Las fundaciones piden la Ley del Mecenazgo por Real Decreto urgente

La reforma de la Ley del Mecenazgo, aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 26 de abril con el apoyo de todos los grupos parlamentarios y la abstención de un único partido (Vox), se encontraba en trámite de aprobación en el Senado, previsto para el miércoles 31 de mayo. Gracias al consenso generado en la Cámara Baja, no se esperaba ninguna enmienda en la Alta, sólo algún ajuste técnico. Sin embargo, con el anuncio de las elecciones para el 23J y la disolución de las Cámaras, decaen todos los proyectos legislativos que no hayan superado ambas tramitaciones.

En este escenario, la única posibilidad de que la reforma del mecenazgo salga adelante es que el Gobierno la tramite mediante un Decreto-ley, una petición que exigen las entidades no lucrativas dado el carácter económico de esta norma. Las entidades contaban con ella para formular sus presupuesto de 2024.

Para el presidente de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), Javier Nadal, “siendo realistas, retomar esta reforma significará volver a iniciar el trámite parlamentario lo que llevaría más de un año y retrasaría su entrada en vigor al menos hasta 2025. Se trata de una reforma de nueve artículos que tiene, sin embargo, un impacto positivo para el sector”.

Esta es una reforma largamente esperada que conseguía avances no solo cuantitativos (deducciones) sino cualitativos. Se incorporaban a nuestro ordenamiento nuevas figuras del mecenazgo que ya existen en otros países, como el mecenazgo de recompensa, muy relevante para el sector cultural, el mecenazgo de competencias, reconociendo a los profesionales y empresas que dedican su tiempo, y una sustancial mejora del micromecenazgo, tan importante para tantas ONG y para proyectos financiados por múltiples colectivos de ciudadanos, que más genuinamente contribuyen a crear sociedad civil.

Eugènia Bieto, presidenta de la Coordinadora Catalana de Fundaciones, explica que “la ley que se iba a aprobar aportaba avances de gran impacto como el incremento de la base de deducción en las donaciones de las personas físicas, que pasaría de 150 a 250 euros, o la incorporación de la donación de servicios, cambios que contribuirían a mejorar la financiación de las organizaciones que trabajan para el bienestar de la ciudadanía”.