Hacienda adapta la lista de paraísos fiscales a los nuevos criterios de la UE
Un total de 24 países y territorios componen el nuevo listado de jurisdicciones no cooperativas elaborado por Hacienda, seis de ellas son de nueva adscripción y 15 la abandonan.
B arbados, Guam, Palaos, Samoa Americana, Trinidad y Tobago y Samoa, por lo que respecta al régimen fiscal perjudicial (offshore business) se han incorporado a la lista de jurisdicciones no cooperativas, nueva denominación que OCDE y Unión Europea (UE) dan a los paraísos fiscales. En la lista se mantienen otras jurisdicciones que ya estaban incluidas, como es el caso de Anguila, Emirato del Estado de Bahréin, Bermuda, Dominica, Fiji, Gibraltar, Guernsey, Isla de Man, Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas Marianas, Islas Salomón, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de Estados Unidos de América, Jersey, Seychelles y Vanuatu. Igualmente, salen de la lista Antigua y Barbuda, Brunei, Granada, Islas Cook, Jordania, Líbano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Mauricio, Mónaco, Montserrat, Nauru, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía.
Así consta en el anteproyecto de Orden Ministerial que actualmente se encuentra en fase de información pública y que establece los países, territorios y regímenes fiscales perjudiciales que tienen la consideración de jurisdicción no cooperativa. El concepto de jurisdicción no cooperativa se adecúa a los nuevos parámetros internacionales, y se alinea a los trabajos desarrollados en el seno de la UE y en la OCDE. Esta lista no coincide plenamente con la de la UE porque los criterios de equidad y transparencia fiscal españoles no coinciden plenamente con los fijados por la UE. La UE no recoge el cumplimiento de un intercambio efectivo de información tributaria y la existencia de baja o nula tributación. La UE distingue dos listas (lista negra y lista gris) y en España todos los países están en una única lista.
La recaudación aportada por las seis jurisdicciones que se incorporan al listado totalizó 0,4 millones de euros en 2018, 0,7 millones de euros en 2019 y 0,6 millones de euros en 2020 y 2021, mientras que la aportación conjunta de los 15 territorios que salen fue de 4,5 millones de euros en 2018, 3,1 millones de euros en 2019, 1,8 millones de euros en 2020 y 3,9 millones de euros en 2021. El valor de las participaciones de inversores residentes en estas jurisdicciones en empresas domiciliadas en España en cada uno de los años entre 2018 y 2020 se situó entre 600 y 900 millones de euros, lo que supone entre el 0,1% y el 0,2% del valor total de las participaciones de estos inversores fuera de su territorio de residencia.