Reforma fiscal exprés: cuando la ideología se antepone al interés general
En diferentes artículos publicados con anterioridad hemos tratado la cuestión, no menor, de si habría o no reforma fiscal en España al final de legislatura y, fiándonos de las afirmaciones de la ministra Montero, llegamos a la conclusión, hace no muchas semanas, de que el Gobierno descartaba una reforma fiscal dada la delicada situación económica y de incertidumbre existente a nivel nacional y global. El informe de expertos, se guardaba en un cajón y se optaba por una prudencia que, en su momento, alabamos.
La realidad hoy es bien distinta y sin duda muy preocupante, pero si analizamos el aparente detonante de este cambio de postura, la situación, sin dejar de ser muy preocupante es, además, lamentable.
Cuando podíamos pensar que la negativa categórica del Gobierno a deflactar tarifas del IRPF y a hacer adaptaciones temporales de los tipos de IVA en productos básicos, para neutralizar de alguna manera el efecto de la inflación en las rentas medias y bajas (la mayoría), era su “opción y decisión” para mantener un incremento de recaudación y poder seguir atendiendo el disparatado gasto público, el anuncio, más que razonable, de deflactar tarifas (en el tramo autonómico) realizado por alguna comunidad autónoma, como Madrid y Andalucía, a las que se han sumado, posteriormente, otras de otro signo político, aparece como el “detonante” o el “pretexto” para poner sobre la mesa una reforma impositiva ideologizada.
Esta reforma exprimirá aún más a las clases medias, ahuyentará la inversión, provocará la deslocalización de patrimonios, no impedirá el cierre de empresas en situación delicada, ni abaratará los productos básicos de la cesta de la compra, pero, eso sí, incrementara aún más la recaudación en 2023 y 2024 para poder seguir con la estrategia de subsidiar y subvencionar a una buena parte del tejido social español, sin duda esperando recoger su agradecimiento en forma de votos.
Sin perjuicio de que hay que esperar a ver la redacción final de esta “reforma” para analizarla con rigor, se puede anticipar que “la estrella” de la misma parece ser el “impuesto a las grandes fortunas”, o lo que es lo mismo, un segundo impuesto sobre el patrimonio para aquellos que tienen patrimonios superiores a tres millones de euros, o como se ha dicho, “riqueza neta” (veremos qué significa esto y si es lo mismo que “patrimonio neto”) superior a dicho importe.
Visto así, es evidente que esta nueva figura impositiva es una clara reacción, ante las decisiones tomadas por la inmensa mayoría del las CCAA y, consecuentemente, creemos que una figura de base ideológica, improvisada, poco madurada desde el punto de vista de sus consecuencias económicas y también desde el punto de vista del marco jurídico-fiscal y constitucional.
Y es que, si lo que se pretende gravar es el patrimonio (llámese como se llame la nueva norma), este ya tiene un régimen jurídico-fiscal en España, como tributo estatal cedido a las CCAA, que gozan de competencias para su gestión y para regular el mínimo exento, el tipo de gravamen y las deducciones y bonificaciones en cuota. Forma parte, además, de su sistema de financiación y de la “parcela de soberanía fiscal” que el Estado cedió a las mismas.
Desde este punto de vista, “un segundo impuesto” pensado para adicionar un gravamen al ya existente y/o para “neutralizar” las bonificaciones acordadas por las CCAA para el impuesto actualmente vigente, en virtud de sus competencias y soberanía fiscal normativamente reconocida, a mi juicio vendría a ser contrario a las normas generales básicas de nuestra Ley General Tributaria.
También sería contrario o incompatible con la definición del hecho imponible en nuestra vigente Ley de Patrimonio (no se puede gravar un mismo hecho imponible, el patrimonio neto, de dos maneras diferentes) y muy probablemente inconstitucional, por atentar contra sistema vigente de cesión de tributos (LOFCA) , contra la soberanía fiscal de las CCAA y, porque la suma de los “dos tributos”, nos llevaría a un impuesto confiscatorio, especialmente en el caso de los patrimonios improductivos o de escasa rentabilidad que se verían obligados a ir vendiéndolos poco a poco para poder pagar el nuevo impuesto al no contar con ingresos suficientes para afrontarlo.
En definitiva, estamos ante el nacimiento de una gran chapuza fiscal, para recaudar, según la ministra de Hacienda, 1.500 millones euros, que nuevamente va en contra de la clase media española y en nada ayuda a la mejora de la situación económica de nuestro país.
España, que aun contaba con un obsoleto Impuesto sobre el Patrimonio, eliminado ya de toda la Unión Europea y neutralizado por algunas CCAA, parece que en el 2023 contará con un segundo impuesto, “de solidaridad para las grandes fortunas” que estará muy lejos de ser solidario con los verdaderamente desfavorecidos, con la mayoría de la sociedad y con el tejido productivo español. Sera un impuesto, eso sí, sin duda solidario con el actual Gobierno y con sus objetivos ideológicos de avanzar hacia una sociedad cada día más dependiente del Estado.
Mientras, miramos con envidia sana como otros Gobiernos, “también sociales y de la gente”, como aquí les gusta llamarse, se desmarcan de medidas populistas y optan por promover alivios fiscales para todas las rentas, deflactando las tarifas del IRPF, reducen las tarifas del Impuesto de Sociedades de las pymes hasta el 17% y suscriben un pacto de rentas, garantía de estabilidad y de fiabilidad económica.
Me refiero hoy a Portugal, que tampoco tiene Impuesto sobre el Patrimonio y podría llegar a ser el gran beneficiario de la “reforma fiscal” de la ministra Montero.