‘La huerta’ promete para los inversores de capital riesgo

Las operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A) y private equity (PE)en el negocio conocido como el agribusiness continúan estando en auge. Desde 2018 se ha registrado el cierre de más de 250 operaciones relacionadas con el negocio de la agricultura en Europa, de las cuales más de 20 tuvieron lugar en España. En lo que llevamos de 2020, tampoco están siendo una excepción este tipo de operaciones en nuestra jurisdicción. Además, en los próximos años se prevé un incremento en el número de inversiones en este sector dado su potencial de crecimiento, rentabilidad, consolidación e internacionalización, entre otros factores, siendo probablemente uno de los sectores más resilientes en la era COVID en la que nos encontramos. En este sentido, los años que hemos dejado atrás han sido muy relevantes para la inversión de capital riesgo en el sector agro, donde hemos asesorado operaciones como la compra de Agroponiente o la coinversión de Black Label con GPF en Fruxeresa y Frutas Naturales.

La profesionalización de empresas con un claro componente familiar, la internacionalización de entidades locales con mucha exposición a mercados europeos (no hay que obviar que España es considerada la huerta de Europa) y no europeos, así como las grandes exportaciones hacia China, Japón y/o Norteamérica de productos cárnicos, está haciendo que principalmente los private equity encuentren en este tipo de compañías un claro target y un foco de inversión rentable. Todo apunta a que en los próximos años crecerán las inversiones en el sector agroalimentario por parte de fondos de capital riesgo, en tanto que todavía existe margen para que las empresas familiares dedicadas tradicionalmente a esta actividad crezcan en facturación, se digitalicen, continúen creando valor en sostenibilidad, se expandan internacionalmente e, incluso, se adentren en otros mercados emergentes y diversifiquen así el catálogo de productos. La experiencia y el know-how que pueden aportar estas empresas de carácter familiar, junto con los recursos financieros, proyección internacional y veteranía en términos de digitalización, sostenibilidad y eficiencia por la que se identifican los fondos de inversión, parece ser una fórmula perfecta.

Desde una perspectiva legal, la clara tendencia hacia el asociacionismo en cooperativas y/o en sociedades agrarias de transformación (SAT), impulsada por la aprobación en junio de 2013 de la Ley de Fomento de Integración en Cooperativas y otras Entidades Asociativas de carácter Agroalimentario, sumado a un frecuente accionariado atomizado en las entidades dedicadas al sector agroalimentario, junto con la problemática de una menor sofisticación en el mundo del M&A de los principales actores; requiere una determinada especialización a la hora de cerrar este tipo de operaciones complejas en cuanto a estructura.

A lo anterior se le añade la concentración que también se produce en la comercialización mayorista, como consecuencia de la estrecha relación entre producción y distribución, que tiene por objetivo crear sinergias, simplificar la cadena de valor y evitar costes adicionales. Además, el sector agroalimentario tiene un gran impacto en otras industrias como son la del transporte, envasado, fertilizantes, colorantes y piensos. Para los fondos de capital riesgo es fundamental que las relaciones entre los distintos players del sector sean sólidas y consolidadas, y despejen cualquier potencial inseguridad jurídica.

En este sentido, otros de los retos legales para el cierre de operaciones de M&A y PE en el agribusiness son la relativa falta de contratación escrita que regule determinadas relaciones contractuales entre agricultores, la existencia de una catalogación no homogénea de compradores (desde pequeños negocios locales hasta grandes centrales de abastecimiento) y la conjugación de otras partes intervinientes (como instituciones financieras, compañías aseguradoras, propietarios de la tierra o instituciones gubernamentales). Estas relaciones son el core business de las empresas que buscan los fondos de inversión. Tradicionalmente, además, el sector agroalimentario ha funcionado a través de la verbalización y la poca digitalización (en gran cambio poco a poco), lo que en ocasiones derivaba en una falta de transparencia en cuestiones de precios, asimetrías en el poder de negociación, prácticas contrarias a la competencia e inseguridad jurídica.

Uno de los efectos para paliar la problemática anterior, fue la aprobación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que regula las relaciones comerciales que se producen entre los operadores que intervienen en la cadena alimentaria desde la producción a la distribución, incluyendo los procesos de envasado, transformación o acopio para su posterior comercialización, y las compras de animales vivos, piensos, materias primas e ingredientes utilizados para alimentación animal. Asimismo, el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) publicaron en 2017 la Guía Jurídica sobre Agricultura por Contrato, que ofrece asesoramiento y orientación sobre todas las etapas de la relación contractual en el ámbito agrícola. Desde la Administración se tendrá que dar solución a las barreras comerciales que se puedan crear como consecuencia del Brexit, la posible prolongación del veto ruso a los productos agroalimentarios o, en su caso, y fruto del actual resultado electoral, el desmantelamiento de los aranceles de la administración Trump al aceite y al vino español. En cualquier caso, la Secretaría de Estado de Comercio se encuentra inmersa en el desarrollo de tratados de libre comercio con países con alto potencial en Iberoamérica y Sudeste Asiático y está fomentando, junto con otros países comunitarios, el modelo productivo agrícola europeo (en mayo de 2019 se constituyó la Alianza para la Defensa de la Agricultura Europea (ADEA)).

Teniendo en cuenta el potencial del mercado español y la voluntad de superar los retos a los que se enfrenta el sector agroalimentario por parte del poder ejecutivo y legislativo, tanto a nivel nacional como a nivel comunitario, las perspectivas de futuro en cuanto a la inversión en este sector únicamente pueden ser alentadoras para los próximos años, y colocar al agribusiness como uno de los sectores clave durante y era post-Covid.