El Ejecutivo estudia el retraso de la factura electrónica para micropymes

El Ejecutivo dará dos años a las empresas desde la aprobación del Real Decreto, que obligará a todas las empresas a la emisión de facturas electrónicas para cumplir con la obligación de emitir las facturas electrónicas y se plantea ampliar el plazo en el caso de las pymes.

Los Ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital y de Hacienda y Función Pública abierto a consulta pública previa el desarrollo del Real Decreto que obligará todas las compañías a la emisión de facturas electrónicas y a remitir también a la Agencia Tributaria todas las facturas en este formato. La Administración plantea, incluso si es necesario permitir transitoriamente a las empresas de menor dimensión y los profesionales remitir sus facturas electrónicas directamente a sus clientes sin necesidad de contar con el servicio de intermediación de una plataforma de facturación y se plantea la posibilidad de poner un formulario a disposición de las empresas y profesionales que emiten pocas facturas al año para generar las facturas electrónicas y ponerlas a disposición de sus contrapartes y de la Administración Pública.

Por otra parte, la Administración pregunta, entre otras cosas, a las personas y entidades interesadas si debería existir una plataforma o solución informática pública que sirva a la vez para cumplir con las obligaciones de facturación electrónica entre las partes de la transacción y para remitir a la administración las informaciones que deriven de esta norma y, de crearse una solución gestionada por la Administración que guardase todas las facturas electrónicas si tendría utilidad que pueda ser consultable por las partes de cada transacción. Estas son algunas de las demandas realizadas por las asociaciones representativas de autónomos y pequeñas empresas ante los elevados costes que podría suponer el recurso a plataformas privadas.

El Ejecutivo apunta que con esta obligación se pretende solucionar la morosidad comercial en las empresas, entendida como el incumplimiento de una obligación de pago a tiempo. Superando el plazo máximo de 60 días en las empresas privadas. Según el Gobierno, las pymes son las que más retrasos sufren por la “asimetría de poder” con sus proveedores, lo que influye negativamente en su liquidez, por tanto en sus proyectos, capacidad de inversión y solvencia. Por otro lado, la consulta señala que universalizar la obligación de la factura electrónica en las transacciones entre empresas y profesionales supone un avance en materia de digitalización del tejido empresarial además de un ahorro de costes en el proceso de emisión, envío y recepción de la facturación.

Los principales elementos del desarrollo de la arquitectura de facturación electrónica se resumen en siete puntos. Así, el sistema estará intermediado por una red de plataformas de intercambio de facturas electrónicas sujetas a una regulación de mínimos en cuanto a seguridad de la información, de las transmisiones y capacidades de autenticación. Se complementará con un sistema público de intercambio básico de facturas proporcionado por la Administración en el que los emisores tendrán la obligación de depositarlas en un formato único en la sede de la Agencia Tributaria, que las validará formalmente y las pondrá a disposición de sus destinatarios. Será interoperable, además el sistema estará interconectado para que cada usuario sólo necesite conectarse a una plataforma ya que las plataformas de intercambio de facturas electrónicas privadas tienen la obligación de interconectarse con cualesquiera otras plataformas que se lo soliciten.

Se permitirá el intercambio de la información de la fecha de pago efectivo de las facturas para que se transmita entre las partes y a la Administración para su seguimiento. Además, el proyecto dará periodos de transición más amplios a las pymes para que apliquen este nuevo formato y para ello podrán contar con las ayudas del kit digital. Y, finalmente, se potenciará la transparencia como arma frente a los abusos en plazos de pago.