grandes proyectos de construcción, concesiones, energía o revisión de contratos de alquiler.
Se trata de un fenómeno global al que se suma España. El volumen de empresas españolas potencialmente implicadas en una disputa corporativa no es nada despreciable: según nuestro estudio, la mitad de las compañías españolas (49,3%) son objeto de investigaciones sobre cumplimiento normativo, particularmente por la utilización que han dado a las ayudas públicas percibidas en el último año. Este es para nosotros un foco a vigilar estrechamente, por todas las implicaciones que reviste, desde la posible comisión de fraude con la Administración pública hasta el impacto sobre la reputación de las empresas implicadas.
La atención también se centra en la concesión de ayudas extraordinarias a empresas como respuesta al Covid y el reparto de los fondos europeos Next Generation entre industrias que serán estratégicas para España en los próximos años. Al mismo tiempo, tampoco hay que olvidar la premura con la que se han conducido determinados procesos, generando dudas y cuestionamientos sobre el uso de dichos recursos. Esto explica que una de cada cuatro empresas españolas prevea que sus prácticas financieras vayan a ser escrutadas durante los próximos meses, como refleja el Resilience Barometer.
Este tsunami de litigios y disputas comerciales genera igualmente incertidumbre sobre decisiones de inversión: es más arriesgado lanzar una oferta por una empresa que pueda verse implicada en un escándalo con repercusión pública o en un sector más expuesto, que en otro social y públicamente más aceptado. La posibilidad de acabar en los titulares de mañana ha provocado que cuatro de cada diez empresas españolas perciban el escrutinio mediático como uno de los factores a vigilar. En este sentido, el Resilience Barometer indica que un 74% de las empresas españolas esperan un mayor escrutinio por parte de los medios en los próximos 12 meses y un 21% considera su relación con los medios como “excelente”.
Abordar un litigio o disputa corporativa no exige sólo contar con un buen equipo legal. Entre las medidas que puede tomar una empresa para protegerse durante el proceso figuran la realización de investigaciones internas proactivas y comprobación de antecedentes que no sólo den solidez a nuestro caso ante la corte judicial o arbitral, sino que nos permitan gestionar la dimensión pública del procedimiento y orientar el resultado en un sentido u otro.