Nuevo procedimiento para la reclamación de consumidores
El anteproyecto prevé modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil, con un nuevo título en el que se definen las acciones de representación y la posibilidad de llegar a un acuerdo en el proceso judicial.
El Ministerio de Justicia ha presentado el Anteproyecto de Ley (APL) de Acción de Representación para la Protección de los Intereses Colectivos de los Consumidores con esta futura ley se trata de solventar la situación de debilidad del consumidor ante las posibles prácticas ilícitas por parte de los empresarios, ya que, si acude a la vía judicial, en la mayor parte de los casos hay una desproporción entre los gastos que conllevan los procedimientos respecto a las cantidades que recupera.
La futura Ley transpondrá la Directiva (UE) 2020/1828, de 25 de noviembre de 2020, sobre acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores y mejorar la eficacia de la acción colectiva de los consumidores. Con la Directiva se busca suministrar a los consumidores los instrumentos necesarios para ejercer sus derechos y obtener una compensación mediante un modelo de reclamaciones común a los Estados UE.
Se ha optado por introducir un procedimiento especial, dentro del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que aborde, de forma sistemática, todas las reglas procesales que requiere el tratamiento normativo adecuado de las acciones de representación. Con esta norma, además, se modificará el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, definiendo qué entidades se consideran habilitadas para el ejercicio de las acciones de representación.
En cuanto a las asociaciones de consumidores y usuarios, se opta por exigir para su designación como entidades habilitadas los mismos criterios, ya se trate del ejercicio de acciones de representación nacionales, o de carácter transfronterizo, estableciéndose un nuevo procedimiento para la habilitación o su revocación, identificándose las autoridades competentes para llevarlo a cabo, al tiempo que se designa al Ministerio de Consumo como punto. Y finalmente, se creará un Registro Público de Acciones de Representación, para conocer las que estén en marcha y sus posibles beneficiarios.