Sánchez se sirve de 127 Decretos-ley para imponer medidas económicas

A pesar de la falta de seguridad jurídica que genera gobernar mediante Decreto-ley, hurtando el debate parlamentario y el análisis de los informes de los organismos consultivos del Estado (como el Consejo de Estado o el del Poder Judicial), los Ejecutivos de Pedro Sánchez han recurrido a 127 decretos de este tipo para regular asuntos tan fundamentales para el desarrollo social, de la economía y de la empresa como el ingreso mínimo vital, las condiciones laborales de autónomos, trabajadores del servicio del hogar o del reparto en el ámbito de plataformas digitales.

Estas normas son aprobadas por el Consejo de Ministros cuando se dan razones extraordinarias o de urgente necesidad, aunque la potestad legislativa es del Parlamento. Por ello, deben ser convalidados por las Cortes y, de esta forma, se transforman en leyes ordinarias por un procedimiento en el que los parlamentarios tienen escaso margen de actuación. La urgente necesidad ha quedado arrinconada con los años y los Decretos-ley se han convertido en una herramienta mediante la cual el Gobierno aprueba de forma unilateral medidas con rango de ley sin pasar por el trámite parlamentario, debate, ni contar con el apoyo de una mayoría.

Promesas incumplidas

Todo ello, a pesar de que Pedro Sánchez, en noviembre de 2015, acusaba a Mariano Rajoy (quien aprobó 107 Decretos-ley en su mandato) de “menospreciar al Parlamento” y de convertir esta herramienta en “una figura prevista para circunstancias excepcionales en la forma ordinaria de legislar”. En sus intervenciones, Sánchez prometió “dar al Parlamento la centralidad que merece” y “limitar el uso del decreto ley a circunstancias indicadas para ello”. Un ejemplo claro de esta errática forma de legislar se dio en la convalidación del Real Decreto-ley de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, que fue aprobado por el voto erróneo de un diputado del PP, a pesar de la oposición de su formación política a la ratificación de esta ley. Diversos juristas consultados por elEconomista.es coinciden en señalar que el abandono de la urgente necesidad y la inseguridad jurídica creciente se comprueban por la extraordinaria variedad de medidas que se incluyen en los articulados y que nada tienen que ver con la parte fundamental del Decreto-ley.

Algunos de estos Decretos-ley no tienen carácter económico directo, aunque sí una trascendencia fundamental en el control de las instituciones por el Gobierno, como ha sucedido con el Real Decreto-ley 4/2018, de 22 de junio, por el que se concreta, con carácter urgente, el régimen jurídico aplicable a la designación del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y de su presidente. Atendiendo a la importancia de la materia principal que se legisla, 32 son de carácter laboral. Así, por esta técnica legislativa se ha establecido un nuevo sistema de cotización para los autónomos y la protección por cese de actividad; se ha adaptado el régimen de la relación laboral de carácter especial de las personas dedicadas a las actividades artísticas o se han adoptan medidas para la reducción de la brecha de género.