¿Proteger la españolidad o dar un portazo a la inversión extranjera?

A primera vista, el interés del fondo australiano IFM por la energética Naturgy no parece nada descabellado. El perfil del inversor, que gestiona el ahorro de millones de pensionistas, enfocado en infraestructuras sostenibles no hace temer que se trate de un desembarco meramente oportunista. Sin embargo, han saltado todas las luces de alarma en el mercado y en el sector energético, que ha rememorado momentos pasados como la guerra de Opas por Endesa, segunda eléctrica española por capitalización bursátil. Tras pasar a manos de la italiana Enel en 2007 y su posterior rotación de activos no estratégicos años más tarde, la presencia de una de las empresas estratégicas españolas en el mapa global quedó reducida a la de mera filial del grupo italiano. Una filial que proporcionará a Enel el 70% de su pay-out, en torno a 3.000 millones en los próximos tres ejercicios. Pero más allá de la fuga de dividendos, una de las grandes preocupaciones gira en torno a la pérdida de la marca España.

Desde que la gestora australiana lanzó la OPA sobre el 22,69% de Naturgy, el debate en todos los círculos del mundo del M&A en España es si el Gobierno debe hacer valer la golden share que activaron con motivo de la pandemia o si debe dejar que IFM se sume al resto de fondos que conforman el accionariado de la eléctrica. La acción de oro, o la herramienta tradicionalmente conocida como escudo anti-opas, es el mecanismo a través del cual el Gobierno puede vetar que inversores extranjeros puedan tomar el control de empresas estratégicas. Algo parecido a lo que aludió el ejecutivo francés para vetar la compra de Carrefour por parte de la canadiense Couche-Tard. Un mecanismo que está vigente hasta junio de este 2021, pero que muchos expertos consultados apuntan a que podría mantenerse perenne en el tiempo. Para algunos, esto puede sonar a exceso de proteccionismo de las empresas españolas, pero para otros es una herramienta necesaria en un mundo tan globalizado como en el que nos movemos.

Sin embargo, el verdadero quid de la cuestión en esta operación reside en el momento en el que está ocurriendo. La economía española se encuentra en uno de sus momentos más complicados: la tasa de desempleo sigue en niveles muy altos, la mayoría del tejido empresarial nacional está dopado por las ayudas del Estado y la duración de la pandemia, así como sus diferentes olas, hacen complicado vislumbrar la llegada de la tan ansiada antigua normalidad y la recuperación económica del país. En este contexto de necesidad imperiosa de recapitalizar las empresas españolas, el Gobierno debe ser muy cauto con la toma de este tipo de decisiones. Una imagen negativa, de rechazo a la inversión extranjera, puede suponer un duro revés para una economía que está lejos todavía de recuperarse. Por eso, es de suma importancia que la decisión se tome desde el consenso y priorizando los intereses de la economía en su conjunto frente al mensaje partidista de unos pocos.