Menos impuestos, ‘stock options’ y atracción de ‘nómadas digitales’

El Gobierno ha aprobado a principios de este mes el anteproyecto de ley que pretende fomentar la creación de startups en España. Un marco regulatorio que viene anticipándose por el ejecutivo desde 2018. El borrador considera startups a aquellas empresas emergentes con base tecnológica o pymes innovadoras, con sede social en España, con más de la mitad de empleados en el país, una antigüedad de hasta 5 años -prorrogables a siete en el caso de ciertos sectores-, y una facturación de menos de 5 millones de euros. La vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño lo ha dejado claro en varias ocasiones: quiere “convertir España en uno de los hubs de atracción de inversión y talento en la nueva economía digital”.

Para ello, y aprovechando el auge del teletrabajo favorecido por la pandemia, una de las medidas pasa por atraer talento extranjero a nuestro país con las condiciones de vida -clima, seguridad, gastronomía, cultura-, como reclamo. Con el fin de favorecer la instalación en España de los ahora llamados nómadas digitales, se crea un nuevo tipo de visado específico para personas que trabajan en España para una empresa extranjera, incluyendo en el ámbito audiovisual. El Anteproyecto incluye la no obligatoriedad de obtener el número de identificación de extranjeros (NIE) para los inversores no residentes, exigiendo únicamente que tanto ellos como sus representantes obtengan los números de identificación fiscal (NIF).

1. Rebaja impositiva

Pero la medida más celebrada es sin duda la rebaja impositiva. Las startups se beneficiarán de una reducción del tipo del impuesto de Sociedades del 25% al 15% hasta un máximo de cuatro años. Esta reducción tendrá efecto en el primer periodo impositivo en el que la base imponible sea positiva. Además, se crea un régimen tributario específico para que estas personas en teletrabajo desplazadas a territorio español de las que hablábamos anteriormente se sometan al impuesto sobre la renta de no residentes, relajándose los requisitos para acceder a este régimen -pasando de diez a cinco años el requisito de no ser residente fiscal en España- y se amplía el periodo de su disfrute de cinco a diez años. El anteproyecto se dirige a todas las empresas o emprendedores de nueva creación y grupos de empresas “emergentes”, con sede social o establecimiento permanente en España, que no hayan distribuido dividendos, no cotizadas y de carácter innovador.

2. Fomento de la inversión

Además, para fomentar el impulso a la inversión en el ecosistema emprendedor de España, se eleva de 60.000 a 100.000 euros anuales la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación, así como el tipo de deducción -al 40%-. Se extiende también el periodo cubierto que pasa a 5 años para todos los sectores y hasta 7 años para empresas en los ámbitos de biotecnología, energía e industria. Otro aspecto destacado del anteproyecto se centra en los derechos u opciones sobre acciones o participaciones cuya tributación se mejora para empleados, las conocidas como stock options. El texto eleva de los 12.000 a los 45.000 euros el mínimo exento anual para las empresas que sean certificadas como emergentes.

3. Aplazamiento de la deuda

Las startups podrán también pedir un aplazamiento de la deuda tributaria que tengan del impuesto de sociedades o del impuesto sobre la renta de no residentes. Los plazos mejoran en este sentido ya que las empresas podrán aplazar tanto en el primer ejercicio en el que su base imponible sea positiva, como en el siguiente y sin devengo de intereses de demora. De igual forma, se agilizan los trámites y desaparece la obligación de que las empresas tengan que pagar de manera fraccionada el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta de no residentes en los dos años posteriores a aquel en el que la base imponible sea positiva.

5. ‘Sandbox’ para las ‘startup’

Teniendo como ejemplo el sandbox del sector financiero, la nueva ley de startups propone crear una regulación general y básica sobre los entornos de prueba regulados. El gobierno pretende promover la creación de entornos controlados durante periodos de tiempo limitados para evaluar la viabilidad e impacto de ciertas innovaciones tecnológicas.