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Mujeres Avenir pide que el 40% de la actividad sea femenina
La Asociación Mujeres Avenir, junto a Pérez-Llorca abogados, analizaron el anteproyecto de Ley de Paridad con el objetivo de elaborar en su tramitación parlamentaria nuevas propuestas que mejoren la situación paritaria en las empresas.
Mujeres Avenir y Pérez Llorca abogados organizaron la conferencia Ley de trasposición de la directiva europea en materia de cuotas. Representación paritaria en las empresas, la administración y la política para plantear nuevas medidas para hacer más efectiva el anteproyecto de Ley de Paridad, que se encuentra actualmente en tramitación Parlamentaria.
Las conclusiones a las que se llegaron durante la intervención de varias ponentes es que se pretende seguir el modelo francés donde las instituciones están obligadas a cumplir la cuota del 40% de mujeres en las empresas, especialmente las que ocupan un alto cargo.
Laura Pérez, socia de Laboral, Compensación y Beneficios de Pérez-Llorca, considera que la norma “garantiza la participación de las mujeres en los órganos de decisión, y en su tramitación definitiva estimamos que podría incorporar sanciones de hasta 300.000 euros o el 2% de los recursos propios de la sociedad cotizada para aquellas empresas que no cumplan con el criterio de cuota”.
A su vez, Anne Viard, socia auditora de la consultora francesa Mazars, manifestó el camino de Francia en este aspecto y recuerda que “toda obligatoriedad lleva asociada una sanción en caso de no realizarse. En Francia se aplica un máximo del 1% de los salarios brutos de todos los empleados de la empresa, es la forma de poder llegar a cuotas de hasta el 46% de mujeres en puestos de responsabilidad”.
Magdalena Suárez, profesora de Derecho administrativo y directora de la Unidad de Igualdad de la UCM, explicó que “las cuotas han sido el principal problema a lo largo de los años. En Europa hay nueve países con normas específicas en cuotas, con sanciones, y vemos que cuando no se regula aplicándolas, los porcentajes de mujeres en puestos de responsabilidad vuelven a caer”. Y añade alegando que “el impacto en España del sector público hace imprescindible su regulación precisa”, comenta.