Programa electoral en materia de vivienda
En el año que estamos empezando se van a celebrar elecciones municipales, autonómicas, y, por último, elecciones generales a finales del 2023. Aunque las competencias están repartidas entre Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y el Estado, en este texto vamos a recoger una serie de medidas en materia de vivienda, incluyendo todas aquellas especialmente importantes que se deberían estudiar y plantear por los distintos partidos políticos en el periodo electoral al que estamos abocados.
I. Una reforma en profundidad de la Administración General del Estado. En este sentido existe un anteproyecto de Ley de la Función Pública que en el momento actual está en información pública, el cual recoge importantes novedades cómo son crear la figura del “directivo público”, hacer cursos para que los funcionarios puedan estar actualizados en todas aquellas materias referentes a su puesto de trabajo y, sobre todo, fomentar la eficiencia en el puesto laboral.
II. Un nuevo diseño de las figuras de planeamiento urbanístico. Habría que apostar por dos líneas de trabajo. En primer lugar, al diseñar unos planes generales estandarizados donde se fijen áreas en las que se pueda edificar simplemente con la concesión de una licencia urbanística.
En este caso suprimiría todas aquellas figuras intermedias de planeamiento, que lo que hacen es retrasar el inicio de las obras. Así, el control de la legalidad urbanística se haría directamente con la presentación de la licencia de obras mediante declaración responsable.
III. Esto sería perfectamente compatible con la creación de proyectos de singular interés o proyectos prioritarios que tengan un carácter supra comunitario, y que dada su importancia sea la propia Comunidad Autónoma la que tenga que aprobarlos.
De esta manera conseguiríamos dos resultados importantes: por un lado, una mayor agilidad en la gestión de grandes proyectos urbanísticos y, por otro, tener un mayor control y certeza sobre la dinámica sociológica de aquellos ámbitos en los que se va a generar este tipo de proyectos. Un claro ejemplo de esta política es la legislación urbanística de Castilla-La Mancha. También, a finales del año pasado, la Ley Ómnibus que aprobó la Comunidad de Madrid recogió estas figuras jurídicas de planeamiento.
IV. A su vez es importante definir los sistemas de gestión urbanísticos que se van a implementar en cada uno de los ámbitos de actuación de las ciudades. Al margen del sistema de compensación y de sistema de expropiación, clásicos desde hace muchos años en nuestro país, es importante permitir en la legislación autonómica la posibilidad del agente urbanizador y, recientemente, del agente edificador.
En este sentido Asturias en noviembre del año pasado recogió una figura realmente novedosa cómo es la reparcelación mediante la declaración de Propiedad Horizontal.
V. Íntimamente ligado con las últimas líneas del párrafo anterior, tenemos que hablar de la rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Es uno de nuestros grandes retos para mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades. Hay que abrir espacios verdes, hay que potenciar el vehículo eléctrico, y para eso es imprescindible que los puntos de energía eléctrica recargables sean algo normal en nuestras ciudades, no podemos pedir coches eléctricos y que sea un auténtico calvario encontrar un punto de recarga.
También tenemos que flexibilizar toda aquella normativa urbanística que permita la rehabilitación en aquellos ámbitos que son solares baldíos. La Ley de la Comunidad de Madrid de finales del año pasado ha permitido que se pueda construir viviendas residenciales en aquellos suelos dotacionales que no tengan especial uso.
Dentro de esta política de apoyo a la rehabilitación tenemos que apoyarnos en los fondos europeos, y debería plantearse un PERTE (proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica) a nivel autonómico por parte de cada una de nuestras comunidades autónomas para implementar la regeneración y renovación urbana, erradicando el chabolismo horizontal y vertical, e intentando que cada ciudadano tenga una vivienda digna.
VI. En cuanto a la política del alquiler de viviendas, creo que se debe fomentar la colaboración público-privada para generar un número importante de viviendas en alquiler, que sea suficiente para que no tengamos que estar con limitaciones o restricciones en la política de precios y en las actualizaciones de rentas. Si potenciamos la vivienda en alquiler conseguiremos que todos nuestros jóvenes tengan acceso a una vivienda digna. Creo que es un error pivotar toda la política de vivienda en alquiler en lo público, los costes de mantenimiento de ese tipo de viviendas recaen siempre en el gestor público, y el desahucio por falta de pago sería mucho más difícil de ejecutar en el caso de que el propietario sea un ente público.
Habría que articular una bolsa de viviendas a disposición de los juzgados para que en aquellos casos de situaciones vulnerables o de emergencia habitacional los arrendatarios tengan acceso a una vivienda para poder continuar viviendo hasta que recuperen una situación económica sostenible.
VII. Por último, quiero apuntar alguna tipología en materia de vivienda que está cogiendo fuerza en este momento, cómo es el coliving (el coworking inmobiliario), la hipoteca inversa, e incluso la anticresis.
Espero que esta sea una legislatura con grandes avances en materia de vivienda en beneficio de todos los ciudadanos de España y de Europa.