Del caso Ferrovial al caso Sánchez
El cambio de sede social de Ferrovial que, al parecer, será votado por su Junta General el próximo 13 de abril, en segunda convocatoria. Aunque no sea una buena noticia para España que una extraordinaria empresa, como Ferrovial, anuncie su cambio de sede social fuera de España, hay que decir que este cambio es de una sociedad mercantil europea ,dentro de la Unión Europea (de España a Holanda); que no hay ninguna razón de ahorro fiscal criticable en la decisión y que, al margen de las razones dadas por la compañía referidas al mejor acceso a mercados internacionales y a una apuesta mayor por el crecimiento en el mercado USA en condiciones de igualdad a las empresas estadounidenses, entendemos que, de manera objetiva, se da un entorno político, social y económico en España que podría explicar, de manera adicional, el momento en el que se toma esta decisión y que, además, puede generar un nada deseable “efecto llamada” a otras grandes empresas.
Para centrarnos en las “razones no explicitadas,” pero que entendemos que laten en el cada vez más denso e irrespirable ambiente de la política económica gubernamental, basta con acudir a las hemerotecas o a las redes sociales y observar cómo el Gobierno de España, con su Presidente a la cabeza, lleva una larga temporada atacando y denigrando gratuitamente y sin fundamento tanto al tejido empresarial español como a muchos de los grandes empresarios que han creado compañías que hoy son referente mundial y embajadores de primer nivel de la “marca España”. Es difícilmente comprensible que un alto cargo, un ministro o ministra e incluso el propio presidente de un Gobierno llegue, incluso, al ataque personal a empresas y empresarios que, con aciertos y errores, como todos, han conseguido que hoy, por todo el mundo, haya empresas españolas de inmejorable reputación, presumiendo de su españolidad, generando riqueza y empleo y contribuyendo al crecimiento del PIB.
Y la verdad es que este ataque gubernamental y político a la empresa (pequeña, mediana y grande) se produce, a mi juicio, por dos motivos: de una parte, el dogmatismo ideológico del Gobierno les lleva, sin fisuras, a desear e intentar permanentemente un control total sobre los medios de producción, para convertirlos en herramientas útiles y dóciles para las políticas del Ejecutivo (el caso de Indra es un claro ejemplo de “toma de control”) y a sus empresarios, convertirlos en súbditos de las mismas, negándoles la posibilidad de discrepancia. Pero es que, además, la crítica tiene también razones objetivas de peso, que quizás no permita aún afirmar que en nuestro país hay inseguridad jurídica en sentido estricto, pero que sí permite dar la voz de alarma sobre las consecuencias que tiene para la economía la existencia de un Gobierno nada predecible ni fiable y cada vez con mayores tintes de políticas intervencionistas de corte populista, más propias de países no occidentales que de países que creen en una economía de mercado en libertad.
Si ha sido lamentable y tremendamente dañina para la imagen mundial de España las dramáticas consecuencias de la Ley del solo Si es Si y tampoco es un asunto menor los indultos del Gobierno a quienes pretendían destruir la integridad territorial del Estado o la eliminación del delito de sedición, para que futuras conductas en esta línea queden prácticamente impunes, así como la modificación de la malversación para evitar condenas graves a los que desvían dineros públicos, los impuestos a las llamadas grandes fortunas y a la banca, la amenaza constante de modificación (“armonización”) de la normativa de sucesiones y donaciones, la amenaza a supermercados y grandes superficies sobre nuevos impuestos, y la reciente jurisprudencia del TC que, tras incorporarse magistrados, ex políticos, de confianza del Gobierno, ya han dictaminado que por decreto ley se pueden crear y modificar impuestos sin vulnerar ni el art.86.ni el 31.1 de la Constitución cambiando, la doctrina tradicional del propio TC .
Si a esto le añadimos el “toque de color” de la reacción gubernamental al anuncio de cambio de sede, en donde desde el propio Gobierno y desde los grupos parlamentarios que lo apoyan se intenta y propone desde la búsqueda de mecanismos legales para impedirlo, desde la expropiación de la empresa y hasta la devolución de subvenciones y ayudas públicas ganadas u obtenidas legalmente con concurrencia, publicidad y transparencia, es obvio que el mensaje de inseguridad e improvisación que traslada el Gobierno es gravemente preocupante y justamente el contrario al que necesita tanto el empresariado español en estos momentos como los hipotéticos futuros inversores que podrían estar pensando en España como destino.
En definitiva, el que se trata de presentar como caso Ferrovial, casi en términos de traición y deslealtad al Estado, no es sino una mera decisión empresarial, legitima y licita, tomada en interés de la empresa y de sus accionistas, y fundamentada, sin duda, en razones de estrategia de desarrollo de negocio, pero adoptada en un contexto nacional de falta de confianza en un Gobierno, cada vez más entregado a defender en público y en privado medidas más agresivas contra quienes conforman la base y la esencia de nuestro tejido económico, que son nuestras empresas. Es evidente que no hay “caso Ferrovial” y si “caso SÁnchez”, que no es capaz de reconducir a su fracturado Gobierno a un discurso coherente y homogéneo, que otorgue a empresarios y mercados la seguridad y fiabilidad imprescindible para que los que están no se vayan y los que piensan en venir, lleguen cuanto antes.