Alfonso García Moncó, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Alcalá de Henares: “La primera lección de las crisis pasadas es que no hay que subir los impuestos sino bajarlos”

¿Qué lecciones nos han dejado las crisis?

La primera lección que podríamos sacar es que en época de crisis hay que bajar los impuestos y no subirlos. Es una de las conclusiones que con esta investigación me han quedado más claras. La reducción de los tributos fomenta la recaudación de una forma sana. La recaudación en la actualidad está creciendo, pero como consecuencia de la inflación, lo cual no parece muy acertado en un contexto de crisis. Este aumento se ha debido al IVA, por el efecto de la inflación en la tarifa del IRPF. Así, se produce un incremento de recaudación, pero es negativo. No se trata de una opinión sin más, sino de un trabajo cualitativo y cuantitativo sobre datos y situaciones.

¿Cómo debería crecer la recaudación?

Le doy mucha importancia a la gestión. Por ejemplo, puede aumentar la recaudación aumentando la plantilla de la Agencia Tributaria. Las previsiones hablan de que en los próximos cinco años se reducirá la plantilla en un 25% por el gran número de funcionarios que se jubilarán. Además, se debería crear una carrera administrativa basada en el concurso de méritos y no en otro tipo de decisiones. Esta medida aumentaría la recaudación de forma efectiva. Y, luego, habría que abordar otras medidas sobre el gasto. En definitiva, la recaudación debe aumentar para que crezcan las bases imponibles, la actividad económica, y no los tipos de gravamen.

¿Qué otras líneas favorecen la recaudación?

Algunas están en el Plan de Control Tributario, como el mayor control de las criptomonedas, el teletrabajo y otros sectores sobre los que hay poco control tributario. Los dos mayores problemas, sin lugar a dudas, son los paraísos fiscales y la personalidad jurídica de las sociedades. Los informes de la Airef sobre estos asuntos son muy buenos. Las cifras extraoficiales hablan de que se pierden cada año en torno a 60.000 millones de euros.

¿Esto favorecería a los autónomos?

Creo que hay una serie de medidas, sin necesidad de molestar a los autónomos, a los que se molesta mucho para lo que se recauda, referidas a la lucha contra el fraude y la evasión fiscal que pueden ayudar a recaudar, bajando incluso los impuestos. Esto supone reforzar la Inspección, que es la que se investiga. Y, es de destacar el importante papel que ha cumplido el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), que ha logrado más que toda la actividad que realizan órganos de investigación de las Administraciones Públicas. Pandora Papers, Paradise Papers o FinCEN Files han abierto posibilidades para obtener recaudación de personas de gran capacidad económica. Cuando se hace mucha investigación de verdad, sí que se obtiene mucha recaudación. En el asunto del HSBC se sacaron 260 millones de euros mediante esa investigación, sin molestar a los autónomos ni subir impuestos.

¿Qué efecto tienen los nuevos impuestos?

Creo que están mal configurados, van a dar muchos problemas y acabarán en el Constitucional porque no se respeta el principio de capacidad económica. Hay un informe muy bueno del ex presidente del TC, Álvaro Rodríguez Bereijo, sobre el Impuesto a la Banca en el que llega a esta conclusión, porque recae sobre la facturación y aunque una entidad esté en crisis se seguiría recaudando igual, porque recae sobre el volumen de ventas, aunque no haya una renta positiva. También, la Plusvalía Municipal adolece de este mismo problema. No sé cuál será el resultado, pero la factura técnica es muy mala y resuelve muy poco, porque al final el gravamen terminará cayendo sobre los clientes de la banca, así lo ha reconocido, incluso el Banco Central Europeo (BCE), porque no hay nada que lo impida. Esta situación afectará al crédito y a la recuperación económica.

¿Qué papel juega el gasto público?

Como paso previo a cualquier reforma fiscal es hacer un ajuste en el gasto público. No me refiero al gasto social, sino a todo el gasto ineficaz, al que se produce como consecuencia de la concurrencia de Administraciones. No se mide la eficacia del gasto de acuerdo con los objetivos. No existe un inventario de todas las subvenciones que conceden las Administraciones Públicas, lo que daría sorpresas. Hay inflación de altos cargos y consejeros. Es necesario un control de eficacia. Hay oficinas alquiladas a altos precios cuando hay inmuebles desocupados. Estos ajustes nos permitirían disponer de dinero, sin subir impuestos, tanto de gasto social como de inversión. Y hay que racionalizar el sector público, que no funciona de una forma coordinada. Y tener en cuenta que la próxima crisis vendrá por la deuda. Tenemos una deuda monstruosa, que ha llegado durante la pandemia al 125% del PIB frente a un 60% cuando se firmó el tratado de Maastricht. Esa deuda, con la subida de los tipos de interés, si no la controlamos va a producir otra crisis. En el libro yo propongo emitir una deuda pública especial ante la gravedad de la situación y renegociar la deuda.

¿La financiación de las CCAA es tabú?

Entiendo que no es fácil recortar este gasto superfluo porque es consecuencia, en buena parte, de la hiperrepresentación que tienen las CCAA, que han ido desarrollando una estructura paralela a la del Estado. Así, se transfieren las competencias de sanidad o vivienda, pero hay un Ministerio del ramo. Este ajuste, además del factor económico tiene también un importante elemento de legitimación del sistema. Por ejemplo, el Instituto de Estudios Económico dice que se podrían ahorrar 60.000 millones de euros, aunque si se puede reducir un poco, ya es importante. La Airef ya está haciendo estudios sobre la eficacia del gasto en algunos sectores. Hay que reordenar las competencias para acabar con las solapadas y con las impropias de los Ayuntamientos, porque todo esto supone una dinámica creciente de gasto.

¿Y la planificación financiera?

Es fundamental hacer una planificación del sistema financiero. Es necesario incluir en la Constitución y en Leyes Orgánicas estabilizadores automáticos para evitar que las crisis se sigan produciendo de la misma forma. Soy partidario de incluir el Fondo de Contingencia de la Seguridad Social y blindarle para tratar de estabilizar las cuentas, porque ahora está el déficit disparado. Hay 12.000 millones al mes y 14.000 millones cuando hay paga extraordinaria que se financian con déficit. Habría que hacer que la Seguridad Social haga aportaciones a ese fondo con la financiación que sea necesaria, pero esos son los fondos que nos va a permitir en caso de una nueva crisis económica afrontar la descompensación de las cuentas de la Seguridad Social.

¿Y qué hay de los fondos europeos?

Los Next Generation son 142.000 millones de euros, pero, aunque una parte es a fondo perdido, otra buena parte hay que devolverla. El gran problema es el marco jurídico que se le ha dado a ese proceso y, sobre todo, a la ejecución que se está haciendo de ellos. Creo que no hay el suficiente control ni tampoco de eficacia. Hasta el momento no conocemos la liquidación parcial de su empleo y hay que conseguir que al final haya una liquidación completa de como se ha ejecutado el gasto y cual ha sido su eficacia. Este es otro estabilizador, porque si en la próxima crisis nos volvemos a encontrar con una necesidad de financiación nos van a argumentar que al principio el reparto de los fondos fue un caos, porque el Ministerio no tenía ni personal para afrontar el proceso.

¿Y el desempleo?

El desempleo es nuestro gran desestabilizador y son necesarias medidas fiscales que ayuden a crearlo. La deducción por creación de empleo del Impuesto sobre Sociedades habría que mejorarla y ampliarla. Habría que quitar en los módulos de la Estimación Objetiva el referido al personal contratado para que el empresario, cuando contrata no tenga en cuenta lo que le cuesta el módulo. Aunque este sistema es voluntario, yo entiendo que para el empresario es un desincentivo.