La simulación de la sostenibilidad tiene castigo económico

El Consejo General de Economistas (CGE) ha advertido de que el greenwashing, ecopostureo o ecoblanqueo, no solo confunde a los consumidores mediante falsas prácticas medioambientales, sino que inhabilita a las entidades y empresas que lo practican para que puedan acceder a los fondos Next Generation, y les resta credibilidad social, entre otros graves inconvenientes”.

Para los economistas, “todo proyecto e inversión sostenible debe cumplir unos estándares”. Con este fin, el Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas ha realizado un trabajo titulado Visión general de la taxonomía en relación a la información no financiera y/o en materia de sostenibilidad, que pondrá a disposición de todas las empresas y entidades de nuestro país. Este estudio -el primero realizado en España con un análisis adicional real como método del caso- ayuda a definir una metodología que permite clarificar qué proyectos e inversiones pueden considerarse realmente sostenibles, o no, de acuerdo con la normativa actual.

Situación desproporcionada

El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha denunciado que “el aparente aluvión de empresas y entidades supuestamente sostenibles es absolutamente desproporcionado e irreal, ya que, según datos de la Red Española del Pacto Mundial, solo un 14% de las empresas españolas cuentan con una estrategia de finanzas o inversión sostenible”. Según Pich, “utilizar la sostenibilidad únicamente como una herramienta de marketing sin que detrás haya ningún contenido real es una práctica ciertamente poco ética, y para evitarlo es fundamental que todo proyecto o inversión sostenible esté estandarizado y clasificado de acuerdo con la normativa, lo que ayudará a discernir entre aquellos proyectos que son realmente sostenibles y aquellos que solo lo aparentan”.

El Servicio de Estudios del CGE ha realizado el trabajo Visión general de la taxonomía en relación a la información no financiera y/o en materia de sostenibilidad, que ha puesto a disposición de todas las empresas y entidades de nuestro país.

Según Beatriz Aibar, profesora de la Universidad de Santiago de Compostela, “el Reglamento 2020/852/EU o Reglamento de Taxonomía se considera la columna vertebral del paquete de finanzas verdes de la Unión Europea. Su principal objetivo es el de reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles y para ello se desarrolla un sistema de clasificación de las actividades económicas de forma que las empresas, los inversores y los responsables políticos puedan identificar con base en criterios técnicos, medibles y cuantificables qué actividades económicas se consideran ambientalmente sostenibles y cuáles no. Las empresas pueden utilizar los criterios de la Taxonomía como punto de referencia para planear su transición verde y obtener fondos para financiar esta transición”.

Informaciones de la cadena de valor

Para Isabel García, profesora de la Universidad de Salamanca“ desde el punto de vista normativo, el alcance de la Taxonomía afectaría principalmente a las grandes empresas. Si bien, las empresas de cualquier tamaño, incluidas las pymes, e incluso otras organizaciones y entidades pueden obtener beneficios al utilizar la Taxonomía de la UE para explicar a los inversores o partes interesadas en general si llevan a cabo actividades ecológicas alineadas con la Taxonomía. Además, aunque las pymes y otras entidades no estén incluidas directamente dentro del ámbito legal de aplicación de la normativa, sí que se les requiere a menudo información al respecto de forma indirecta, por ejemplo, por estar en la cadena de valor de una empresa grande que sí está obligada, o para solicitar financiación o para acceder a diferentes negocios o actividades”.