La historia interminable

Michel Ende escribió en el siglo XX un libro titulado La historia interminable. Me viene a colación el título del libro al objeto de la tribuna del día de hoy. El libro está dividido en dos partes claramente diferenciadas: la primera parte transcurre en el reino de la fantasía y la segunda parte en el mundo real.

En el mundo real, el protagonista sufre bullying en el colegio y se refugia en un misterioso libro en el que se sumerge de tal manera que acaba siendo parte de su historia: una historia sobre la lucha entre la nada y el ser.

Hemos pasado una pandemia que parece toca a su fin. Como consecuencia de esta pandemia se produce una crisis económica mundial que, junto a la desagradable y triste guerra de Rusia y Ucrania, ha valido para que Europa se movilice con los fondos europeos next generation.

En teoría estos fondos, o al menos buena parte de ellos, están destinados a la rehabilitación, regeneración y renovación urbana de las ciudades y pueblos de nuestro país.

Hoy voy a tratar un tema histórico, en relación a lo anterior, y es que podría perfectamente Michael Ende recoger en su primera parte de la historia -la fantástica- algo así como: “que desde mediados de los años 90 se han destinado millones de pesetas y de euros para la rehabilitación integral de los cascos históricos de las ciudades en nuestro país”. Por experiencia propia puedo decir que ha sido un auténtico fracaso.

Es evidente que actualmente nos encontramos en una situación muy parecida, un mundo fantástico en el que los fondos next generation se presentan como la panacea, como una solución integral para la rehabilitación de los cascos históricos de nuestras ciudades.

Así, distintas comunidades autónomas han redactado y publicado leyes y normativas para implementar el gasto de estos fondos europeos en este cometido, pero luego -ojalá me equivoque-, llegaremos al mundo real. Una realidad que Ende describe como “el viaje de Bastian (el protagonista) por este mundo real y cómo lo va reconstruyendo a partir de su imaginación”.

Tenemos que reconstruir a partir de realidades y no de imaginarios; resulta necesario modificar en un paquete legislativo importantes normas que permitan adecuar la situación actual, con la posibilidad de aplicar con agilidad, eficacia, soltura y rapidez los fondos europeos en beneficio de la ciudad y de los ciudadanos.

Para ello resultaría necesario modificar tanto la Ley de Propiedad Horizontal como la Ley hipotecaria, además del Reglamento 93/97 de Inscripciones Urbanísticas en el Registro de la Propiedad y del Texto Refundido de la Ley del Suelo de octubre del 2015.

Y, por último, tendríamos que visualizar un momento histórico en nuestro urbanismo y poner en valor la figura del agente urbanizador, creada en la Comunidad Valenciana en 1994, dado que supuso un antes y un después del urbanismo en nuestro país: promovió la bajada de los precios, y permitió que no hubiese terrenos sin construir porque podía aparecer un tercero y presentar un programa urbanizador.

Que se creen espacios de dotación como zonas verdes, que se reduzcan algunos ámbitos colmatados por la edificabilidad, que se abran “patios azules” -así se conocía en el Plan General de Madrid a los espacios dotacionales-... esto es lo que considero, y reclamo, para que la política de nuestro país pueda seguir adelante con éxito y no sea únicamente una “lavada de fachadas”.

Para poder ejecutar todo lo anterior es imprescindible la intervención del gestor público, dado que es el único que tiene capacidad para acometer aquellos realojos necesarios para que esta política de rehabilitación pueda dar frutos en nuestro país. Y, no olvidemos, también es esencial apostar en firme por el agente rehabilitador.

A pesar de todo lo mencionado, no podemos olvidar que en España un 36% de la población considera que el índice de reputación de nuestro sector inmobiliario es muy bueno o bueno, y un 37% lo considera regular. Es decir, frente a casi un 80% de personas que valoran positivamente el sector inmobiliario en nuestro país, nos encontramos únicamente un 8% de personas que creen que nuestra política y actuación en el sector inmobiliario en los últimos años ha sido mala.

Si realizamos un análisis por regiones, la Costa del Sol es la zona que tiene una mayor valoración positiva en la actuación del sector inmobiliario en los últimos años; por su parte, un 43% de la población de Andalucía entiende que la actuación inmobiliaria ha sido correcta; en Madrid el porcentaje de la población se reduce a un 28% y, curiosamente, Cataluña es la región más crítica con el papel del sector inmobiliario: tan solo un 18% lo valora de forma positiva.

Es importante que tengamos esto en cuenta a la hora de valorar la recuperación económica de nuestro país, ya que somos un Estado de construcción de vivienda y de obra pública. A pesar de que nos encontremos con una valoración media positiva del sector, no podemos tolerar que existan regiones con una valoración tan deficiente.

No puedo sino insistir en que resulta del todo necesario implementar medidas legislativas fiscales para que consigamos que el sector inmobiliario siga siendo la locomotora de nuestro país, y que permitan que en el 2023, 2024 y 2025 el Producto Interior Bruto siga creciendo en términos positivos.