La tributación silenciosa
El economista y profesor de la Universidad de Basilea, Peter Bernholz, allá por el 2003, publicó un magnífico ensayo titulado Monetary Régimen and Inflation: History, Economic, and Polítical Relationships, convenientemente olvidado, en el cual, efectúa un recorrido por la Historia para narrar los distintos episodios de inflación acaecidos, desde el Egipto de los faraones hasta la Latinoamérica de principios del siglo XXI. Un auténtico compendio de despropósitos y una sucesión de errores fatales para el conjunto de las sociedades que padecieron los efectos de las inflaciones.
La lectura del libro nos permite extraer dos conclusiones. En primer lugar, que las sociedades, el conjunto de ciudadanos, especialmente, los más desfavorecidos, son los más afectados y deben soportar con mayor crudeza los rigores de esta enfermedad del sistema financiero. En segundo término, que la inflación es, fundamentalmente, causada por la acción voluntaria o negligente de los gobernantes de turno, quienes, en la mayoría de los supuestos analizados, se sirven de ella para financiarse y retener el poder. Es más, como expresamente señalará, “dado el sesgo inflacionario de gobiernos y políticos no debe sorprendernos que aprovechen cualquier situación crítica para declarar una emergencia con el propósito de erosionar o abolir los límites fácticos legales o constitucionales a su control de la moneda. Porque sólo en situaciones de emergencia parece que se justifican cambios importantes”. Añadiría una tercera, la estructural estupidez humana para olvidar las enseñanzas de la Historia y pensar que algo ha cambiado, como retrataban Carmen M. Reinhart y Kenneth S. Rogoff en su controvertida y cuestionada obra Esta vez es distinto: ocho siglos de necedad financiera.
En los últimos meses, en los diversos medios se habla y debate sobre los efectos de la inflación y, en relación al ámbito tributario, se pone de manifiesto que esta elevación sistémica de los precios permite que los Gobiernos y administraciones multipliquen sus ingresos públicos, con cifras récord de recaudación tributaria. Una auténtica detracción de recursos privados para que los gobernantes de turno, parcialmente, los repartan y distribuyan a su criterio entre unas masas, cada vez más dependientes. Sin embargo, esta es sólo una parte de la ecuación. Es sólo una de las consecuencias de la inflación. Donde deberíamos fijarnos es en las causas, el origen del desequilibrio monetario. Como acertadamente escribe el profesor Thomas Sowell, la inflación no es sólo un impuesto oculto, sino un impuesto masivo en virtud del cual los Gobiernos se apropian de forma silenciosa de parte de la riqueza del conjunto de la población.
Normalmente, la inflación es consecuencia directa de los excesos de endeudamiento por parte de los Gobiernos para poder financiar sus políticas y sus necesidades. Todo gobernante tiene, como principal objetivo, mantenerse y perpetuarse en el poder. Y ello sólo se logra si disponen de los medios y recursos para ganarse el favor y/o la sumisión de la población.
Ahora bien, cuando los ingresos públicos son insuficientes para sufragar la totalidad de gastos y pagos comprometidos, en lugar de tratar de acomodar las obligaciones y prestaciones públicas a los fondos disponibles, los gobernantes, de forma sistemática, optan por la deuda, trasladando en el tiempo el problema del déficit fiscal. Posiblemente sea una medida adecuada cuando este desajuste en las cuentas públicas es puntual o transitorio y hay una previsión razonable de que se restablecerá la situación financiera en los próximos años.
Ahora bien, cuando este déficit es estructural y sistemático, el recurso de la deuda deviene en una adición con un pronóstico conocido, la pérdida de realidad y el deterioro cognitivo. En esas, la inflación es el madero al que se agarran los malos gobernantes para salvaguardar su posición de poder y conseguir, poco a poco y un poco de todos, los fondos necesarios para su pervivencia.
El padre jesuita, Juan de Mariana, allá por el año 1609, en su Tratado y discurso sobre la moneda de vellón, fue uno de los pioneros en establecer una correlación entre el incremento de la masa monetaria en circulación (a través del envilecimiento de la moneda) y el aumento general de los precios.
En este sentido, denunció aquellas políticas de expansión monetaria de los Austrias que estaban empobreciendo a la población “todo es quitar a los del pueblo sus bienes por más que se les disfrace con dar más valor legal al metal de lo que vale en sí mismo”. Pero, posiblemente, lo más grave es que, la inflación es una contribución pública que se trata de imponer al margen de los controles gubernamentales. En la actualidad, estamos ante un tributo silencioso que se establece al conjunto de la población vulnerando una parte sustancial de los principios fundamentales de cualquier sistema tributario acorde a un moderno Estado de Derecho, como, por ejemplo, principio de legalidad, progresividad y no confiscatoriedad.
Para Juan de Mariana, una de las principales objeciones a la inflación es que el gobernante consigue imponer nuevas cargas sin rendir cuentas ni pedir el consentimiento previo al pueblo. Esta elusión, entre otras, deslegitimaba al gobernante y, ante esta grave falta de respeto a los derechos y libertades de los gobernantes, su acción deviene en tiránica. De ser así, al perderse la confianza, el gobernante es susceptible de remoción por el pueblo.
Tras años de expansión monetaria sin precedentes, con crecimientos exponenciales de las masas monetarias, inyecciones masivas de liquidez al sistema, déficits fiscales persistentes y una deuda pública desbordada, y ante la incapacidad de generar un crecimiento económico real y aumentos de productividad que proporcionasen nuevos ingresos públicos, era necesario encontrar algún tonto útil al que atribuir la rapiña tributaria necesaria para sufragar unas cuentas públicas insostenibles. Un nuevo episodio de envilecimiento de la moneda, de deterioro masivo del poder adquisitivo de la población, para diluir las ingentes cantidades de deuda y evitar que los gobernantes queden expuestos ante sus ciudadanos. Convendría empezar a pedir rendición de cuentas.