Perseguir a los ricos y elevar la deuda pública
Un ejercicio más, la consultora PwC ha publicado su informe sobre la tributación de las empresas del IBEX. Este año cobra una especial importancia ante el debate abierto por el Gobierno en torno a la tributación de las grandes empresas y de las grandes fortunas y patrimonios. Nuevamente, los datos muestran lo errados que están quienes piensan que la gran empresa paga pocos impuestos, una idea que viene fundamentalmente de la información incompleta y de los datos en demasiadas ocasiones sesgados utilizados para alimentar determinados discursos.
En esta ocasión, la contribución tributaria de las compañías del selectivo alcanza el 41% sobre los beneficios. Las entidades soportan una imposición de 14.311 millones de euros en España, sin contar los otros 23.406 millones que recaudan. A estos datos habría que sumar los gastos que la gestión impositiva y de la Seguridad Social, cada vez más extensiva, supone para estos grupos de sociedades. El informe nos muestra también, que la gran empresa contribuye con mucho más que el simple Impuesto sobre Sociedades. Con inflación elevada y tipos al alza, solo nos faltaba afrontar de nuevo una crisis de deuda pública y de prima de riesgo. Las últimas crisis económicas han mostrado que el sistema fiscal necesita una renovación sustancial y que no se pueden seguir poniendo parches y aprobando normativas que no dejan de ser ocurrencias cargadas de ideología, mal redactadas, que generan inseguridad jurídica, que desbordan la doble tributación y que retraen la inversión nacional y extranjera. Dos buenos ejemplos de ello, son el impuesto sobre la riqueza y el del Patrimonio.
Perseguir a los ricos para recaudar más es espantar a los inversores. Es preciso destacar, como se ha puesto de relieve en una reciente jornada del Consejo de Economistas, que los fiscalistas coinciden en que es necesario repensar el papel de la tributación sobre la riqueza y del Impuesto sobre el Patrimonio. La nueva figura fiscal para dos años y prorrogable si no acaba la guerra de Ucrania, aplicada para el 1% de los contribuyentes, empezará a gravar a partir de enero del siguiente ejercicio presupuestario. No se puede seguir ignorando la necesidad de abordar la reforma de la financiación de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, porque el modelo está agotado y genera constantes ineficiencias en el sistema. Y la del IRPF, que sería el mejor instrumento, junto con otras figuras ya existentes para hacerlo.
Cuando desde el Gobierno insisten en que la presión fiscal en España es baja, no mienten, pero ocultan que el esfuerzo fiscal, que es el que afecta realmente a los contribuyentes es mucho más elevado. Cifrar la recaudación en quienes tienen la posibilidad de no invertir en España, máxime teniendo en cuenta las facilidades que dan otros Estados, como por ejemplo, Portugal, es como dicen los castizos “para hacérselo mirar”.