Los Gestores proponen inscribir los alquileres en el Catastro
El Observatorio de Gestión Pública del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid estima que la medida aportaría seguridad jurídica y datos estadísticos más fiables para proponer una política de vivienda ajustada a las necesidades.
El Observatorio de la Gestión Pública (OGP) del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM) ha llevado a cabo un análisis del mercado de alquiler en España. Según datos del sector, cuatro de cada diez alquileres no se declaran. En un mercado en claro ascenso, en 2021 podríamos afirmar que casi dos millones de alquileres de hogares no ha sido declarado ni consta en ningún censo público. Estas cifras no recogen datos ni del País Vasco ni de Navarra.
El mercado de alquiler en España viene creciendo significativamente en los últimos 10 años. En 2013, los alquileres representaban el 13% del mercado de la vivienda (87% de viviendas en propiedad). En 2022 el porcentaje subió al 24%, aún lejos del 30,1% de la media europea. En el año 2021 existían tres millones de hogares en alquiler, que acogían a 7,8 millones de personas.
Datos ofrecidos por la Agencia Tributaria reflejan que entre 2015 y 2021 se detectó una bolsa de alquileres sin declarar por un importe de 7.100 millones de euros, lo que permitió una recaudación extra de 860 millones de euros. Las principales fuentes de información para detectar alquileres sin detectar son: la obligación de incluir el NIF del inquilino cuando el arrendador declara los ingresos, por comprobaciones de la propia Aeat, del consumo de energía en viviendas vacías según los datos proporcionados por las compañías de suministro de ésta, por la revisión de los datos de las cuentas bancarias o en la obligación de las compañías que intermedian en el alquiler vacacional de proporcionar datos sobre los inmuebles arrendados con fines turísticos, sus propietarios y huéspedes.
El Observatorio del ICOGAM propone, de esta manera, que los alquileres se inscriban en el Catastro, como medida de reforzamiento del Plan de digitalización de las administraciones públicas 2021-2025, uno de los elementos principales del componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de modernización de las Administraciones Públicas y que se incardina dentro de la iniciativa España Digital 2026.