Rigor fiscal

Permítanme que les transmita mi preocupación por la falta de rigor con la que algunos políticos hablan de cuestiones tributarias. Preocupación, porque la fiscalidad es, ante todo, un ejercicio de solidaridad y no un instrumento populista en manos de Robin Hood. En efecto; una de las razones para crear el impuesto a las eléctricas es que quienes han de sufragar el coste de las ayudas por la inflación, son quienes más se benefician de la misma. Dialécticamente, impecable. Tanto, que hasta lo suscribo. Se olvida, sin embargo, que la fiscalidad no es una cuestión de nombres.

La fiscalidad es solidaridad innominada. Nos afecta a todos, y todos hemos de contribuir de acuerdo con nuestra capacidad económica (principios de generalidad e igualdad). Se dirá, y es cierto, que el sector eléctrico se ha visto agraciado por unos beneficios extraordinarios obtenidos sin bajar del autocar. Beneficios que no provienen de ninguna inversión o decisión estratégica. Es cierto. ¿Y qué? ¿No pagan ya impuesto sobre sociedades?

Por otra parte, cuando se pone nombre a quien se beneficia de la inflación, se olvida, normalmente, al Estado, que es otro importante beneficiario del maná caído del cielo. Pero no quiero caer yo en el populismo.

La inflación afecta a todos, pero no todos la sufrimos por igual. Sea como fuere, es un problema de todos. Por su parte, es innegable que hay que ayudar a quienes más la sufren. Siendo esta incuestionable, es obvio que quienes más se han de apretar el cinturón son quienes más tienen. Por tanto, el esfuerzo se ha de exigir a ese colectivo innominado y no a unos contribuyentes nominalizados.

En este contexto, conviene recordar que la distribución efectiva de nuestra progresividad deja mucho que desear. Se trata, pues, de focalizar el esfuerzo en quienes más tienen y, por tanto, en quienes menos sufren los efectos negativos de la inflación. En este sentido, y como ya he dicho en otro lugar, hay que valorar la posibilidad de introducir progresividad en el Impuesto sobre Sociedades. Aunque parezca lo contrario, esto no es lo mismo que crear un impuesto ad hoc. Conscientes de las dificultades de justificación constitucional (art. 31 CE), se ha elegido además una puerta falsa, la de las prestaciones patrimoniales no tributarias, pensada para otros supuestos.

Se trata, pues, de un tema constitucional, al margen de la lógica del planteamiento dialéctico. En definitiva, no todo vale.

En cualquier caso, antes de implantar un nuevo impuesto es necesario, primero, cuantificar y justificar las ayudas, y, segundo, ver si el Estado tiene o no recursos suficientes para sufragarlas.

Lo que no se puede pretender es que este se apropie del maná caído del cielo, y que, además, solicite un esfuerzo adicional; esfuerzo, por tanto, que se ha de ceñir al importe que exceda del efecto neto derivado de la inflación (mayores ingresos y gastos) con relación al coste de las ayudas.

No hay que olvidar, tampoco, que mientras las empresas eléctricas y sus accionistas han de pagar impuestos por ese maná, el beneficio para el Estado es íntegro.

Sea como fuere, miremos primero si tenemos recursos suficientes, y después, y solo después, centrémonos en el esfuerzo.

No entro ya en que para exigirlo hay que estar legitimado. Y legitimidad, es ejemplaridad. Ejemplaridad, entre otros, en el gasto. ¿Qué se ha hecho al respecto? Lo lamentable es que esa falta de rigor es una constante.

Otro ejemplo. La rebaja del IVA del gas. Se trata, para mí, de un ejercicio de insolidaridad fiscal, ya que beneficia más a quienes más tienen, que son quienes más consumen, y porque no tiene en cuenta el nivel de riqueza de los contribuyentes. El IVA, no lo olvidemos, es un impuesto regresivo.

Es cierto que bajar el IVA beneficia a todos. Pero también lo es que hacerlo no soluciona el problema, siempre, claro está, que el objetivo sea ayudar a los vulnerables. Bajarlo minimiza, pues, las consecuencias de la inflación, pero aumenta la desigualdad.

Es pues necesario poner el acento en medidas progresivas y selectivas de gasto; medidas, por cierto, que contribuyen mucho mejor a reducir la desigualdad.

La solución no es, pues, bajar los impuestos, sino, insisto, aplicar medidas progresivas y selectivas, sin excluir a ningún colectivo, en particular, a las empresas y trabajadores autónomos vulnerables.

Ello no nos puede hacer olvidar que el principal esfuerzo no se ha de centrar en paliar las consecuencias, sino en solucionar el problema, con la agravante, eso sí, de que este trasciende nuestras fronteras. Solución que exige coger el toro por los cuernos y adentrarse en las entrañas de la regulación del precio de las energéticas, además, claro está, de un necesario pacto social fruto del diálogo y del consenso, y no de la matemática parlamentaria.

Pero no seamos ingenuos. La vaca no puede dar mucha más leche. Los granjeros están exhaustos y temerosos ante el futuro que les depara; por soportar plaga tras plaga. Es, pues, imprescindible animarlos; darles confianza y seguridad. Hay, pues, que trabajar juntos por un proyecto que les motive y les permita crear riqueza. Repartirla es fácil. Crearla es mucho más difícil.

Que yo intuya, estamos tan solo repartiendo la riqueza. Son, pues, necesarias propuestas para la creación de riqueza. Seamos rigurosos, por favor.