Conectividad y brecha digital rural
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado la resolución provisional de la convocatoria de ayudas para garantizar el acceso a conexión de banda ancha de al menos 100 Mbps, y a un precio de 35 euros mensuales para el usuario final, con el objetivo de cerrar la brecha digital en las zonas rurales, remotas y poco pobladas de todo el territorio.
A través de la ayuda concedida al Grupo español de Telecomunicaciones por satélite Hispasat se distribuyen 40,3 Millones de euros para la configuración del servicio y el establecimiento de una plataforma con recursos de red, y, además, la cantidad de 36 millones de euros para sufragar el alta del usuario final. A través de esta adjudicación, se desplegará mediante tecnología satelital las infraestructuras necesarias para proveer de conectividad ultrarrápida a las zonas de toda España en las que no hay cobertura con tecnología fija, a una velocidad mínima de 50 Mbps hasta el día 31 de diciembre de 2027. Asimismo, se establece que, el adjudicatario sufragará el coste del establecimiento de una plataforma instalación del equipamiento asociado al alta del usuario final.
La noticia se justifica sobre la base del programa de universalización de infraestructuras digitales para la Cohesión (UNICO) el cual sirve de Marco para diferentes convocatorias de ayudas, entre las que se enmarca UNICO Demanda Rural, que facilitan la universalización del acceso a la banda ancha ultrarrápida, y la extensión de la tecnología 5G en España, tal como se contempla en la Agenda España Digital 2026.
Debe destacarse que, la brecha entre los ámbitos urbano y rural tiene importantes y diversas consecuencias en términos sociales, económicos, medioambientales e, incluso, políticos.
Y tal como señala un estudio de la Fundación La Caixa, sobre la brecha entre el mundo rural y el mundo urbano señalaba que sus efectos son diversos: a las tensiones territoriales que produce la brecha se les suman consecuencias demográficas, de convivencia social, de presiones sobre el estado del bienestar, etc.
Entre estas consecuencias destacan el envejecimiento de la población, con más de 1.000 municipios en los que no hay ningún menor de cinco años, así como la masculinización del territorio ya que en el 75% de los municipios españoles hay más hombres que mujeres y esta tendencia es mayor en los territorios con menor densidad de población en los que destacan los efectos de la brecha territorial sobre las situaciones económicas y de vulnerabilidad de los hogares.
Cuanto menores son los niveles de renta de los territorios más despoblados y rurales, más elevadas son las tasas de pobreza.
Así, el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil se pronunció a este respecto en el 2019: “La pobreza infantil adquiere tintes específicos en contextos no urbanos y, especialmente, en zonas despobladas”.
De este modo, en el año 2019, la tasa de pobreza infantil pasaría del 25,1% en zonas muy pobladas al 28,7% en zonas intermedias y hasta el 34,3% en zonas poco pobladas.
Esta brecha provoca que las zonas rurales y del interior dejen de ser atractivas para muchos ciudadanos ante la falta de oportunidades laborales o de servicios públicos de calidad, especialmente para los jóvenes y las mujeres, dos de los colectivos que menos oportunidades encuentran en estas áreas.
Por tanto, encontrar un equilibrio entre lo urbano y lo rural, entre el interior y el litoral, debería ser una prioridad política para que miles de ciudadanos no se vean obligados a abandonar su lugar de residencia por cuestiones ajenas a su voluntad
Como consecuencia de esta situación, la falta de desarrollo e infraestructura tecnológica y de conectividad, y de competencias digitales dificultan la participación en el mundo tecnológico, generando una brecha que profundiza la exclusión económica y social.
Según el Informe sobre la Conectividad Mundial de 2022 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), a finales de 2021, 63% de la población en el mundo hacía uso de la red (4.900 millones de personas); lo que muestra que una tercera parte de la humanidad no accedía a la misma.
Y consiguientemente con ello, cabe afirmar que la brecha digital se acentúa en zonas rurales, donde se suman elementos como la falta de oportunidades educativas y de capacitación para adquirir habilidades tecnológicas, la pobreza, el déficit de regulación y estímulos para fomentar la conectividad. Todo ello lleva a la consideración que la brecha digital es una barrera latente que priva a las personas de los pueblos de disfrutar de los mismos servicios y las mismas oportunidades que a las de las ciudades, y al hilo de ello, se puede afirmar que de manera real y efectiva Internet se ha convertido en un bien de primera necesidad y una fuente de oportunidades en zonas menos pobladas.
En este sentido, no cabe olvidar que como derecho universal que es, el acceso a Internet está siendo reconocido como tal por la ONU desde el año 2011, y el mismo contribuye de una manera importante al desarrollo económico y a la expansión demográfica de las zonas rurales.
Consecuentemente con ello, esta barrera debe ser erradicada con las inversiones en tecnología, en oportunidades de desarrollo económico, pero sobre todo en formación y cultura, donde los avances tecnológicos sean asumidos por los ciudadanos como una parte de sus usos sociales y como elemento fundamental de su actividad económica.