Exentos los intereses por ingresos indebidos hasta enero de 2023
La doctrina fijada por el Tribunal Supremo, de 3 de diciembre de 2020, es de aplicación a los intereses de demora abonados por cualquier Administración tributaria, estatal, autonómica o local, por devolución de ingresos indebidos.
Conforme a lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2023 que corrige expresamente el criterio fijado por el TS, en sentencia de 3 de diciembre de 2020, sobre la misma cuestión de interés casacional, los intereses de demora abonados al obligado tributario por la Administración tributaria estatal, autonómica o local, como consecuencia de una devolución de ingresos indebidos, están sujetos y no exentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), determina que debiendo tributar como ganancia patrimonial a integrar en la renta general.
La Sala del Tribunal Económico Administrativo Central (Teac), en diversas resoluciones (por todas ellas las de 29 de mayo de 2023) estima que la existencia de dos criterios sucesivos y opuestos entre sí del Tribunal Supremo sobre la misma cuestión de interés casacional, plantea un problema relacionado directamente con el principio de protección de la confianza legítima, principio de creación jurisprudencial cuya eficacia depende de las concretas circunstancias de cada caso.
En este sentido, la actuación de un obligado tributario que, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2020 hubiese formulado su autoliquidación por el IRPF sin incorporar a ella los intereses de demora satisfechos por una Administración tributaria como consecuencia de una devolución de ingresos indebidos, quedaría amparada por el principio de protección de la confianza legítima si, posteriormente, tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2023 que considera sujetos al impuesto dichos intereses, la Administración tributaria pretendiera regularizar su situación tributaria con apoyo en esta última sentencia, puesto que no se pueden regularizar situaciones pretéritas, en perjuicio del contribuyente, en las que éste aplicó en su autoliquidación el criterio jurisprudencial fijado en la sentencia de 3 de diciembre de 2020, criterio que al ser el vigente en el momento de presentación de su autoliquidación, era el criterio que, de acuerdo con la doctrina de este Tribunal Central, vinculaba a la Administración Tributaria.